En un momento en que millones de personas en los Estados Unidos, y particularmente en el estado de California, enfrentan dificultades para asegurar lo más esencial para sus vidas, desde agua limpia hasta comida nutritiva y entornos seguros, una iniciativa académica está intentando replantear cómo la política pública aborda esas necesidades. El Possibility Lab, una entidad de investigación aplicada de la Universidad de California, Berkeley, lanzó a finales de enero de 2026 un conjunto de tres informes centrados específicamente en la abundancia de necesidades básicas —el agua, la alimentación y la seguridad pública— con el objetivo de inspirar políticas que garanticen que estas no sean simplemente aspiraciones, sino realidades tangibles.
Esta serie de análisis forma parte del trabajo del Abundance Policy Research Consortium, un grupo de expertos que participan en el Abundance Accelerator, una iniciativa del Possibility Lab cuyo propósito es promover ideas y políticas que permitan ampliar el acceso sostenible y equitativo a bienes y servicios esenciales. El enfoque, según sus promotores, no se limita a incrementar la cantidad disponible, sino también a asegurar una distribución más justa y eficaz de los recursos existentes, superando la tradicional lógica de escasez que a menudo domina el discurso público.
Agua para todos: la paradoja de un recurso limitadamente distribuido
El agua, aunque fundamental para la vida, enfrenta desafíos específicos. En el informe titulado Water Abundance for California, la experta Nicola Ulibarri subraya que, aunque la cantidad total de agua disponible en el planeta no ha cambiado a lo largo de miles de años, su disponibilidad real para las personas varía enormemente según la infraestructura y la equidad en la distribución.
En California, buena parte de la población tiene acceso a suministro controlado y regulado, pero miles de hogares —especialmente en zonas rurales— dependen de pozos privados o sistemas locales que pueden fallar durante sequías o por sobreexplotación, y casi un millón de habitantes reciben agua que no cumple con los estándares federales de potabilidad.
Para Ulibarri, la respuesta no radica únicamente en extraer más agua —lo cual, de hecho, no es una opción viable— sino en invertir en infraestructura y métodos que permitan reutilizar y redistribuir mejor lo que ya existe, como tecnologías de reciclaje de agua y estructuras tarifarias más asequibles que eviten que el crecimiento de precios deje a comunidades enteras sin acceso fiable a este recurso vital.
Comida y comunidad: reinventar la abundancia alimentaria
En el terreno de la alimentación, el informe Future of Food Policy de Anastasia Telesetsky plantea una paradoja similar: California produce alimentos en cantidades suficientes para alimentar a su propia población y exportar a otras regiones, pero aun así más de uno de cada diez hogares enfrentan inseguridad alimentaria, con acceso limitado o incierto a comidas nutricionalmente adecuadas. Las causas son complejas: desde la dependencia de sistemas agrícolas intensivos que agotan el suelo y usan mucha agua, hasta la existencia de “desiertos alimentarios” donde el acceso físico o económico a alimentos saludables es difícil.
Telesetsky propone un enfoque multifacético que combina inversiones locales en infraestructura —como almacenamiento de alimentos refrigerados en comunidades desatendidas y subsidios al transporte de alimentos— con innovación agrícola, incluyendo técnicas regenerativas y tecnologías como invernaderos que usan agua de mar. P
ero va más allá de lo técnico: imagina modelos comunitarios de crecimiento y reparto de alimentos, como cocinas comunitarias financiadas por el gobierno que provean comidas a bajo costo o gratuitas, y programas de renta básica que apoyen a agricultores locales. Estas propuestas buscan no solo mejorar el acceso a comida, sino fortalecer la conexión de las personas con su entorno y con quienes cultivan sus alimentos.
Seguridad pública: de la fuerza a la comunidad
El tercer informe, An Abundance Agenda Approach to Public Safety, elaborado por Mikaela Rabinowitz, aborda la seguridad desde una perspectiva poco convencional, planteando que las soluciones no deben limitarse al incremento de fuerzas policiales o al gasto en sistemas tradicionales. En lugar de ello, aboga por reorientar recursos hacia intervenciones comunitarias que aborden las causas profundas de la violencia, incluyendo estrategias de prevención basadas en mentoría y apoyo entre iguales.
En este sentido, el informe apunta a tres acciones concretas: reducir la carga de llamadas no criminales que hoy responden policías, mejorar la capacidad de aplicación de la ley en crímenes violentos reales y reinvertir los recursos ahorrados en organizaciones comunitarias que han demostrado eficacia en la reducción de violencia. Esta visión exige un replanteamiento de qué significa “seguridad” y quiénes son los actores más adecuados para promoverla, enfatizando el papel de las redes comunitarias y el trabajo social complementario al rol policial tradicional.
Una agenda común: liderazgo estatal y derechos humanos
A pesar de las diferencias entre agua, comida y seguridad, los informes convergen en un punto central: la necesidad de un liderazgo estatal fuerte y decidido que respalde estos enfoques y traduzca las propuestas en políticas públicas concretas. Esto incluye, por ejemplo, la creación de oficinas especializadas —como una Oficina de Prevención de la Violencia dentro del Departamento de Justicia de California— y la aplicación más estricta de leyes que reconocen el derecho humano al agua y alimentos.
Los investigadores sostienen que California posee la capacidad y los recursos técnicos, económicos y humanos para garantizar que todos sus habitantes accedan a estos recursos fundamentales, y que las barreras actuales son más una cuestión de diseño institucional, prioridades políticas y equidad distributiva que de escasez material en sí misma.
Estos informes no solo ofrecen análisis académicos, sino que buscan servir como hoja de ruta para la acción política y comunitaria. Las propuestas se basan en evidencia investigativa y en diálogos con expertos y organizaciones de base, reflejando una visión que va más allá del asistencialismo y propone transformar las relaciones entre el Estado, las comunidades y los recursos esenciales. Así, se concibe la abundancia no solo como cantidad disponible, sino como la capacidad colectiva de asegurar que nadie quede excluido del acceso a lo básico.
En una época marcada por desigualdades profundas —en ingresos, acceso a servicios y calidad de vida— este enfoque propone que políticas públicas más equitativas y participativas pueden reducir las brechas que impiden que muchos vivan con dignidad. Al ubicar a las personas y sus comunidades en el centro del análisis y del diseño de soluciones, el Possibility Lab intenta trascender discursos tradicionales de escasez y ofrecer un modelo en el que la abundancia sea una meta alcanzable, no un ideal abstracto.
El desafío, como subrayan los expertos detrás de estos informes, reside no solo en reconocer las fallas de los sistemas actuales, sino en construir colectivamente políticas que respondan a las necesidades reales de las personas, reforzando la justicia social y la sustentabilidad económica y ambiental de California.
