La sucesión de amenazas de bomba contra compañías aéreas y medios de comunicación europeos ha encendido las alarmas de seguridad en el continente. Desde comienzos de noviembre, decenas de vuelos comerciales han recibido avisos de explosivos que han obligado a activar protocolos de emergencia, desviar aeronaves, desplegar equipos especializados y, en algunos casos, movilizar aviones militares.
La campaña ha ampliado su alcance durante los últimos días. A las amenazas dirigidas contra aeronaves y aeropuertos se han sumado comunicaciones contra redacciones de medios de comunicación en Irlanda, Bulgaria y Reino Unido. Aunque hasta el momento no se han encontrado explosivos en los aviones afectados, ni se ha confirmado la existencia de un peligro material, las autoridades consideran que la sucesión de incidentes requiere una investigación internacional.
El fenómeno se ha intensificado especialmente entre el 2 y el 6 de noviembre. Según la información conocida hasta ahora, las amenazas del jueves 5 afectaron a más de dos docenas de vuelos, mientras que el viernes 6 se registraron nuevos avisos contra aeronaves y medios de comunicación. La identidad de los responsables y la relación entre los distintos mensajes siguen sin esclarecerse.
Madrid-Barajas, entre los aeropuertos afectados
España se encuentra entre los países afectados por esta oleada. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió varios avisos de bomba que obligaron a activar los protocolos de seguridad y a inspeccionar aeronaves.
El jueves 5 de noviembre, las alertas afectaron a cuatro vuelos. Dos aeronaves de Air Europa que cubrían rutas entre Madrid y París tuvieron que regresar a sus posiciones de estacionamiento, mientras que otros dos vuelos procedentes de Roma y Milán aterrizaron con normalidad. Los especialistas del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y NRBQ de la Guardia Civil inspeccionaron los aviones y los equipajes. Tras las comprobaciones, las amenazas fueron descartadas.
El gestor aeroportuario Aena confirmó también que las comunicaciones habían afectado a vuelos de Iberia y Air Europa. La actuación de los equipos de seguridad permitió descartar la presencia de explosivos y evitar consecuencias personales o materiales.
Decenas de vuelos afectados en Europa
La dimensión internacional de los avisos ha obligado a activar procedimientos de seguridad en numerosos países. El 5 de noviembre, al menos 27 aviones de pasajeros que sobrevolaban Europa tuvieron que aterrizar de emergencia o modificar sus itinerarios. Las incidencias afectaron a vuelos de aerolíneas como Ryanair, Aer Lingus, Wizz Air, Finnair, Iberia, Air Europa, LOT Polish Airlines, easyJet y Aegean Airlines.
Entre los casos más destacados figura un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma y que fue desviado a la base militar francesa de Évreux. La aeronave aterrizó con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Los equipos de artificieros inspeccionaron el avión sin encontrar objetos sospechosos.
También se registraron aterrizajes y desvíos en Bulgaria, República Checa, Italia, Francia, Bélgica, Austria, Polonia y Rumanía. En algunos casos, los vuelos fueron escoltados por cazas militares hasta su destino.
La Comisión Europea activó un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros para coordinar la respuesta ante la sucesión de alertas. Su comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, advirtió de que todavía era prematuro determinar si todos los incidentes estaban relacionados, pero subrayó que cualquier amenaza contra civiles resulta inaceptable.
Los medios de comunicación también se convierten en objetivo
La preocupación se ha extendido más allá del sector de la aviación. El viernes 6 de noviembre, varias redacciones europeas recibieron mensajes con amenazas de bomba que obligaron a activar medidas de seguridad.
La televisión búlgara Nova TV y la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ recibieron correos electrónicos que incluían referencias a una supuesta campaña contra Occidente. La redacción de RTÉ fue evacuada y su programación quedó temporalmente suspendida. La cadena británica Sky News también comunicó que había recibido una amenaza de seguridad.
Los mensajes se presentaban bajo el encabezamiento «Message to the West» —mensaje a Occidente— y anunciaban supuestos ataques contra medios de transporte europeos. Uno de ellos atribuía las comunicaciones a una persona identificada como «Mikhail Andropov».
Tampoco se ha confirmado que las amenazas contra los medios procedan de la misma fuente que los avisos dirigidos a las aerolíneas. La coincidencia temporal y el contenido de los mensajes han reforzado las sospechas sobre una posible campaña de intimidación, pero los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis.
¿Una campaña de guerra híbrida?
Uno de los principales interrogantes es si los avisos forman parte de una operación coordinada de guerra híbrida, una estrategia que combina acciones de presión, sabotaje, desinformación y perturbación de infraestructuras para debilitar la confianza en las instituciones y generar inestabilidad.
Algunos responsables europeos han relacionado este tipo de incidentes con las operaciones de desestabilización que atribuyen a Rusia desde el inicio de la guerra de Ucrania. Los países europeos han denunciado anteriormente sabotajes, ciberataques, incursiones de drones y otras acciones contra infraestructuras estratégicas.
Sin embargo, no existe por ahora una atribución oficial concluyente de las amenazas de bomba a Rusia ni a ningún otro Estado. Moscú ha rechazado las acusaciones de implicación en operaciones de sabotaje, y los investigadores no han identificado públicamente a los autores de esta oleada.
Las autoridades también contemplan la posibilidad de que los incidentes respondan a acciones individuales, imitadores o personas que aprovechan la repercusión de los primeros avisos para provocar nuevas perturbaciones. La coincidencia de los mensajes no permite, por sí sola, demostrar una coordinación centralizada.
Las amenazas falsas pueden resultar eficaces como instrumento de perturbación incluso cuando no existe un artefacto explosivo. Cada aviso obliga a las compañías aéreas y a las autoridades a evaluar el riesgo y, si procede, a activar procedimientos que pueden incluir desvíos, evacuaciones, inspecciones y despliegues policiales.
La repercusión económica también puede ser considerable. Un aterrizaje imprevisto implica costes de combustible, reorganización de rutas, asistencia a pasajeros, retrasos y posibles cancelaciones. A ello se suma la movilización de policías, especialistas en explosivos, servicios de emergencia y personal aeroportuario.
En el caso de los medios de comunicación, una amenaza puede obligar a evacuar instalaciones, interrumpir emisiones o suspender temporalmente la actividad informativa. La finalidad potencial no sería únicamente provocar una alarma, sino también afectar a la continuidad de servicios esenciales y alimentar la sensación de inseguridad.
Los especialistas advierten de otro riesgo: la repetición de falsas alertas puede generar una presión creciente sobre los sistemas de seguridad y aumentar la preocupación de pasajeros y trabajadores. No obstante, las autoridades mantienen que los protocolos deben aplicarse ante cualquier amenaza que no pueda descartarse de forma inmediata.
España ya ha detenido a dos sospechosos por amenazas contra aeropuertos
La actual oleada europea coincide con investigaciones policiales anteriores en España. El Ministerio del Interior informó el pasado 16 de octubre de la detención de dos jóvenes en Málaga y Murcia por su presunta implicación en varias falsas amenazas de bomba contra dos aeropuertos españoles.
Según la Policía Nacional, los investigados habrían utilizado datos identificativos de otra persona para registrarse en un servicio de telefonía por internet y realizar llamadas con el identificador telefónico falsificado. También habrían recurrido a herramientas de inteligencia artificial para distorsionar la voz.
La investigación analiza posibles delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos, así como una eventual relación con prácticas de hostigamiento digital conocidas como swatting, que consisten en provocar un despliegue policial mediante avisos falsos a los servicios de emergencia.
Interior subrayó que este tipo de comunicaciones no son bromas inocuas: pueden paralizar infraestructuras, retrasar vuelos y desviar recursos de emergencia que podrían ser necesarios para atender situaciones reales. La principal incógnita continúa siendo quién está detrás de los avisos y si existe una estructura organizada que coordine las amenazas contra aerolíneas, aeropuertos y medios de comunicación.
Los investigadores deben determinar el origen de los correos, quién controla las cuentas desde las que se enviaron y si los mensajes guardan relación entre sí. La utilización de identidades falsas, servicios de comunicación por internet y técnicas de ocultación puede dificultar la identificación de los responsables.
Por el momento, las autoridades europeas mantienen la investigación y la cooperación entre países. Aunque las amenazas conocidas no han culminado en el hallazgo de explosivos, la sucesión de incidentes demuestra que una falsa alerta puede convertirse en una operación de alto impacto sobre la seguridad, el transporte y la actividad informativa.
La prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de pasajeros, trabajadores y ciudadanos, al tiempo que se esclarece si la oleada responde a una campaña coordinada de intimidación o a una sucesión de amenazas independientes.
