El Tribunal Supremo ha confirmado este mediodía el procesamiento de Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, rechazando los recursos interpuestos tanto por él como por la Fiscalía del Estado. Esta confirmación implica que García Ortiz está a un paso del banquillo judicial, con fuertes indicios de acusación.
El procesamiento se centra en la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador (novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso). En este correo se reconocían dos delitos fiscales y se ofrecía un supuesto pacto con la Fiscalía. La difusión temprana del correo por la Cadena SER desmontó versiones oficiales y apunta a que la filtración partió desde fuentes internas de la Fiscalía, posiblemente vinculadas a García Ortiz.
La Sala de Apelaciones del Supremo rechazó el recurso por dos votos a uno. Los magistrados Eduardo Martín Porres y Julián Sánchez Melgar consideraron que los indicios son “suficientes” para proseguir con acusación. El magistrado Andrés Palomo emitió voto particular al estimar que no hay “fundamento indiciario suficiente” para acusar a García Ortiz.
Entre los elementos clave del procesamiento destacan que García Ortiz eliminó mensajes y formateó sus dispositivos móviles durante la investigación, lo que fue interpretado como un intento de ocultar evidencia relevante. Asimismo, la Sala desestimó que periodistas hubieran tenido el correo completo antes del fiscal: las declaraciones fueron consideradas no creíbles.
La Fiscalía Provincial de Madrid fue representada por Pilar Rodríguez. La Sala acuerda archivar su causa por unanimidad, al considerar insuficientes los indicios para proceder contra ella. El Gobierno de España ha reafirmado públicamente su respaldo a García Ortiz, reiterando su confianza en su inocencia y su compromiso de respetar las decisiones judiciales.
Dimisión
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha exigido la dimisión inmediata del fiscal general, argumentando que “quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos”, y apelando a la incompatibilidad ética de mantener el cargo procesado.
En enero de 2025, el Supremo votó unánimemente la ratificación del nombramiento y renovación de García Ortiz al frente de la Fiscalía General, desestimando un recurso de la APIF y respaldando la discrecionalidad del Gobierno para su designación, pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo había considerado “no idóneo”
El 9 de junio de 2025, el magistrado Ángel Hurtado dictó un auto para procesarlo por presunta revelación de secretos, concluyendo que recibió indicaciones desde Presidencia del Gobierno para difundir el correo investigado. La investigación fue prorrogada seis meses adicionales, con un posible cierre en octubre de 2025, aunque los recursos se resolvieron este julio antes de este plazo.
Esperemos que la confirmación del procesamiento y la fijación de fecha de apertura del juicio oral haga comprender al gobierno y a su presidente que esto no son bromas y que no puede seguir negando su responsabilidad. ¿De quién depende el Fiscal General? Eso preguntó Pedro Sánchez. Pues eso, presidente.