Seguridad, defensa e inteligencia (I): qué proponen los partidos políticos ante el 29-N

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A dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la seguridad pública, la defensa nacional y la política de inteligencia se han convertido en algunos de los asuntos de mayor relevancia del debate político español. La inestabilidad geopolítica europea, la amenaza del terrorismo, el control de las fronteras, la evolución del crimen organizado y los desafíos de la ciberseguridad condicionan las propuestas de las principales formaciones políticas.

Sin embargo, el análisis comparado de sus programas electorales y de sus iniciativas parlamentarias pone de manifiesto diferencias sustanciales en la manera de abordar estos desafíos.

Las discrepancias afectan especialmente al modelo policial, la política criminal, la inversión militar y las relaciones con las organizaciones internacionales de defensa. Mientras el Partido Popular (PP) y Vox apuestan por reforzar las capacidades policiales y militares y endurecer determinados instrumentos penales, el PSOE plantea una continuidad de sus políticas de seguridad y defensa, con especial atención a la cooperación internacional. Por su parte, Sumar, Podemos y distintas formaciones nacionalistas e independentistas defienden cambios más profundos en el modelo de seguridad ciudadana, la política migratoria y las alianzas militares.

Pero hay un ámbito en el que las diferencias ideológicas apenas se traducen en propuestas concretas: la seguridad privada. El sector vuelve a quedar prácticamente fuera de los grandes programas electorales, a pesar de que continúa pendiente una actualización normativa que adapte su funcionamiento a los cambios tecnológicos y operativos de las últimas décadas.

La seguridad privada, la gran olvidada de los programas electorales

Uno de los aspectos más llamativos del análisis electoral es la ausencia de un apartado específico dedicado a la modernización de la seguridad privada en los programas de las principales formaciones estatales. Ni el PP, ni el PSOE, ni Vox, ni el Frente Amplio, ni Podemos presentan una hoja de ruta integral para abordar las necesidades regulatorias, tecnológicas y profesionales de una industria que desempeña funciones relevantes en la protección de infraestructuras críticas, instalaciones estratégicas, empresas y espacios públicos.

La situación resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que han transcurrido más de doce años desde la aprobación de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada sin que se haya completado su desarrollo reglamentario. El sector continúa funcionando con el Real Decreto 2364/1994, aprobado hace más de tres décadas y concebido para una realidad tecnológica y operativa muy diferente de la actual.

Durante los sucesivos gobiernos encabezados por el PSOE no se ha culminado la aprobación del nuevo reglamento, mientras que las modificaciones normativas se han ido produciendo mediante disposiciones parciales y órdenes ministeriales. Las demandas de actualización relacionadas con la digitalización, la inteligencia artificial, los sistemas de videovigilancia, la protección de infraestructuras y las nuevas modalidades de prestación de servicios siguen sin encontrar una respuesta normativa global.

Las diferencias entre los bloques políticos aparecen, sobre todo, cuando se aborda la colaboración público-privada. PP y Vox han defendido en distintas iniciativas parlamentarias y autonómicas una mayor participación de las empresas de seguridad en la protección de infraestructuras críticas y un refuerzo de la protección jurídica de los vigilantes cuando actúan en colaboración o auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cambio, Sumar y Podemos mantienen una posición más restrictiva respecto a la externalización de servicios de vigilancia en espacios públicos e infraestructuras esenciales, y defienden que estas funciones permanezcan bajo gestión directa de los cuerpos policiales y las administraciones públicas.

La ausencia de propuestas específicas sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada constituye, por tanto, una de las principales asignaturas pendientes de la campaña para un sector que reclama desde hace años mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada a las nuevas tecnologías.

Seguridad pública: endurecimiento penal frente a derogación de la ley mordaza

La política de seguridad ciudadana constituye uno de los principales elementos de confrontación electoral. Las propuestas abarcan desde el incremento de las plantillas policiales y el endurecimiento de las penas hasta la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza».

El Partido Popular, en su programa «La Reconstrucción Nacional», plantea aumentar las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, introducir incentivos para cubrir destinos de difícil cobertura y crear una unidad central permanente contra el crimen organizado en la frontera sur.

En el ámbito penal, propone recuperar la agravante por ocultar el rostro durante disturbios, establecer multas mínimas de 3.000 euros para determinados actos de vandalismo multitudinario, ampliar la prisión permanente revisable y reforzar la protección jurídica de los agentes. También plantea procedimientos de desalojo en un plazo de 48 horas frente a determinadas situaciones de ocupación ilegal de viviendas.

El PSOE, por su parte, apuesta por mantener la línea de actuación desarrollada desde el Ministerio del Interior, con un incremento progresivo de los efectivos policiales y el refuerzo de las medidas contra la multirreincidencia, el narcotráfico y las redes de tráfico de personas y mafias migratorias. Su programa incorpora también compromisos legislativos específicos, como la aprobación de una ley contra la violencia vicaria y otra integral contra la trata de seres humanos.

Vox, en su documento «Es sentido común», propone un endurecimiento general de las penas, reducir la edad de responsabilidad penal, recuperar la unidad antidroga OCON-Sur y alcanzar la equiparación salarial plena de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También defiende devolver al Estado competencias autonómicas en materia de seguridad y establecer la expulsión de extranjeros en situación irregular y de aquellos que cometan delitos, conforme a sus planteamientos migratorios.

En el espacio situado a la izquierda del PSOE, Sumar, junto a Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, agrupados en el Frente Amplio, y Podemos coinciden en reclamar la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El Frente Amplio añade a sus propuestas la prohibición de las redadas policiales basadas en perfiles étnicos y la supresión de la jurisdicción militar. Podemos plantea sustituir el actual modelo de control fronterizo de Frontex por operaciones centradas en el salvamento marítimo y la protección de las personas migrantes.

Las formaciones nacionalistas e independentistas introducen, por su parte, una dimensión territorial en el debate sobre el modelo policial. Junts reclama el traspaso integral de las competencias de seguridad, armas y explosivos a los Mossos d’Esquadra, así como la cesión de la jefatura policial de Via Laietana. El PNV defiende una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la ampliación de las competencias de la Ertzaintza en materia de policía judicial y extranjería. ERC y BNG también abogan por derogar la actual legislación de seguridad ciudadana.

Este lunes, Delta13News publicará la seguridad parte de este análisis sobre las propuestas electorales, centrado en este caso el la defensa, la inteligencia y la ciberseguridad.

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