Renfe ha puesto en marcha una nueva licitación para contratar los servicios de vigilancia y seguridad del Grupo Renfe, un contrato con un presupuesto de 95,55 millones de euros, IVA excluido, y un valor estimado de 297,23 millones de euros. El expediente, identificado con el número 2026-04091, ha sido promovido por la Dirección General Económico-Financiera de Renfe-Operadora.
las empresas interesadas disponen hasta el 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas para presentar sus ofertas. El contrato está clasificado dentro de los servicios de seguridad, con el código CPV 79710000.
Un contrato estratégico para la protección del Grupo Renfe
La licitación tiene como objetivo garantizar la protección de los bienes, instalaciones y activos del Grupo Renfe, en un contexto en el que la seguridad de las infraestructuras ferroviarias se ha convertido en un elemento cada vez más relevante tanto para asegurar la continuidad de la explotación como para proteger a trabajadores, viajeros y patrimonio empresarial.
El alcance de este tipo de servicios comprende la vigilancia de instalaciones ferroviarias y dependencias corporativas, así como la prevención y detección de incidentes que puedan afectar al normal funcionamiento de la actividad ferroviaria. Renfe utiliza además sistemas de videovigilancia, incluidas cámaras fijas y cámaras móviles utilizadas por vigilantes de seguridad privada, para proteger a las personas, bienes e instalaciones y para prevenir determinadas conductas ilícitas.
La dimensión económica del nuevo procedimiento pone de manifiesto la importancia que Renfe concede a estos servicios. El presupuesto base de 95.545.562,14 euros constituye el importe de licitación, mientras que el valor estimado asciende a 297.227.491 euros, una cifra que refleja el horizonte económico global contemplado para la contratación.
Antecedentes de una contratación de gran dimensión
No se trata de la primera ocasión en la que Renfe articula un contrato de estas características. En 2023, la compañía sacó a licitación otro expediente para los servicios de vigilancia y seguridad del Grupo Renfe con un valor estimado de 246,8 millones de euros y un importe de 95,66 millones de euros, sin impuestos. Aquel procedimiento estaba dividido en 10 lotes, permitiendo a las empresas presentar ofertas a uno o varios de ellos.
La estructura de los contratos de seguridad de Renfe responde a la necesidad de cubrir un amplio y complejo entramado de instalaciones y servicios distribuidos territorialmente. La compañía opera una red que incluye estaciones, bases de mantenimiento, talleres, instalaciones corporativas y otros activos vinculados a sus servicios de viajeros y mercancías.
La seguridad, además, no se limita actualmente a la presencia física de vigilantes. Renfe está incorporando progresivamente tecnologías de videovigilancia inteligente y analítica de imágenes. La compañía informó de la implantación de sistemas inteligentes en estaciones destinados a recopilar y procesar de forma automatizada datos procedentes de los sistemas CCTV y centralizarlos en un cuadro de mando.
Uno de los elementos más relevantes desde el punto de vista empresarial es la diferencia entre el presupuesto de licitación y el valor estimado del contrato. Mientras que el primero se sitúa en 95,5 millones de euros, el segundo alcanza los 297,2 millones, convirtiendo el procedimiento en una de las principales oportunidades de contratación pública actualmente abiertas en el ámbito de la seguridad privada en España.
Los datos disponibles sitúan el expediente entre las licitaciones de mayor volumen económico actualmente abiertas por Renfe. La convocatoria aparece publicada como procedimiento en plazo y con fecha límite de presentación de ofertas el 10 de noviembre.
Para las compañías de seguridad privada, el contrato representa, por tanto, una oportunidad de especial relevancia, aunque su dimensión económica y las exigencias de solvencia asociadas hacen prever la participación de grandes operadores del sector o de posibles agrupaciones empresariales.
La protección de infraestructuras ferroviarias gana peso estratégico
La licitación se produce además en un momento en el que la protección de las infraestructuras ferroviarias adquiere una dimensión estratégica. Estaciones, talleres, centros de mantenimiento, instalaciones eléctricas, sistemas de señalización y otros activos ferroviarios forman parte de un ecosistema cuya interrupción puede tener consecuencias directas sobre la movilidad y sobre la continuidad de servicios esenciales.
En este contexto, la seguridad física se complementa con medidas tecnológicas, sistemas de videovigilancia y procedimientos de prevención y respuesta ante incidentes. La propia política de videovigilancia de Renfe contempla expresamente la utilización de cámaras para garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones, además de otros objetivos relacionados con la explotación ferroviaria.
Con el nuevo expediente 2026-04091, Renfe abre así un procedimiento de elevada importancia económica y operativa para garantizar durante los próximos años la vigilancia de sus activos y dependencias, en un sector ferroviario en el que la protección de las instalaciones se encuentra cada vez más vinculada a la continuidad del servicio, la tecnología y la resiliencia de las infraestructuras.
