Hasta el 23 de octubre está abierto el plazo de consulta pública ante la aprobación definitiva de la ley que regulará, por primera vez en Andalucía, la actividad de los detectives privados. Una región que acoge alrededor del 25% de los detectives privados ejercientes en España, lo que equivale a aproximadamente 500 profesionales.
Existen más de 200 despachos de detectives en Andalucía, una cifra significativa en comparación con otras regiones del país. La comunidad es también una de las principales en términos de formación académica para detectives privados, ya que seis de las diez universidades públicas ofrecen cursos especializados o másteres en investigación privada.
En 2024, Andalucía aprobó un decreto de simplificación administrativa que facilita la creación de un Colegio Profesional de Detectives Privados. Esta medida ha sido esperada durante años por el sector, ya que permitirá a los detectives organizarse mejor, luchar contra el intrusismo, promover códigos de ética profesional y mejorar la interlocución con las administraciones públicas.
Antes de este decreto, muchos detectives andaluces tenían que colegiarse en otras comunidades autónomas debido a la falta de un colegio propio. Con la creación del colegio profesional, se espera que mejoren las condiciones laborales y el reconocimiento de estos profesionales dentro del sistema judicial y empresarial. La realidad es que el colectivo de detectives en Andalucía está en expansión, y con la creación del colegio profesional, se prevé una mayor profesionalización y protección de los intereses del sector.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el artículo 79.3.b) que corresponden a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18ª de la Constitución, las competencias exclusivas sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación básica del Estado.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 10 los requisitos para la creación de nuevas corporaciones profesionales, que se realizará por ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas profesionales interesadas, siempre que se trate de una profesión que tenga titulación universitaria oficial o de una profesión cuyo ejercicio esté condicionado a la posesión de una determinada habilitación otorgada por la administración pública competente, así como que quede acreditada en el expediente de creación la concurrencia de razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión.
En desarrollo de la citada ley, el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, establece los requisitos y el procedimiento para la creación de los colegios profesionales.
Con el Anteproyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía se dará respuesta a la demanda de los profesionales que ejercen la profesión en la investigación privada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, colocándose así en igualdad de condiciones con otras profesiones liberales que sí cuentan con colegio profesional. De igual modo, se evitaría la marcha de los profesionales del sector a otras Comunidades Autónomas que ya cuentan con colegio.
Con la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, se conseguirá, además, según subraya la Junta, “una garantía de calidad y un mejor control en la prestación de los servicios profesionales relacionados con los servicios de investigación privada”.
Al mismo tiempo, se promoverá un mayor control y una actuación deontológica correcta, protegiéndose a la par los intereses de las personas consumidoras y usuarias respecto de los servicios prestados por las personas colegiadas.
Los objetivos de la norma son resolver la solicitud presentada por la Asociación de Detectives Privados de Andalucía, avanzar en la ordenación del ejercicio de la profesión en esa comunidad autónoma, dotar a los profesionales de la investigación privada ejercientes en Andalucía de un instrumento que defienda sus intereses y su representación, y contribuir a la protección de los intereses de los consumidores y usuarios respecto de los servicios prestados.
