La política migratoria de Estados Unidos ha adquirido una dimensión inédita durante el segundo mandato de Donald Trump. En el centro de esta estrategia se encuentra U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia federal encargada de buena parte de la aplicación de las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense, especialmente de localizar, detener, mantener bajo custodia y expulsar a extranjeros que las autoridades consideran sujetos a procedimientos de deportación.
La actividad de ICE se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la política de deportaciones masivas impulsada por la Administración Trump, al tiempo que ha generado una creciente batalla política, judicial y social sobre los límites de sus poderes. También polémica por algunas de sus actuaciones, la última, la que ha desembocado en heridas de gravedad sobre un ciudadano de origen venezolano.
ICE, sin embargo, no es un organismo independiente ni una especie de «policía migratoria» que pueda actuar al margen del Gobierno federal. Es una agencia perteneciente al Department of Homeland Security (DHS), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Su autoridad procede de las leyes aprobadas por el Congreso, de las competencias delegadas al poder ejecutivo y de las normas federales que regulan inmigración, detención y expulsión. La cadena de mando llega, por tanto, hasta el presidente de Estados Unidos, pero existen distintos niveles de control administrativo, presupuestario, judicial y legislativo que limitan, al menos jurídicamente, la actuación de ICE.
Una agencia creada después del 11-S
ICE nació en 2003 como consecuencia de la reorganización del aparato de seguridad estadounidense posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. El Homeland Security Act de 2002 dio lugar al nuevo Department of Homeland Security, que comenzó a operar en marzo de 2003. Dentro de esa nueva estructura se creó el organismo que posteriormente adoptaría el nombre de U.S. Immigration and Customs Enforcement.
La reforma separó varias funciones que anteriormente estaban concentradas en el desaparecido Immigration and Naturalization Service (INS). El nuevo sistema distribuyó las competencias migratorias entre distintas agencias. CBP —Customs and Border Protection— se ocupa principalmente del control fronterizo; USCIS —U.S. Citizenship and Immigration Services— tramita beneficios migratorios y de ciudadanía; e ICE se concentra fundamentalmente en la aplicación de las leyes migratorias en el interior del país, las investigaciones criminales relacionadas con determinadas materias y los procedimientos de detención y expulsión.
La propia ICE explica que su misión incluye la identificación y arresto de personas sometidas a la legislación migratoria, la gestión de sus casos, la detención y la expulsión. La agencia cuenta además con una estructura muy amplia: más de 20.000 empleados, cientos de oficinas en Estados Unidos y en el extranjero y varias grandes áreas operativas.
¿Quién manda realmente sobre ICE?
La respuesta corta es: el presidente marca la política; el Departamento de Seguridad Nacional dirige administrativamente la agencia; el director de ICE ejecuta esa política; el Congreso controla las leyes y el dinero; y los tribunales pueden bloquear o revisar actuaciones concretas.
Esta distinción resulta fundamental para comprender cómo funciona el sistema estadounidense. El presidente no necesita firmar personalmente cada detención o deportación. Su Administración establece prioridades, órdenes ejecutivas, directrices y objetivos generales que después son ejecutados por DHS, ICE, CBP y las demás instituciones implicadas.
Por encima de ICE se encuentra el Department of Homeland Security. El secretario de Seguridad Nacional es el responsable político del departamento y, por extensión, de sus agencias subordinadas. En 2026, el cargo está ocupado por Markwayne Mullin, que sustituyó a Kristi Noem. Documentación judicial de este mismo año identifica expresamente a Mullin como secretario de DHS y a David J. Venturella como responsable en funciones de ICE.
La dirección operativa de ICE corresponde actualmente a David J. Venturella, que ejerce como Senior Official Performing the Duties of the Director of ICE, es decir, como máximo responsable en funciones. La documentación oficial y judicial de 2026 confirma su posición al frente de la agencia.
La situación cambió durante 2026. Todd M. Lyons había dirigido ICE como director en funciones durante buena parte de la primera etapa de la segunda Administración Trump, pero abandonó el puesto. Posteriormente, Venturella asumió las funciones de máxima dirección.
Pero ICE no decide por sí sola quién debe ser deportado
Uno de los aspectos más importantes para comprender el sistema estadounidense es distinguir entre detención administrativa, procedimiento de deportación y ejecución de una orden de expulsión.
ICE puede arrestar y detener a una persona por motivos relacionados con la legislación migratoria. Pero eso no significa automáticamente que un agente de ICE pueda decidir unilateralmente que esa persona debe ser deportada.
En numerosos procedimientos interviene el Executive Office for Immigration Review (EOIR), que pertenece al Department of Justice (DOJ) y no al Department of Homeland Security. Dentro de EOIR funcionan los tribunales de inmigración y el Board of Immigration Appeals.
Los jueces de inmigración tienen autoridad para determinar si una persona es deportable o inadmisible y para examinar determinadas solicitudes de protección frente a la expulsión, incluido el asilo, la retención de expulsión y la protección bajo la Convención contra la Tortura. También pueden celebrar determinadas audiencias relacionadas con la libertad bajo fianza.
Esto significa que ICE y el juez de inmigración desempeñan papeles diferentes. ICE representa al Gobierno de Estados Unidos en los procedimientos migratorios, mientras que el juez pertenece a EOIR, dentro del Departamento de Justicia. El propio manual oficial de EOIR subraya que DHS y EOIR son organismos separados y que, en los procedimientos ante los tribunales de inmigración, ICE representa los intereses del Gobierno.
¿Quién aprueba finalmente una deportación?
No existe una única respuesta para todos los casos.
Cuando una persona carece de estatus legal, existen procedimientos administrativos que pueden conducir a una orden de expulsión. En determinadas situaciones, ICE puede ejecutar una orden de deportación que ya es definitiva. En otros casos, especialmente cuando existe un procedimiento abierto ante un juez, la decisión corresponde al sistema de justicia migratoria.
Los jueces de inmigración pueden determinar la deportabilidad, estudiar las solicitudes de protección y dictar decisiones. Sus resoluciones pueden ser recurridas ante el Board of Immigration Appeals (BIA). El BIA constituye la máxima instancia administrativa especializada en la interpretación y aplicación de las leyes migratorias dentro del sistema del DOJ.
Además, determinados asuntos pueden terminar ante los tribunales federales, especialmente cuando se plantean cuestiones constitucionales, derechos fundamentales, habeas corpus, competencia de las agencias o aplicación incorrecta de la legislación.
Por eso, la imagen de que «ICE decide y deporta» es demasiado sencilla. En realidad, ICE dispone de una enorme capacidad de actuación policial y administrativa, pero sus decisiones se insertan dentro de un sistema jurídico en el que participan DHS, DOJ, tribunales de inmigración, BIA y, en determinadas circunstancias, los tribunales federales.
El Congreso también tiene la llave
Existe otro actor fundamental: el Congreso de Estados Unidos.
La Constitución atribuye al poder legislativo federal amplias competencias en materia de inmigración. El Congreso aprueba las leyes que determinan quién puede entrar en Estados Unidos, quién puede permanecer en el país, qué situaciones pueden provocar una expulsión y qué poderes tienen las agencias federales. La interpretación constitucional estadounidense reconoce históricamente una amplia competencia del Congreso en materia migratoria, aunque el poder ejecutivo ejerce importantes competencias delegadas.
Pero el Congreso tiene otra herramienta decisiva: el presupuesto.
ICE necesita fondos para contratar agentes, adquirir tecnología, alquilar o construir instalaciones, transportar detenidos, contratar plazas de detención y ejecutar deportaciones. En junio de 2026, el presidente Trump firmó la Secure America Act, una ley que proporciona financiación a DHS, CBP e ICE para actividades de control migratorio hasta el ejercicio fiscal 2029.
La magnitud de esta financiación ha permitido ampliar considerablemente la capacidad operativa de ICE. Los análisis disponibles apuntan a un fuerte incremento tanto del número de agentes como de la capacidad de detención.
El salto de las detenciones durante la Administración Trump
Las cifras de 2025 y 2026 muestran una transformación profunda de la actividad de ICE.
Según un análisis del Deportation Data Project, los arrestos realizados por ICE aumentaron más de cuatro veces entre determinados periodos comparados durante el primer año de la segunda Administración Trump. El número diario de personas detenidas en centros procedentes de arrestos realizados en el interior de Estados Unidos llegó a multiplicarse aproximadamente por cuatro, pasando de unas 14.000 plazas ocupadas diariamente en la segunda mitad de 2024 a unas 57.000 en enero de 2026.
La expansión no se limitó a las detenciones. También aumentó considerablemente la infraestructura disponible. El mismo análisis señala que el número de plazas de detención disponibles pasó aproximadamente de 40.000 en enero de 2025 a unas 70.000 en enero de 2026.
La Administración Trump ha convertido precisamente el aumento de la capacidad de detención en uno de los pilares de su estrategia. Cuantas más personas pueden permanecer bajo custodia, mayor es la capacidad de ICE para ejecutar posteriormente órdenes de expulsión.
Una de las fotografías más claras de la situación se produjo en julio de 2026.
Datos publicados por ICE y recogidos por ABC News indicaban que 65.765 personas se encontraban entonces bajo custodia de inmigración. Aproximadamente el 60% tenía antecedentes o historial criminal según la clasificación utilizada por la propia agencia.
La cifra debe interpretarse con cautela. Tener un «criminal record» no significa necesariamente haber sido condenado por un delito grave: las estadísticas migratorias pueden incluir personas con distintos tipos de antecedentes, cargos o condenas. Al mismo tiempo, una proporción significativa de los detenidos por ICE no tiene antecedentes penales.
Esta última cuestión se ha convertido en uno de los grandes puntos de controversia de la política de Trump. La Administración afirma que su prioridad son delincuentes peligrosos, miembros de organizaciones criminales y personas consideradas una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, análisis independientes y datos de ICE muestran que la aplicación práctica de la política ha alcanzado también a personas sin condenas penales.
A 21 de julio de 2026, ICE había comunicado 356.389 expulsiones o «removals» durante el ejercicio fiscal 2026. El ejercicio fiscal estadounidense termina el 30 de septiembre, por lo que la cifra todavía no representaba el resultado definitivo del año.
El dato resulta especialmente significativo porque sitúa a la agencia en una trayectoria que podría superar algunos de los niveles históricos registrados en anteriores administraciones.
Para comparar, durante el ejercicio fiscal 2013, bajo la Administración de Barack Obama, se produjeron 438.421 deportaciones.
La comparación requiere, sin embargo, precaución. Las cifras de ICE han sufrido cambios en su publicación y metodología, y el término «deportación» puede utilizarse en el debate político para agrupar operaciones que técnicamente corresponden a categorías diferentes, como removals y returns.
El ejercicio fiscal 2025 ofrece otro dato fundamental. Según documentos presupuestarios de ICE analizados por Reuters, la agencia registró aproximadamente 443.000 deportaciones durante el ejercicio fiscal 2025, frente a unas 271.000 el año anterior.
Hay que tener en cuenta un elemento esencial: el ejercicio fiscal 2025 incluye los últimos meses de la Administración Biden y la mayor parte del primer año de la segunda Administración Trump. Por tanto, no sería metodológicamente correcto atribuir los 443.000 casos exclusivamente a las decisiones tomadas después del 20 de enero de 2025.
De esas aproximadamente 443.000 expulsiones, casi 167.000 personas tenían antecedentes penales, condenas o cargos, según el análisis publicado por Axios a partir de la documentación presupuestaria. Eso supone aproximadamente el 38% del total.
La consecuencia es importante: la mayoría de las personas deportadas en ese ejercicio no pertenecían a la categoría de personas con antecedentes criminales identificada en esas estadísticas.
El objetivo de un millón de deportaciones
La Administración Trump ha planteado objetivos mucho más ambiciosos.
Los documentos presupuestarios de ICE contemplan como objetivo llegar a aproximadamente un millón de deportaciones anuales. Esa meta multiplica por más de dos el resultado de 2025 y exige una capacidad operativa muy superior a la de las administraciones anteriores.
La diferencia entre el objetivo político y las cifras efectivamente ejecutadas resulta especialmente importante. Con más de 350.000 expulsiones registradas a julio de 2026, ICE avanzaba hacia una cifra elevada, pero todavía necesitaba mantener un ritmo extraordinariamente intenso durante los últimos meses del ejercicio fiscal para acercarse al objetivo de un millón.
Esto explica buena parte de la expansión de la agencia: más agentes, más centros, más transporte, más vuelos de deportación y una utilización mucho mayor de las plazas de detención.
¿Puede ICE detener a cualquiera?
No.
Aunque la Administración Trump ha ampliado las prioridades de aplicación de la legislación migratoria, ICE sigue actuando dentro de un marco legal. La agencia necesita una base jurídica para detener a una persona y existen diferentes tipos de órdenes y procedimientos.
La cuestión de las órdenes de arresto es particularmente relevante. En términos generales, una orden administrativa de ICE no equivale necesariamente a una orden judicial firmada por un juez federal. La distinción ha provocado numerosos litigios sobre entradas en domicilios, registros, detenciones y límites constitucionales.
Cuando una operación requiere determinadas actuaciones que afectan a derechos constitucionales, los agentes pueden necesitar autorización judicial dependiendo de las circunstancias. Y cuando una persona impugna judicialmente su detención, los tribunales federales pueden revisar la legalidad de la privación de libertad.
De hecho, en 2026 se han producido decisiones judiciales que han ordenado liberar a personas detenidas por ICE o garantizarles una audiencia de fianza. Un tribunal federal de Texas, por ejemplo, ordenó en julio la liberación de un detenido bajo custodia de ICE en El Paso.
El papel de los jueces federales
Este elemento introduce uno de los controles más importantes sobre ICE.
Estados, organizaciones de derechos civiles, abogados de inmigración y personas detenidas han recurrido ante tribunales federales contra determinadas actuaciones de DHS e ICE. Los litigios han cuestionado desde las condiciones de detención hasta los procedimientos de arresto y las políticas utilizadas para mantener bajo custodia a determinados inmigrantes.
Los tribunales pueden ordenar a ICE modificar una actuación concreta, liberar a un detenido, celebrar una audiencia o abstenerse de aplicar determinada política mientras se resuelve el litigio.
Por eso, aunque la Administración Trump tenga una política migratoria muy definida, no dispone de un poder absoluto para aplicarla sin límites judiciales.
La estructura estadounidense puede resumirse en varios niveles.
- El presidente establece las prioridades políticas del poder ejecutivo.
- El Department of Homeland Security dirige administrativamente ICE y otras agencias migratorias.
- El director de ICE ejecuta la estrategia y administra la agencia.
- Los agentes de ICE realizan investigaciones, arrestos, detenciones y ejecutan determinadas órdenes de expulsión.
- Los abogados de ICE, a través de la Office of the Principal Legal Advisor, representan al Gobierno en los procedimientos ante los tribunales de inmigración.
- Los jueces de inmigración, pertenecientes a EOIR dentro del Departamento de Justicia, deciden numerosos casos de deportación y solicitudes de protección.
- El Board of Immigration Appeals revisa determinadas decisiones de los jueces.
- Los tribunales federales pueden revisar actuaciones y resolver cuestiones constitucionales y legales.
- El Congreso establece las leyes y financia las agencias, además de ejercer supervisión política mediante comisiones y audiencias.
- Y finalmente existen mecanismos de control interno, inspectores generales, investigaciones administrativas, procedimientos disciplinarios y mecanismos de transparencia.
En febrero de 2026, por ejemplo, la Cámara de Representantes celebró una audiencia específica de supervisión sobre DHS, ICE, CBP y USCIS. El hecho de que ICE tenga que comparecer ante el Congreso forma parte del sistema institucional de control sobre la agencia.
El Inspector General y el control interno
ICE dispone además de una Office of Professional Responsibility (OPR) destinada a supervisar cuestiones de integridad profesional, investigaciones, inspecciones y seguridad dentro de la organización.
La existencia de esta estructura no elimina la posibilidad de abusos o irregularidades, pero demuestra que ICE no es una organización sin mecanismos internos de supervisión.
En 2026, además, el DHS Inspector General ha investigado cuestiones relacionadas con el proceso de contratación acelerada de nuevos agentes. Una investigación periodística de Associated Press reveló una denuncia de un funcionario de ICE que advertía sobre la contratación de miles de agentes con procesos de comprobación de antecedentes todavía incompletos.
El asunto es especialmente relevante porque la expansión de ICE ha sido extraordinariamente rápida. Según AP, la agencia llegó a contratar unos 12.000 nuevos agentes en menos de un año, dentro de la expansión destinada a ejecutar la política de deportaciones de Trump.
La transformación de ICE no se limita a las cifras de detenciones.
La propia agencia ha aumentado su plantilla y su capacidad logística. La Administración ha destinado enormes cantidades de recursos adicionales al control migratorio. La legislación aprobada en 2026 proporciona financiación plurianual a ICE, CBP y DHS.
Esta expansión plantea una pregunta estratégica: ¿puede Estados Unidos mantener indefinidamente una estructura capaz de detener a decenas de miles de personas simultáneamente y ejecutar cientos de miles de deportaciones al año?
La respuesta dependerá de factores financieros, judiciales, diplomáticos y logísticos. Deportar a una persona no consiste simplemente en detenerla. Es necesario determinar su identidad, comprobar su situación jurídica, establecer el país de destino, obtener documentación de viaje cuando sea necesaria, organizar el transporte y superar eventuales recursos judiciales.
En algunos casos, además, el país de origen no acepta inmediatamente el retorno de sus nacionales. De ahí que la Administración haya buscado acuerdos con terceros países para recibir a personas deportadas.
Las deportaciones a terceros países
Este fenómeno se ha convertido en otro de los elementos más polémicos de la política migratoria de Trump.
Estados Unidos ha comenzado a utilizar acuerdos con terceros países para trasladar a determinados deportados que no son necesariamente ciudadanos de esos Estados. Un reportaje publicado el 7 de septiembre de 2026 documenta, por ejemplo, el traslado de migrantes desde Estados Unidos a Liberia, pese a que algunos de ellos procedían de Venezuela y otros países.
La Administración sostiene que estos acuerdos permiten ejecutar expulsiones cuando existen dificultades para devolver inmediatamente a las personas a sus países de origen. Los críticos argumentan que el sistema puede generar problemas relacionados con el derecho de asilo, la protección frente a la devolución a países donde exista riesgo de persecución y el acceso efectivo a asistencia jurídica.
La cuestión tiene una enorme importancia jurídica porque una deportación no elimina automáticamente las obligaciones internacionales y constitucionales de Estados Unidos.
Uno de los principales problemas para analizar la política migratoria actual es la transparencia de los datos.
El Department of Homeland Security dispone de una Office of Homeland Security Statistics (OHSS), que recopila información procedente de ICE y CBP sobre personas detenidas, arrestadas, retornadas y expulsadas. Su informe anual de acciones de aplicación de la legislación migratoria pretende precisamente ofrecer una fotografía estadística del sistema.
Pero durante la Administración Trump se han producido periodos en los que la publicación de datos detallados ha sido irregular.
En julio de 2026, The Marshall Project informó de que ICE había dejado de publicar durante meses determinados datos de detenciones y deportaciones, lo que dificultaba comprobar de forma independiente las afirmaciones de la Administración sobre el volumen de las expulsiones.
Esta falta de continuidad tiene consecuencias periodísticas y políticas. Si no existe una serie homogénea, comparar el rendimiento de Trump con Biden, Obama o George W. Bush resulta considerablemente más complejo.
Otro problema habitual es utilizar la palabra «deportación» para referirse a fenómenos estadísticos diferentes.
En la terminología oficial estadounidense, «removal» implica una expulsión formal ejecutada bajo una orden de retirada. «Return» se utiliza para otros tipos de retornos, históricamente asociados a personas que son devueltas sin una orden formal de expulsión en determinadas circunstancias.
Por eso, cuando se afirma que Estados Unidos ha deportado determinado número de personas, es necesario comprobar exactamente qué categoría estadística se está utilizando.
Esta distinción también afecta a las comparaciones históricas. Las estadísticas de Obama, Biden y Trump pueden no ser perfectamente equivalentes si se mezclan categorías distintas.
Obama, Biden y Trump: una comparación complicada
Los datos históricos muestran que Barack Obama registró cifras muy elevadas de expulsiones. Durante sus ocho años en la Casa Blanca se contabilizaron aproximadamente 2,75 millones de deportaciones, según un análisis de las estadísticas oficiales realizado por Factchequeado.
La Administración Trump, sin embargo, ha planteado una estrategia cualitativamente diferente: aumentar la capacidad de detención, incrementar los arrestos dentro del territorio estadounidense, ampliar las operaciones en ciudades y aumentar sustancialmente la infraestructura disponible para las deportaciones.
El objetivo de un millón de expulsiones anuales es, en ese sentido, el elemento que mejor define la dimensión de la estrategia actual.
Uno de los mayores debates políticos gira alrededor de la composición de las personas detenidas.
La Administración sostiene que la prioridad son las personas que suponen una amenaza para la seguridad pública, incluidos miembros de bandas, narcotraficantes, delincuentes violentos y personas condenadas por delitos graves.
Pero los datos muestran que también se ha producido un incremento significativo de las detenciones de personas sin condenas penales. Reuters señaló que los arrestos diarios de ICE alcanzaron aproximadamente 1.300 en diciembre de 2025, muy por encima del promedio de unos 350 diarios registrado durante la década anterior al segundo mandato de Trump.
En junio de 2026, las detenciones de ICE y CBP superaron las 43.000 en un solo mes, según los datos citados por ABC News. Esto equivalía a unos 1.438 arrestos diarios.
En julio, además, un senador estadounidense denunció que se habían producido aproximadamente 49.000 arrestos relacionados con inmigración durante ese mes, mientras reclamaba información a DHS y a la dirección de ICE sobre los criterios utilizados para seleccionar a las personas detenidas. Esta afirmación procede de un miembro de la oposición y debe distinguirse de las cifras oficiales de ICE.
Otra controversia que acompaña a la actual estrategia es si existen cuotas de arrestos.
Funcionarios y responsables políticos han hablado públicamente de objetivos diarios de arrestos, mientras que distintos miembros del Congreso han solicitado aclaraciones formales a DHS sobre si existe una cuota obligatoria que los agentes deban cumplir.
En septiembre de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó formalmente a DHS y a ICE que aclarasen si existe actualmente un sistema de cuotas diarias o mensuales de arrestos.
La diferencia es jurídicamente importante. Una cosa es establecer prioridades operativas y otra establecer objetivos numéricos que puedan condicionar las decisiones individuales de los agentes.
ICE frente a la política y la justicia
La batalla alrededor de ICE refleja, en realidad, una cuestión más amplia: hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo estadounidense para aplicar una política migratoria cuando existen derechos individuales protegidos por la Constitución y por la legislación federal.
La Administración Trump ha recibido un mandato político para endurecer la inmigración y dispone de instrumentos legales considerables para hacerlo. El Congreso, además, ha proporcionado nuevos recursos financieros.
Pero ese poder no es ilimitado. Los tribunales pueden intervenir cuando una detención vulnera la ley, cuando una persona tiene derecho a una audiencia o cuando una política administrativa entra en conflicto con la Constitución o con una norma federal.
El resultado es un pulso permanente entre la Casa Blanca, DHS, ICE, el Congreso, los tribunales y los estados.
ICE debe entenderse, por tanto, como una pieza de una maquinaria mucho mayor.
- CBP controla las fronteras y los puertos de entrada.
- USCIS gestiona solicitudes de residencia, ciudadanía, permisos de trabajo, asilo y otros beneficios migratorios.
- ICE se ocupa fundamentalmente de la aplicación interior, investigaciones y detención y expulsión.
- EOIR, dentro del Departamento de Justicia, administra los tribunales de inmigración.
- El Board of Immigration Appeals revisa determinados recursos.
- Los tribunales federales ejercen control judicial sobre las actuaciones gubernamentales.
- El Congreso legisla, financia y fiscaliza.
- Y el presidente y DHS determinan la orientación política y administrativa del sistema.
El tamaño actual del desafío
Las cifras permiten visualizar la magnitud del fenómeno. Decenas de miles de personas permanecen simultáneamente bajo custodia migratoria. Centenares de miles han sido expulsadas durante los últimos ejercicios fiscales. ICE ha ampliado su plantilla y su infraestructura. El Gobierno pretende alcanzar aproximadamente un millón de deportaciones anuales. Y la Administración ha conseguido financiación extraordinaria para sostener esa estrategia durante varios años.
Pero detrás de cada cifra existe un procedimiento individual.
Una persona detenida puede tener una orden de expulsión definitiva o estar todavía defendiendo su derecho a permanecer en Estados Unidos. Puede tener antecedentes penales o carecer de ellos. Puede solicitar asilo. Puede haber entrado recientemente o llevar años residiendo en el país. Puede tener hijos estadounidenses. Puede encontrarse pendiente de una decisión judicial.
Por eso, la cifra de deportaciones no equivale automáticamente a la cifra de inmigrantes «ilegales» que han sido expulsados sin más, del mismo modo que una detención de ICE no significa necesariamente que la persona vaya a ser finalmente deportada.
El ICE que deja Trump
A falta de cerrar definitivamente el ejercicio fiscal 2026, la transformación de ICE ya resulta evidente.
La agencia que comenzó como una de las piezas de la reorganización posterior al 11-S se ha convertido en el principal instrumento de aplicación interior de la política de deportaciones masivas de la Administración Trump.
Su capacidad de detención se ha multiplicado. Sus efectivos han aumentado. Sus presupuestos han crecido. El número de arrestos se ha disparado respecto a los niveles anteriores. Y las deportaciones han alcanzado cifras que vuelven a situar a Estados Unidos en el centro del debate mundial sobre políticas migratorias.
Pero la verdadera cuestión no es únicamente cuántas personas puede deportar ICE. La cuestión institucional es hasta dónde puede llegar una agencia federal cuando el presidente quiere acelerar las expulsiones, el Congreso proporciona los recursos, los tribunales cuestionan determinadas actuaciones y millones de personas se encuentran potencialmente afectadas por las nuevas prioridades de aplicación de la legislación migratoria.
En ese sentido, ICE no es solamente una agencia policial. Se ha convertido en uno de los principales escenarios donde se libra la batalla política, jurídica y constitucional sobre qué significa actualmente ser inmigrante en Estados Unidos.
Y los datos disponibles hasta septiembre de 2026 muestran que esa batalla está lejos de haber terminado: más de 350.000 expulsiones registradas ya en el ejercicio fiscal, alrededor de 65.000 personas bajo custodia en el verano, una capacidad de detención que se aproxima a 70.000 plazas y un objetivo político de alcanzar el millón de deportaciones anuales.
La cuestión pendiente será comprobar, cuando finalice el ejercicio fiscal el 30 de septiembre, cuántas personas habrá realmente detenido y expulsado ICE, cuántas tenían antecedentes penales, cuántas carecían de ellos, cuántas fueron deportadas a sus países de origen y cuántas a terceros países, y hasta qué punto los tribunales habrán frenado o modificado la estrategia diseñada por la Administración Trump.
Esas cifras permitirán medir con mucha mayor precisión si la promesa de la actual Casa Blanca de convertir Estados Unidos en una potencia de deportaciones masivas se ha traducido realmente en la mayor operación de expulsión de inmigrantes de la historia reciente del país.
Fuentes principales consultadas: ICE, Department of Homeland Security, Department of Justice/EOIR, U.S. Congress/Government Publishing Office, Congressional Budget Office, Reuters, Associated Press, ABC News y Deportation Data Project. Las cifras correspondientes a 2026 deben considerarse provisionales mientras no se cierre el ejercicio fiscal el 30 de septiembre y se publique la estadística consolidada.
