En el Sahel, de un tiempo a esta parte, se dan la mano el terrorismo, el tráfico de personas, la minería ilegal, los secuestros y el contrabando. El documento ‘Terrorismo, Crimen Organizado e Inestabilidad Regional en el Sahel y África Occidental‘, elaborado bajo la dirección e investigación de Ana Aguilera y la coordinación de Carlos Igualada, traza un panorama de creciente convergencia entre las organizaciones yihadistas, las redes criminales transnacionales y los flujos migratorios en una región que se ha convertido en uno de los principales focos de inseguridad del planeta.
El estudio sostiene que la violencia en el Sahel ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente ideológico o religioso para transformarse en una compleja economía ilícita en la que el terrorismo, el tráfico de personas, la minería ilegal, los secuestros y el contrabando forman parte de un mismo ecosistema criminal.
Los autores describen cómo organizaciones vinculadas a Al Qaeda y al Estado Islámico han evolucionado desde estructuras centradas en la insurgencia hacia auténticas redes híbridas capaces de explotar las debilidades estatales y controlar las economías informales. En este contexto, grupos como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) y Estado Islámico del Sahel han desarrollado modelos de financiación cada vez más sofisticados, en los que la violencia y la actividad económica ilegal aparecen íntimamente ligadas.
Uno de los fenómenos más relevantes señalados por el informe es la creciente participación de las organizaciones yihadistas en las rutas migratorias que atraviesan el Sahel. El documento explica que, tras la derogación en noviembre de 2023 de la legislación nigerina que penalizaba el tráfico de migrantes, el tránsito por Agadez experimentó un fuerte incremento durante 2024, favoreciendo el resurgimiento de las redes de passeurs y aumentando al mismo tiempo los beneficios de los grupos armados que controlan los corredores del desierto.
La región de Liptako-Gourma, situada entre Mali, Burkina Faso y Níger, aparece identificada como uno de los principales epicentros de esta economía criminal. Allí, JNIM ha logrado insertarse en las cadenas de suministro ilícitas ofreciendo protección a traficantes y comerciantes a cambio de impuestos y peajes. El estudio destaca que, en algunos casos, los grupos yihadistas son percibidos por los propios contrabandistas como una autoridad más eficaz y menos corrupta que las estructuras estatales desplazadas por la violencia.
Los investigadores señalan que la organización dirigida por Iyad Ag Ghaly ha convertido las rutas migratorias en una importante fuente de ingresos. Los traficantes malienses llegan a cobrar entre mil y dos mil quinientos euros por trasladar a un migrante desde Mali hasta la frontera argelina, mientras que JNIM impone una tasa de protección cercana a los trescientos euros por persona en los territorios bajo su control. El asedio de Tombuctú iniciado en 2023 es presentado como un ejemplo de cómo el bloqueo territorial sirve no sólo para debilitar al Gobierno maliense, sino también para obligar a comerciantes y viajeros a depender de las rutas controladas por los yihadistas.
La derogación de la ley contra el tráfico de migrantes en Níger, decidida por la junta militar surgida tras el golpe de Estado contra Mohamed Bazoum, transformó radicalmente el equilibrio existente. Las tarifas desde Agadez hasta Libia se abarataron, pero el informe advierte de que la violencia y la explotación aumentaron considerablemente en los tramos posteriores del trayecto. Al mismo tiempo, la inseguridad se agravó en el norte del país, donde combatientes chadianos y grupos afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico incrementaron los ataques y las extorsiones.
Libia aparece descrita como una de las principales plataformas del tráfico humano hacia Europa. Allí, redes tribales tuareg y tubu controlan las rutas procedentes del Sahel, mientras organizaciones criminales procedentes de Nigeria y Ghana explotan a los migrantes mediante sistemas de servidumbre por deuda. Un panel internacional citado en el informe identificó la presencia de estas redes en al menos diecisiete países y documentó prácticas sistemáticas de engaño, explotación y abuso.
Especialmente dramática resulta la situación en ciudades como Sebha, Murzuq, Ubari o Bani Walid. Según las organizaciones internacionales, el 76 % de los hombres, el 67 % de las mujeres y el 77 % de los menores que atraviesan Libia sufren formas de explotación equivalentes a la trata de seres humanos. Bani Walid se ha convertido en un auténtico centro de secuestros, donde las víctimas son torturadas mientras sus captores envían vídeos a las familias para exigir rescates.
Explotación humana
El informe dedica un amplio espacio a Burkina Faso, convertido, según sus autores, en un laboratorio donde confluyen terrorismo, minería ilegal y trata de personas. El auge de la minería artesanal del oro ha favorecido la aparición de redes que captan fraudulentamente a mujeres y niñas, especialmente nigerianas, con falsas ofertas de empleo para someterlas posteriormente a explotación sexual y servidumbre en campamentos mineros situados en zonas donde el Estado apenas tiene presencia. La corrupción y la impunidad institucional agravan el problema, hasta el punto de que nueve de cada diez traficantes condenados reciben penas suspendidas total o parcialmente.
El área del lago Chad constituye otro de los grandes focos de preocupación. Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) representan, según el documento, los ejemplos más extremos de integración de la explotación humana en las estructuras yihadistas. Ambos grupos mantienen prácticas sistemáticas de secuestro, reclutamiento forzoso y utilización de niños soldados desde edades tan tempranas como los doce años. Los menores son empleados como cocineros, mensajeros, espías, combatientes e incluso terroristas suicidas en Nigeria, Camerún y Chad.
El estudio presta especial atención a la violencia ejercida contra las mujeres. Investigaciones citadas por los autores muestran cómo Boko Haram institucionalizó los matrimonios forzados, llegando a emitir ultimátums en determinadas comunidades según los cuales las jóvenes debían casarse en un plazo de tres días bajo amenaza de ejecución. Estos matrimonios no solo proporcionan una recompensa a los combatientes, sino que también constituyen una herramienta para controlar a las comunidades sometidas.
Los secuestros con fines económicos siguen representando una importante fuente de financiación para Al Qaeda y sus filiales. Entre 2017 y 2023, JNIM fue responsable de 845 de los 1.100 secuestros registrados en Mali, Burkina Faso y Níger. Aunque los rescates de ciudadanos occidentales proporcionan grandes cantidades de dinero, la mayor parte de la actividad reciente se concentra en secuestros locales destinados tanto a obtener recursos como a sembrar el miedo entre las poblaciones.
Los investigadores sostienen que la explotación humana en las zonas bajo control yihadista trasciende el mero interés económico y constituye un mecanismo de reorganización social. El reclutamiento de menores, los matrimonios forzados y la utilización de mano de obra cautiva destruyen las estructuras familiares tradicionales y dificultan cualquier futuro proceso de reconciliación. Las víctimas terminan participando en ocasiones en la violencia ejercida contra sus propias comunidades, alimentando un círculo vicioso extremadamente difícil de romper.
Una de las conclusiones más inquietantes del informe es que las fronteras entre migrante económico, desplazado por el conflicto y combatiente en movimiento se han vuelto cada vez más difusas. Las mismas rutas utilizadas por quienes huyen de la violencia son aprovechadas por traficantes, grupos armados y organizaciones terroristas, configurando un entramado en el que los flujos humanos, la criminalidad y la insurgencia se entremezclan de manera casi inseparable.
El estudio concluye que el Sahel y África Occidental se han convertido en un escenario donde la debilidad estatal, la pobreza, el cambio climático, las rivalidades geopolíticas y las economías ilícitas alimentan una espiral de violencia con repercusiones que trascienden las fronteras africanas. Para los autores, la amenaza ya no puede entenderse únicamente en términos de terrorismo, sino como una crisis multidimensional en la que crimen organizado, migración irregular, trata de personas e insurgencia yihadista forman parte de una misma realidad que afecta tanto a África como a Europa.
