Los secuestros masivos se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones armadas que operan en Nigeria y, dentro de este entramado, una facción de Boko Haram ha adquirido un protagonismo especialmente preocupante. Un informe de la consultora de inteligencia nigeriana SBM Intelligence revela que la facción Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad (JAS), vinculada a Boko Haram, habría concentrado aproximadamente el 90% de todo el dinero pagado en rescates por secuestros registrados en el país entre julio de 2025 y junio de este año.
El estudio, titulado The Capture of Nigeria’s Kidnap Economy, dibuja un escenario en el que el secuestro deja de ser únicamente una actividad criminal orientada a obtener ingresos inmediatos y se convierte en una herramienta de financiación de organizaciones terroristas. Durante los doce meses analizados fueron secuestradas 7.825 personas en Nigeria, un 66% más que en el periodo anterior, mientras que al menos 1.142 personas murieron en incidentes relacionados con los secuestros.
La cantidad total de rescates efectivamente pagados alcanzó los 7.780 millones de nairas, equivalentes a unos 5,8 millones de dólares. SBM Intelligence considera que la cifra probablemente sea superior, puesto que numerosos pagos no son comunicados públicamente por las familias de las víctimas o no pueden ser verificados de manera independiente.
Lo más llamativo del informe es la extraordinaria concentración de esos ingresos. La facción JAS de Boko Haram habría recibido alrededor de 7.000 millones de nairas, aproximadamente el 90% del total de los rescates cuya cuantía pudo ser documentada. El dinero procedería de únicamente ocho incidentes de secuestro, una proporción que evidencia la capacidad de las grandes operaciones de secuestro para generar enormes cantidades de recursos en muy poco tiempo.
Dos secuestros masivos explican por sí solos la mayor parte de ese flujo financiero. El primero se produjo en Ngoshe, en el estado de Borno, en abril de 2026, cuando 416 personas fueron capturadas. Según los datos recopilados por SBM Intelligence, los secuestradores exigieron un rescate de 5.000 millones de nairas, cantidad que finalmente habría sido abonada para conseguir la liberación de los cautivos.
El segundo gran episodio estuvo relacionado con el secuestro de 315 alumnos y trabajadores de la escuela St Mary’s School, en Papiri, en el estado de Níger. Las fuentes consultadas por SBM sitúan el rescate pagado en torno a los 2.000 millones de nairas. Sumados ambos episodios, los pagos alcanzarían aproximadamente los 7.000 millones de nairas, prácticamente la totalidad del dinero atribuido a la facción de Boko Haram durante el periodo estudiado.
El dato permite comprender por qué los grupos armados están recurriendo cada vez más a las operaciones de secuestro colectivo. En lugar de capturar a una sola persona y asumir el coste y el riesgo de una operación prolongada, las organizaciones pueden atacar escuelas, aldeas, carreteras o comunidades enteras y mantener cautivos a decenas o cientos de personas. La magnitud del botín potencial aumenta entonces de manera exponencial.
SBM Intelligence registró 1.713 incidentes de secuestro o relacionados con secuestros durante el periodo analizado. De los 1.411 incidentes de secuestro propiamente dichos, 396 fueron considerados secuestros masivos, al afectar a cinco o más personas. Estas operaciones concentraron 6.222 víctimas, aproximadamente el 79,5% de todas las personas secuestradas en Nigeria durante ese año.
El fenómeno tiene además una fuerte dimensión territorial. Aunque el noroeste de Nigeria registra un volumen especialmente elevado de secuestros perpetrados por bandas criminales y grupos armados, el noreste continúa siendo el principal escenario de actividad de Boko Haram y otras organizaciones yihadistas. De hecho, la facción JAS concentra su actividad en la zona donde el grupo mantiene históricamente sus principales redes y refugios.
Rescates suculentos
La utilización del secuestro como mecanismo de financiación supone una evolución especialmente peligrosa porque introduce un círculo económico perverso. Los rescates obtenidos permiten a las organizaciones armadas disponer de recursos para mantener sus estructuras, pagar a combatientes, adquirir equipamiento, garantizar su movilidad, establecer redes logísticas y reforzar su capacidad para realizar nuevas operaciones. Cada secuestro exitoso puede convertirse así en el capital necesario para preparar el siguiente.
La investigación de SBM muestra precisamente un cambio significativo en la denominada economía del secuestro. Mientras que la cantidad total exigida por los secuestradores descendió respecto al periodo anterior, el dinero que finalmente fue pagado se multiplicó. Las exigencias pasaron de unos 48.000 millones de nairas a aproximadamente 22.860 millones, pero los rescates efectivamente abonados aumentaron desde 2.560 millones hasta 7.780 millones de nairas. La tasa de cobro pasó del 5,35% al 34%.
La consecuencia es que el secuestro resulta cada vez más rentable para quienes consiguen ejecutarlo con éxito. Y cuando detrás de algunas operaciones se encuentran organizaciones terroristas como Boko Haram, el problema adquiere una dimensión que va mucho más allá de la delincuencia común.
La situación también está provocando un enorme impacto sobre las comunidades rurales y el sistema educativo. Las escuelas se han convertido en objetivos especialmente vulnerables porque permiten capturar a un elevado número de menores en una sola operación. El temor a nuevos secuestros está obligando a familias y comunidades a replantearse la asistencia escolar en determinadas zonas del país.
El problema se ha agravado hasta el punto de que las familias de niños secuestrados continúan protagonizando protestas para reclamar una respuesta más contundente del Gobierno. En el estado de Borno, por ejemplo, familiares de menores secuestrados en mayo de 2026 denunciaron recientemente que habían transcurrido casi cien días sin noticias claras sobre su paradero.
La dimensión humana de estas operaciones queda oculta tras las cifras económicas. Cada rescate millonario representa a cientos de familias sometidas a una presión extrema y obligadas, en algunos casos, a vender propiedades, pedir préstamos o recurrir a todos sus recursos para intentar recuperar a sus familiares. La incertidumbre y el miedo se convierten, además, en una herramienta de presión adicional sobre las autoridades.
El Gobierno nigeriano está intentando responder mediante operaciones militares y de inteligencia. En junio, por ejemplo, las fuerzas de seguridad anunciaron el rescate de 360 mujeres y niños que se encontraban retenidos en un enclave de la facción JAS de Boko Haram en las montañas Mandara. El Gobierno del estado de Borno negó que se hubiera pagado un rescate y aseguró que la liberación fue resultado de una operación basada en inteligencia y ejecutada por las fuerzas militares.
Pero las operaciones de rescate no resuelven por sí mismas el problema financiero. Mientras los grupos armados puedan convertir a los civiles secuestrados en una fuente de ingresos, cada operación exitosa mantiene vivo el incentivo para repetirla. Por ello, los expertos consideran necesario atacar también las redes económicas que permiten recibir, ocultar y utilizar el dinero procedente de los rescates.
La crisis tampoco se limita a Boko Haram. Nigeria soporta una compleja combinación de amenazas que incluye grupos yihadistas, organizaciones criminales, bandas dedicadas al secuestro y otros grupos armados. En muchas ocasiones resulta difícil establecer una frontera nítida entre criminalidad organizada y violencia insurgente, especialmente en regiones donde las organizaciones pueden cooperar, intercambiar recursos o utilizar métodos similares.
La magnitud de las cifras explica la preocupación de las autoridades. En un solo año, 7.825 personas fueron secuestradas y al menos 1.142 murieron, mientras que los pagos de rescate documentados superaron los 7.700 millones de nairas. El incremento del 66% en el número de víctimas respecto al periodo anterior muestra que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido frenar de manera suficiente la expansión de esta economía criminal.
Boko Haram, el paradigma
El caso de Boko Haram resulta especialmente significativo porque demuestra cómo una organización terrorista puede utilizar una actividad tradicionalmente asociada al crimen organizado para financiar su estructura insurgente. El secuestro deja de ser entonces un objetivo en sí mismo y se transforma en una herramienta financiera: los cautivos se convierten en activos económicos y su liberación, en una transacción destinada a proporcionar recursos a una organización armada.
Nigeria se enfrenta así a un problema de seguridad que combina terrorismo, delincuencia organizada y una economía clandestina cada vez más sofisticada. La lucha contra Boko Haram no pasa únicamente por recuperar territorios o eliminar combatientes. También exige cortar las fuentes de financiación que permiten a sus facciones mantener sus estructuras y reproducir sus operaciones.
El mensaje que dejan los datos de SBM Intelligence es especialmente preocupante: dos secuestros masivos pueden generar para una facción terrorista una cantidad de dinero equivalente a casi todo el rescate documentado en Nigeria durante un año. Mientras las organizaciones armadas puedan obtener beneficios multimillonarios de la captura de civiles, el secuestro continuará siendo una poderosa herramienta de financiación y una de las principales amenazas para la seguridad y la estabilidad de amplias zonas del país.
