La guerra de Ucrania, el regreso de la competición entre grandes potencias y las dudas sobre el futuro compromiso estadounidense con la seguridad europea han obligado a la Unión Europea a replantearse su dependencia militar. El objetivo ya no es únicamente gastar más en defensa, sino recuperar capacidad industrial para producir munición, misiles, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados, aeronaves, drones y tecnologías críticas dentro de Europa. La dificultad está en transformar esa voluntad política en programas comunes capaces de superar las rivalidades nacionales y empresariales.
Durante décadas, Europa construyó buena parte de su arquitectura de seguridad alrededor de la OTAN y de la capacidad militar de Estados Unidos. Los países europeos desarrollaron industrias de defensa relevantes, pero mantuvieron una importante dependencia de tecnologías, sistemas de armas y cadenas de suministro estadounidenses.
La guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 cambió radicalmente el escenario. El conflicto demostró que una guerra convencional de alta intensidad exige enormes cantidades de munición, capacidad industrial sostenida y reservas que muchos ejércitos europeos habían reducido después del final de la Guerra Fría.
La cuestión dejó de ser únicamente militar y pasó a convertirse también en industrial y económica. Europa necesita disponer de fábricas capaces de aumentar rápidamente su producción cuando aparece una crisis, pero durante años las empresas de defensa habían trabajado con pedidos relativamente pequeños y ciclos de producción largos. La consecuencia fue una capacidad industrial insuficiente para responder simultáneamente a las necesidades de los ejércitos europeos y al suministro de Ucrania.
Los primeros resultados de la reacción europea empiezan a ser visibles. Según el Parlamento Europeo, la capacidad de producción de munición de la Unión pasó de aproximadamente 300.000 proyectiles anuales en 2022 a unos dos millones previstos para finales de 2025. El salto refleja el esfuerzo realizado para recuperar capacidades industriales que habían quedado reducidas durante décadas.
La Act in Support of Ammunition Production (ASAP), aprobada en 2023, fue una de las primeras respuestas comunitarias a esa emergencia. El programa pretendía aumentar la capacidad europea de fabricación de munición y eliminar cuellos de botella en materias primas, componentes y líneas de producción. Posteriormente, la Unión ha incorporado nuevas iniciativas destinadas a favorecer las adquisiciones conjuntas y reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea.
Pero la autonomía estratégica no consiste solamente en fabricar más proyectiles. El verdadero desafío está en disponer de sistemas completos y tecnologías críticas propias. Aviones de combate, tanques, radares, satélites, sistemas de mando y control, inteligencia artificial, guerra electrónica, drones y misiles requieren cadenas industriales complejas y, sobre todo, programas de largo recorrido.
Uno de los grandes símbolos de esa ambición fue el Future Combat Air System (FCAS), impulsado inicialmente por Francia y Alemania y al que se incorporó España en 2020. El proyecto pretendía desarrollar un sistema aéreo de nueva generación en torno a un avión de combate, acompañado por drones, sensores, sistemas de comunicación y una denominada combat cloud. España asumió un papel industrial relevante, especialmente a través de empresas como Indra, Airbus España, ITP Aero y Sener.
Sin embargo, el FCAS terminó convirtiéndose también en un ejemplo de las dificultades de la cooperación europea. Los desacuerdos entre Dassault Aviation y Airbus Defence & Space sobre liderazgo industrial, reparto de trabajo y responsabilidades tecnológicas fueron acumulándose hasta provocar en 2026 el abandono del programa en su configuración original por Francia y Alemania.
El episodio resulta especialmente significativo porque demuestra que la autonomía europea puede verse limitada por las propias divisiones internas. Cada país quiere preservar empleos, tecnologías estratégicas y capacidad de decisión para sus empresas nacionales. Pero si todos los participantes exigen una participación industrial equivalente, los programas pueden encarecerse, retrasarse o incluso fracasar.
España se encuentra en una posición particularmente interesante. Su participación en el FCAS había permitido reforzar su peso dentro de la industria aeroespacial europea. Tras la crisis del programa, Madrid ha estudiado fórmulas para mantener las capacidades tecnológicas acumuladas y evitar que ingenieros, empresas y conocimientos desarrollados durante años se pierdan. Entre las opciones analizadas figura un programa puente para preservar competencias vinculadas a sensores, inteligencia artificial, motores y sistemas de mando.
El segundo gran proyecto europeo es el Main Ground Combat System (MGCS), destinado a desarrollar la próxima generación de carros de combate y sistemas terrestres. El programa franco-alemán comparte con el FCAS una dificultad estructural: equilibrar las necesidades militares de dos países con intereses industriales diferentes. Las demoras y las discrepancias sobre reparto industrial han generado dudas sobre su futuro.
Estos problemas no significan necesariamente que la cooperación europea esté condenada al fracaso. De hecho, Francia y Alemania han intentado reconstruir su relación de defensa después de la crisis del FCAS. En julio de 2026, ambos gobiernos reafirmaron su intención de cooperar en defensa aérea, sistemas de largo alcance, alerta temprana, espacio y tecnologías de información. También plantearon continuar determinados elementos tecnológicos del FCAS, especialmente la combat cloud.
La Unión Europea, además, está intentando crear un marco financiero que haga posible esa transformación. El programa EDIP (European Defence Industry Programme) cuenta con 1.500 millones de euros en subvenciones comunitarias para el periodo 2025-2027, destinadas a reforzar y modernizar la industria europea de defensa, aumentar la producción y mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro.
Deprisa, deprisa
A ello se suma Readiness 2030, la estrategia europea presentada en 2025 para acelerar la preparación militar. El plan puede facilitar hasta 800.000 millones de euros adicionales de gasto en defensa hasta 2030, mediante una combinación de financiación europea y mayor inversión de los Estados miembros.
La magnitud de la cifra refleja un cambio de época. Pero gastar más no garantiza automáticamente una mayor autonomía. Si los Estados europeos destinan ese dinero a comprar sistemas distintos entre sí, procedentes de numerosos proveedores y con diferentes estándares tecnológicos, pueden aumentar sus arsenales sin resolver la fragmentación industrial.
El desafío es precisamente avanzar hacia una defensa europea interoperable, con compras conjuntas, estándares comunes y cadenas de suministro suficientemente sólidas. También implica decidir qué tecnologías deben permanecer bajo control europeo. Satélites, semiconductores, sistemas de navegación, criptografía, inteligencia artificial, motores aeronáuticos y sensores avanzados forman parte de una nueva definición de soberanía tecnológica.
En este contexto, la relación con Estados Unidos tampoco debe interpretarse necesariamente como una elección entre Europa o Estados Unidos. La OTAN continúa siendo el principal marco colectivo de defensa de numerosos países europeos y la industria estadounidense mantiene capacidades que Europa tardaría años en reproducir. La cuestión que se plantea es diferente: disponer de suficientes capacidades propias para que Europa pueda actuar con mayor margen de decisión cuando sus intereses no coincidan plenamente con los de Washington.
La autonomía estratégica europea, por tanto, no significa necesariamente romper con Estados Unidos. Significa reducir vulnerabilidades. Una Europa capaz de producir munición, mantener sus sistemas de armas, proteger sus comunicaciones, fabricar sensores y desarrollar tecnologías militares críticas tendrá mayor capacidad de decisión dentro de la propia Alianza Atlántica.
El riesgo es que la actual oportunidad histórica vuelva a quedar atrapada entre intereses nacionales, rivalidades empresariales y burocracia. La experiencia del FCAS demuestra que la cooperación política no basta si no existe un modelo industrial aceptado por todos. Al mismo tiempo, el espectacular aumento de la producción de munición demuestra que, cuando existe una necesidad urgente y una dirección política clara, Europa puede recuperar capacidades con relativa rapidez.
La gran incógnita será si ese esfuerzo puede mantenerse durante décadas. La autonomía estratégica no se construye con un único presupuesto ni con un programa de armamento. Requiere fábricas, ingenieros, investigación, materias primas, financiación estable, compras coordinadas y voluntad política. Europa ha comenzado a recorrer ese camino; ahora debe demostrar que puede convertir el dinero destinado a defensa en una verdadera capacidad industrial y militar propia.
