La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este miércoles en el Foro Aesmide la necesidad de consolidar una industria de defensa española autónoma, innovadora y resiliente, con una participación efectiva de las pequeñas y medianas empresas en los grandes programas de armamento. La responsable del Ministerio de Defensa ha subrayado que la seguridad de España y Europa depende de una base industrial y tecnológica capaz de responder a las nuevas exigencias geopolíticas, garantizar los suministros e impulsar el desarrollo de capacidades militares propias.
«La defensa de España y de Europa no se puede llevar a cabo sin la industria de defensa«, ha afirmado Valcarce, quien ha advertido de que el actual escenario internacional exige movilizar el conjunto del tejido político, industrial y tecnológico. En su intervención, ha defendido que la protección de la soberanía, la democracia y los valores europeos requiere una industria con capacidad de innovación, autonomía estratégica y una relación directa con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.
La secretaria de Estado ha destacado el papel de Aesmide en la vertebración de este ecosistema industrial y ha puesto en valor el crecimiento de la asociación. Según los datos que ha expuesto, la entidad cuenta ya con 101 empresas asociadas, de las que el 57% son pymes, lo que representa un incremento del 23% respecto al ejercicio anterior. Desde enero de 2026 se han incorporado 19 nuevas empresas, un crecimiento que, a juicio de Valcarce, refleja la fortaleza y la diversificación del sector.
La evolución de las incorporaciones también evidencia un avance hacia actividades de mayor contenido tecnológico. La responsable de Defensa ha señalado el aumento de las empresas de ingeniería y la entrada de capacidades vinculadas a la inteligencia artificial, la computación avanzada y la ciberseguridad, además de compañías especializadas en infraestructuras, equipamientos, tecnologías de la información, sistemas y servicios. Esta diversificación, ha sostenido, contribuye a construir una base industrial más competitiva y preparada para afrontar los desafíos de la defensa contemporánea.
Las pymes, esenciales para la cadena de suministro y la cohesión territorial
Valcarce ha insistido en que la capacidad industrial de defensa no puede descansar exclusivamente en los grandes contratistas. A su juicio, las empresas tractoras deben desempeñar un papel activo en el desarrollo del conjunto de proveedores nacionales, incluidas las compañías de menor tamaño, que participan en distintas fases de los programas de armamento y material.
La secretaria de Estado ha aportado un dato para ilustrar esta estructura: entre las empresas que participan en los grandes programas de defensa, el 31% son grandes compañías, el 36% son empresas medianas y el 32% corresponde a microempresas, pequeñas empresas y startups. Los porcentajes suman el 99% por efecto del redondeo. La distribución, ha señalado, pone de manifiesto la relevancia de las pymes y su contribución a la actividad industrial en diferentes puntos de España.
La participación de estas empresas tiene, además, una dimensión territorial. Los contratos de los grandes programas se distribuyen a través de cadenas de suministro que alcanzan centros productivos repartidos por el país. Valcarce ha destacado esta implantación como un factor de cohesión económica y territorial, al permitir que los beneficios de la inversión en defensa se extiendan más allá de las grandes compañías integradoras de sistemas.
No obstante, ha reconocido que persisten dificultades en la relación entre las empresas tractoras y sus proveedores, así como problemas de acceso a la financiación y de planificación a largo plazo. También ha señalado los condicionantes asociados a los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y ha animado al sector a debatir soluciones para mejorar la estabilidad y la capacidad de crecimiento de las empresas.
Los planes de participación industrial y la contratación pública
La responsable de Defensa ha situado los planes de participación industrial entre los instrumentos para asegurar que los grandes programas de armamento generen retornos económicos e industriales y permitan la incorporación efectiva de pymes y startups. Estos mecanismos, ha defendido, deben contribuir a distribuir las oportunidades de contratación de forma equilibrada y transparente, además de reforzar la autonomía estratégica española.
En este contexto, ha reclamado una cooperación más estrecha entre las grandes corporaciones, las pequeñas empresas y las Fuerzas Armadas. El objetivo es que las capacidades desarrolladas por la industria respondan a necesidades militares concretas y que los responsables de los ejércitos y la Armada conozcan de primera mano la evolución tecnológica de las empresas nacionales.
Valcarce también ha valorado las propuestas de reforma normativa en materia de contratación pública presentadas en el marco de un informe coordinado por Garrigues. Entre las líneas de trabajo mencionadas figuran la flexibilización de los procedimientos, la modernización de los contratos de Gobierno a Gobierno y el impulso del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contempla excepciones específicas para determinadas medidas relacionadas con los intereses esenciales de seguridad de los Estados miembros.
La secretaria de Estado ha defendido que la Administración debe adaptar sus procedimientos al ritmo de los cambios tecnológicos y a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, sin perder de vista la necesidad de ofrecer previsibilidad a las empresas para que puedan invertir y planificar sus capacidades productivas.
El talento, el principal desafío para la industria de defensa
Junto a la innovación y la financiación, Valcarce ha identificado la captación y retención de profesionales como uno de los retos prioritarios del sector. «Ahora les vamos a pedir que apuesten por el talento, porque es absolutamente imprescindible incorporar talento a la industria de defensa», ha afirmado.
La secretaria de Estado ha precisado que el esfuerzo no debe limitarse a incorporar nuevos profesionales, sino que también debe permitir retenerlos en las empresas. Para ello, ha defendido una relación más fluida con las universidades, los centros tecnológicos y la Formación Profesional, con el fin de adecuar la formación a las necesidades de una industria cada vez más especializada en tecnologías avanzadas.
La responsable de Defensa ha vinculado este reto al crecimiento de la inversión, la innovación y las exportaciones del sector, factores que requieren disponer de personal cualificado para desarrollar, fabricar, mantener y modernizar los sistemas militares. La colaboración entre empresas, centros de conocimiento y Fuerzas Armadas será, en su opinión, determinante para cubrir estas necesidades.
En relación con la innovación, Valcarce ha destacado el trabajo de la Comisión de Innovación de Aesmide, su estructura de gobernanza y la elaboración de un mapa de capacidades alineado con las directrices de la estrategia industrial y tecnológica de defensa. Esta herramienta permite identificar las capacidades disponibles, ordenar la oferta empresarial y facilitar la formación de consorcios que puedan concurrir a programas de mayor complejidad.
La secretaria de Estado ha concluido defendiendo una política industrial que combine inversión sostenida, planificación previsible, contratación más ágil y cooperación entre los distintos actores. El objetivo, ha subrayado, es transformar los recursos destinados a defensa en capacidades operativas reales, fortalecer la cadena de suministro nacional y garantizar que las empresas españolas puedan responder a las necesidades presentes y futuras de las Fuerzas Armadas.
