Durante tres décadas, la arquitectura de seguridad internacional dio por hecho que el Estado conservaba, con mayor o menor eficacia, el monopolio de la fuerza dentro de sus fronteras. Esa premisa ordenó la cooperación al desarrollo, la doctrina de los organismos multilaterales y hasta la forma en que las agencias de calificación y las cancillerías clasifican el riesgo de un país, pero esa premisa era falsa en amplias zonas del planeta.
Su coste se ha acumulado hasta convertirse en una variable estratégica de primer orden: organizaciones criminales que cobran tributos, controlan puertos, administran justicia sumaria y condicionan elecciones. La literatura especializada lo llama “gobernanza criminal”, y su existencia nos obliga a replantearnos qué entendemos por Estado viable.
En ese escenario, El Salvador se ha convertido en una prueba de concepto. El argumento de este artículo no es que su modelo sea universalmente replicable ni que carezca de riesgos. Es que alteró el menú de opciones estratégicas disponibles: demostró que la recuperación territorial es posible en un horizonte de pocos años y que produce un dividendo económico medible. Lo que importa ahora es qué componentes se transfieren, bajo qué condiciones y cómo se vería un mundo que los adopte.
I. Ingeniería de una recuperación
El punto de partida fue extremo. En 2015 El Salvador registró 6.656 homicidios, una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes. Según las cifras oficiales, la serie posterior es de 495 homicidios en 2022, 154 en 2023, 114 en 2024 y 82 en 2025, lo que equivale a una tasa de 1,3, la más baja de todo el continente americano. Más relevante que el dato es la mecánica que lo produjo, porque es ahí donde reside lo exportable.
La estrategia operó en cuatro capas. La primera fue la neutralización masiva de la estructura criminal bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspendió garantías procesales y permitió detenciones a gran escala sobre mandos, logística y bases operativas. La segunda fue la capacidad de custodia: una infraestructura penitenciaria diseñada para aislar totalmente a los líderes y cortar su capacidad de dirigir desde dentro, con una mega cárcel de capacidad declarada de 40.000 reclusos que se convirtió en un símbolo por el modelo. La tercera fue el ciclo investigativo y judicial: el Gobierno sostiene que el 100 % de los homicidios de 2025 está resuelto, frente a una impunidad que se acercaba al 97 % en el pasado. La cuarta fue la presencia territorial permanente de policía y Fuerza Armada en los espacios que las maras habían ocupado.
El efecto económico se explica por un mecanismo concreto. La extorsión funciona como un impuesto regresivo y arbitrario sobre el comercio de barrio, el transporte y la microempresa. Eliminarlo libera caja y capacidad de inversión justo donde el tejido productivo es más débil. Las estimaciones de la época situaban el coste económico de la violencia en dos dígitos del PIB, y recuperar una fracción de esa cifra equivale a un estímulo fiscal que ningún presupuesto habría financiado.
Los indicadores posteriores son consistentes con esa lectura. La economía creció en torno al 3,9 % en 2025 y un 4,8 % en el primer trimestre de 2026. El país recibió 4,1 millones de visitantes internacionales en 2025, con unos 3.600 millones de dólares en divisas, y las llegadas del primer trimestre de 2026 han sido un 34 % superiores a las del año anterior. La inflación se mantuvo cerca del 1 %. El Estado firmó en febrero de 2025 un programa de 1.400 millones de dólares con el FMI, aprobó un presupuesto sin nueva deuda para gasto público y acumuló reservas de unos 5.100 millones a abril de 2026. La pobreza monetaria cayó un 14,5 % en 2025 según la encuesta oficial de hogares.
Un análisis serio debe consignar también lo que el modelo no ha resuelto. La deuda pública, con pensiones, ronda el 87 % del PIB según la CEPAL. Las remesas, casi 10.000 millones de dólares en 2025, equivalen a cerca del 24 % del producto y siguen siendo el verdadero pilar de la balanza externa. La inversión extranjera directa no ha respondido a la mejora de seguridad con la intensidad esperada, y el desempleo ha subido. Además, las estadísticas de homicidios son oficiales y su desagregación está restringida desde 2022: un recuento de Diario El Mundo contó 67 casos, frente a los 82 del Gobierno. La seguridad está demostrada en su orden de magnitud. La prosperidad está en curso y su sostenibilidad está por demostrar.
II. El vacío de mandato: por qué el sistema internacional llegó tarde
Hay una razón estructural por la que el multilateralismo reaccionó con lentitud ante el caso salvadoreño y con rapidez ante el régimen de excepción. El sistema internacional de derechos humanos fue construido para limitar al poder público: sus tratados, relatores y mecanismos de queja presuponen que el agresor es el Estado. Un actor que mata, extorsiona y recluta sin ostentar autoridad formal cae fuera de su diseño. No existe una convención que obligue a un grupo criminal a rendir cuentas por la suspensión de derechos de una comunidad entera, ni un relator con mandato para cuantificar cuántos habitantes de un barrio vivieron bajo un toque de queda impuesto por una pandilla.
El resultado fue una asimetría de atención difícil de defender. Durante años, miles de homicidios anuales en el Triángulo Norte de Centroamérica no activaron misiones, sesiones extraordinarias ni condicionalidad financiera de Organismo Internacional alguno. Cuando el Estado recuperó el territorio con medios excepcionales, el aparato multilateral sí que se movilizó con celeridad. La vigilancia sobre el abuso estatal es legítima y necesaria: las denuncias sobre detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia exigen investigación independiente. Pero un sistema que fiscaliza la respuesta y no dispone de instrumentos para la causa pierde toda su credibilidad ante las poblaciones afectadas, que son quienes deciden en las urnas.
Esta brecha de mandato tiene consecuencias geopolíticas. Cada vez que un gobierno con electorado exhausto elige la vía excepcional, lo hace con la convicción de que el marco multilateral no ofrece alternativa operativa. La cooperación basada en prevención tiene horizontes de una generación. Un alcalde amenazado por las extorsiones necesita resultados en dieciocho meses. Mientras esa discrepancia temporal no se resuelva con instrumentos creíbles, el atractivo de las soluciones de fuerza seguirá creciendo, con independencia de lo que digan los comunicados.
III. El giro hemisférico: tres causalidades distintas
Tratar el cambio político americano como un bloque homogéneo es un error analítico. Los giros recientes responden a tres lógicas diferentes que a veces se solapan.
La primera es de seguridad. Ecuador pasó en pocos años de ser un país relativamente tranquilo a convertirse en plataforma del narcotráfico atlántico, con sus puertos, cárceles y política penetrados. Noboa declaró un conflicto armado interno en 2024 y fue reelegido en 2025. Es el caso más importante para evaluar la exportabilidad del modelo salvadoreño, y por eso conviene decir con precisión que todavía no ha reproducido resultados comparables: el crimen ecuatoriano está más fragmentado, es más transnacional y se financia con rentas mucho mayores. Costa Rica y Honduras, y en otro registro Chile, muestran la misma demanda en contextos institucionales muy distintos.
La segunda es macroeconómica. Argentina y Bolivia no cambiaron de rumbo por inseguridad, sino por agotamiento del modelo de gasto y control de cambios. La inflación crónica, la escasez de divisas y el deterioro fiscal acabaron con ciclos políticos que fingidamente parecían estables. Milei y la alternancia boliviana comparten con el giro de seguridad un rasgo: el elector castiga la gestión, no la etiqueta.
La tercera es la fatiga post-bolivariana. Venezuela fue el experimento completo: un país con las mayores reservas de crudo del planeta que acabó con hiperinflación, colapso de su industria petrolera, escasez generalizada y uno de los mayores éxodos del planeta de la historia reciente. El efecto de demostración sobre el resto del continente es enorme porque es visible: millones de migrantes en ciudades de toda la región sirven de argumento permanente contra la fórmula. Un modelo que dependía de renta petrolera para financiar su relato se quedó sin renta y sin relato.
A estas tres causas se suma un factor externo decisivo: el endurecimiento de la política hemisférica de Estados Unidos. La designación de organizaciones criminales como terroristas extranjeras, la cooperación penitenciaria con El Salvador y la presión diplomática y militar sobre Caracas desde 2025 han reducido el margen de maniobra de los actores ilícitos y de los gobiernos que los toleraban. Washington ha pasado de tratar el crimen organizado latinoamericano como asunto policial a tratarlo como asunto de propia seguridad nacional y esa reclasificación ha cambiado los incentivos de todos los gobiernos de la región.
IV. Geoeconomía de la seguridad: puertos, cadenas de suministro y competencia entre potencias
La seguridad interna se ha convertido en un factor de competitividad geoeconómica. El proceso de relocalización de cadenas de suministro hacia el hemisferio occidental, el llamado nearshoring, depende de condiciones que ninguna ventaja fiscal compensa: logística fiable, ausencia de extorsión sobre la carga, continuidad operativa y personal que pueda desplazarse sin riesgo. Un país que ofrece aranceles bajos, pero carga robada en carretera pierde la inversión frente a otro que ofrece menos incentivos y más certidumbre.
Los puertos son el punto de intersección. Por ellos transita el comercio legítimo y también la cocaína con destino a Europa a través de Amberes y Róterdam, de modo que un puerto penetrado por redes criminales es a la vez un problema de seguridad, un riesgo de reputación aduanera y una amenaza a la integración en cadenas globales. El caso ecuatoriano lo ilustra: el principal puerto del Pacífico sudamericano ha sufrido durante años la infiltración de las exportaciones de banano y contenedores por parte de carteles.
Hay además una dimensión de competencia entre potencias. China ha ganado presencia en la infraestructura logística del hemisferio, y el puerto de Chancay en Perú, inaugurado a finales de 2024, es su expresión más visible. Su oferta se caracteriza por inversión rápida y ausencia de condicionalidad política. Estados Unidos responde con una oferta distinta: acceso a mercado y cooperación en seguridad a cambio de alineamiento. En ese tablero, un Estado capaz de garantizar control territorial y previsibilidad se convierte en socio valioso para ambos bloques, y uno que no puede hacerlo se convierte en espacio de influencia ajena y en fuente de riesgo para sus vecinos. La seguridad pasa a ser moneda de negociación diplomática.
La implicación para los gobiernos medianos es directa: la recuperación del territorio no es solo una política doméstica, sino un activo de política exterior. Quien la logra negocia con más margen y quien no, delega parte de su soberanía a quienes cobran por protegerlo.
V. La exportación del modelo: condiciones de transferibilidad
La pregunta que se hacen hoy los ministerios de interior de medio mundo es si la fórmula salvadoreña se puede trasladar. La respuesta técnica exige separar lo que es estructural de lo que es contingente.
El caso salvadoreño reunía condiciones favorables poco frecuentes. Era un país pequeño y denso, con un territorio limitado y una población concentrada. Las maras eran organizaciones jerárquicas y territorialmente fijas, cuyo sustento principal era la extorsión local más que el tráfico transnacional, de modo que la decapitación de sus estructuras tenía un efecto directo sobre su capacidad de operar. Además, un liderazgo político con alta aprobación y control sobre los poderes del Estado pudo ejecutar la estrategia sin fricción institucional, y la dolarización eliminó parte del riesgo macroeconómico asociado al esfuerzo fiscal.
Estas condiciones no se dan en otros escenarios. México enfrenta organizaciones fragmentadas, con ingresos transnacionales cuantiosos y capacidad de corrupción a gran escala, y una geografía y una demografía de otro orden. Brasil tiene redes criminales que operan desde el interior de las cárceles. Colombia arrastra décadas de conflicto armado con múltiples actores. Haití, donde las bandas controlan buena parte de la capital, plantea otro problema: no existe un Estado con capacidad para recuperar nada sin apoyo exterior.
Fuera del hemisferio, el tipo de problema cambia, pero la pregunta persiste. En África occidental, el corredor de la cocaína erosiona a Estados frágiles que carecen de capacidad penitenciaria y judicial. En los Balcanes, el crimen organizado opera como plataforma logística hacia la Unión Europea. En Europa occidental, ciudades como Marsella o Estocolmo han vivido ciclos de violencia entre bandas que desafían la narrativa de que el problema es exclusivo del Sur. En Asia, el recuerdo de la guerra antidrogas filipina sirve de advertencia: la mano dura sin capacidad investigativa ni control institucional produce violencia estatal sin desmantelar las redes.
De ese contraste emerge la regla central de transferibilidad. Lo que se exporta con mayor facilidad no es la dureza, sino la secuencia: inteligencia sobre la estructura criminal, capacidad penitenciaria antes que detenciones masivas, ciclo judicial que sostenga los casos y depuración de las instituciones que protegían a las redes. Los países que copien únicamente la parte visible, la fuerza, sin construir la parte invisible, el sistema de justicia y la inteligencia financiera, reproducirán el costo político sin el beneficio operativo real. Ese es el riesgo de que el modelo se convierta en una moda retórica antes de ser una política, como ya ha sucedido en algunos países.
VI. Escenarios a 2030
Proyectar a cuatro años exige distinguir lo probable de lo deseable y así me arriesgaría a esbozar tres trayectorias para El Salvador, cada una con implicaciones también para el resto del mundo.
Consolidación. La seguridad se convierte en inversión: el flujo de capital extranjero responde, la deuda se estabiliza gracias al programa con el FMI, el turismo se diversifica más allá del surf y la costa, y el crecimiento deja de depender de forma tan marcada de remesas y obra pública. En este escenario, El Salvador deja de ser un caso de seguridad para convertirse en un caso de desarrollo, y su legitimidad internacional crece a medida que el régimen de excepción se institucionaliza dentro de un marco jurídico estable. Sería el argumento más potente a favor de la exportación.
Estancamiento. La seguridad se mantiene, pero la economía no logra superar su dependencia de las remesas y del gasto público. El ajuste fiscal pactado limita la inversión, la inversión extranjera sigue por debajo del potencial y la población, una vez normalizada la paz, empieza a exigir empleo y salarios con la misma intensidad con que antes exigía seguridad. El modelo seguiría siendo un éxito policial, pero perdería capacidad de seducción como paradigma de desarrollo.
Fractura. El régimen de excepción se prolonga sin un marco que lo limite, la concentración de poder genera tensiones institucionales, las obscenas denuncias internacionales de abusos escalan hasta tener consecuencias en el acceso a financiamiento o en las relaciones con socios clave, y las organizaciones criminales se reconfiguran o se desplazan a países vecinos. Un cambio de prioridades en Washington o una crisis fiscal agravarían este escenario.
Cuatro indicadores nos permitirán entonces saber hacia cuál se inclina la balanza: la evolución de la inversión extranjera directa y su composición sectorial; la trayectoria de la deuda y el cumplimiento de las metas del FMI; la disponibilidad de datos de homicidios y de encuestas de victimización verificables por terceros y; la existencia de una salida jurídica ordenada del régimen de excepción.
El calendario electoral del hemisferio añade una segunda variable. Los comicios de 2026 y 2027 serán la ventana en la que otros gobiernos pongan a prueba sus propias versiones de la fórmula. Si Ecuador, Honduras o Costa Rica logran reducciones sostenidas de violencia con instituciones más complejas, el modelo habrá demostrado su capacidad de adaptación. Si fracasan, habrá que estudiar los motivos reales, pues El Salvador se quedará como una singularidad centroamericana.
Conclusión: la prueba westfaliana del siglo XXI
El orden internacional contemporáneo descansa sobre una convención elemental: cada Estado controla su territorio. Esa convención ha dejado de cumplirse en ya demasiados lugares en todos los hemisferios, y el caso salvadoreño ha introducido en el debate global algo que la cooperación tradicional no ofrecía: la prueba de que el control puede restablecerse en plazos políticamente relevantes.
La consecuencia estratégica es una bifurcación. Por un lado, los Estados que recuperen el monopolio de la fuerza y lo conviertan en capacidad económica, de modo que la seguridad sea un activo que atraiga inversión, turismo y alianzas. Por otro, los que renuncien a ese monopolio, formal o tácitamente, y terminen delegando buena parte de su soberanía en actores criminales, en potencias extranjeras que ofrezcan protección a cambio de influencia, o en ambos. La competencia entre bloques se librará en parte en esa frontera, y los gobiernos medianos tendrán que elegir de qué lado de ella desean estar.
El desafío para quienes admiren el modelo es no confundir el síntoma con la causa. La disciplina que lo hizo posible fue una secuencia técnica sostenida durante años, con costes políticos y jurídicos que conviene evaluar con rigor. Los países que la reproduzcan sin sus condiciones previas pagarán esos costes sin cosechar sus beneficios. Y quienes la rechacen por principio deberán ofrecer una alternativa que funcione en el horizonte temporal que los electores exigen. De esa disputa saldrá, en buena medida, la configuración de la seguridad internacional de las próximas dos décadas.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
