En España, los incendios forestales han dejado un reguero silencioso de muertos que rara vez ocupa titulares más allá de los picos del verano. Si acotamos el foco a los últimos 25 años —del año 2000 al 2024, para evitar la distorsión de 2025, aún en curso— las cifras disponibles permiten afirmar, con base en fuentes oficiales y estudios académicos, que el balance acumulado supera holgadamente el centenar de víctimas mortales y se sitúa, con prudencia estadística, en el entorno de las 130 a 140 muertes.
Esta horquilla procede de sumar los totales documentados para 2000-2018 por la literatura técnica y los recuentos oficiales difundidos desde 2019, incluyendo el repunte de 2022. No existe un único parte nacional que publique de forma histórica y consolidada un total cerrado año a año, por lo que la estimación más responsable integra y contrasta varias fuentes primarias.
El tramo central de ese cuarto de siglo está particularmente bien estudiado. Un trabajo presentado en el 8º Congreso Forestal Español, elaborado por personal investigador de la Universidad Politécnica de Madrid junto con la administración central, analizó todos los incendios con víctimas mortales entre 1999 y 2018 y cifró el total en 121 fallecidos.
El estudio, además, desglosa patrones que ayudan a entender cómo se pierde la vida en un incendio forestal en nuestro país: el 56% de las muertes se produjeron durante labores de extinción; el 28% afectaron a población no interviniente (residentes o personas sorprendidas por el fuego); y el 16% fueron pilotaje o tripulaciones de aeronaves siniestradas.
Por causas inmediatas, los atrapamientos por las llamas explican casi la mitad de los fallecimientos (49%), seguidos por accidentes aéreos (28%), accidentes con vehículos terrestres (14%) y otras causas (9%). Este retrato, construido sobre partes oficiales de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), constituye el sustrato empírico más sólido del que disponemos para el periodo reciente.
Ese mismo registro académico permite poner nombre a los años más trágicos desde 2000: 2005 quedó marcado por la muerte de 11 bomberos forestales en la Riba de Saelices (Guadalajara), dentro de un balance anual de 19 víctimas; 2011 dejó 12 fallecidos, con el accidente del helicóptero del operativo aragonés camino de un conato en Teruel; 2003 y 2009 sumaron 11 muertos cada uno, el primero con un drama familiar en Sant Llorenç Savall y el segundo con, entre otros, un siniestro de helicóptero en Mollet del Vallès.
Si avanzamos hacia la parte final de la serie, las cifras de “lo que va de siglo” difundidas por Protección Civil, como fuente principal, un total de 127 fallecidos se cuentan desde 2000 hasta el 20 de julio de 2022 (fecha en la que ya se computaban dos muertos del incendio de Losacio, Zamora). A partir de ese corte, el propio 2022 cerró con cuatro víctimas mortales atribuidas a los grandes fuegos del año negro de la superficie quemada; por tanto, el total “desde 2000” creció al menos en dos más al cierre de ese ejercicio.
La fotografía de 2022 es importante porque revela que, incluso en un año con el mayor impacto territorial de las últimas décadas, la mortalidad puede mantenerse relativamente contenida respecto a los picos de los 2000, aunque con una distribución geográfica muy concentrada (Zamora fue el epicentro humano del desastre).
En 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024 los balances anuales de víctimas fueron bajos en comparación con los años pico del primer decenio del siglo, pero no nulos. La serie desglosada que maneja Protección Civil recoge que hubo un único fallecido en 2019 y 2021, mientras que 2020–2024 acumulan, en conjunto, al menos 14 muertes (dentro del total de 19 desde 2020 hasta comienzos de julio de 2025, dato útil para acotar los años inmediatamente anteriores).
En 2021, por ejemplo, un bombero de 44 años perdió la vida en el incendio de Sierra Bermeja (Málaga). Esta franja reciente confirma una tendencia a menos incidentes mortales por año —fruto de mejoras operativas, profesionalización y procedimientos— pero con episodios puntuales de alta letalidad ligados a aeronaves o a cambios bruscos de comportamiento del fuego.
¿Y por qué no dar un número único y cerrado para 2000-2024? Porque la estadística oficial española (EGIF) publica con retraso y en forma de avances e informes anuales que no siempre integran, de cara al gran público, un sumatorio histórico de víctimas; a ello se suma que los recuentos mediáticos de “lo que va de siglo” se van actualizando dentro del propio año, con el riesgo de mezclar corte temporal y ejercicios incompletos.
Aun así, tomando el hito de 127 muertos (hasta el 20/07/2022), añadiendo las dos muertes adicionales registradas después en ese mismo 2022, y agregando los bajos pero no nulos registros de 2023 y 2024, el orden de magnitud más honesto y sustentado para 2000-2024 es el citado intervalo de 130–140 víctimas.
Es una estimación conservadora basada en fuentes oficiales y académicas que evita inflar el total con datos parciales de 2025, un año en el que, a 12 de agosto, ya se contaban al menos cinco fallecidos por incendios forestales, lo que confirma que 2025 no es un ejercicio comparable con los inmediatamente anteriores.
Más allá del contador, el perfil de las víctimas ayuda a comprender dónde están los riesgos letales. La investigación 1999-2018 ya citada muestra que dos de cada tres muertes se producen dentro del operativo (retén de tierra, brigadas helitransportadas, pilotos, conductores de autobomba), con especial incidencia en accidentes aéreos y atrapamientos durante cambios súbitos del viento o fenómenos convectivos (lo que la literatura denomina “columnas de fuego” o piroconvección).
Entre la población civil, las muertes suelen darse en la interfaz urbano-forestal (WUI), cuando vecinos tratan de proteger viviendas, rescatar animales – el último caso se ha dado en el incendio de Tres Cantos con una víctima mortal- o huir por barrancos y pistas sin salida; también se registran accidentes en rastrojos y quemas agrícolas mal gestionadas. La mejora de los avisos de evacuación, la planificación de autoprotección y los cordones de seguridad en el WUI han contribuido a contener la mortalidad civil, aunque episodios como Zamora en 2022 recuerdan que el riesgo nunca es cero cuando coinciden sequía, calor extremo y viento.
El mapa temporal deja, además, algunos símbolos que han quedado grabados en la memoria operativa del país. El 17 de julio de 2005 en Guadalajara fue el punto de inflexión que impulsó cambios de calado en la organización y medios, y es recurrentemente señalado como “el incendio más mortal del siglo”.
La herencia institucional de aquella tragedia permite hoy protocolos más estrictos, profesionalización autonómica y un despliegue más robusto en campañas críticas. Aunque ningún cambio normativo borra el riesgo inherente, sí ha reducido la frecuencia de siniestros con víctimas múltiples dentro de los operativos.
El año 2022 —el peor en superficie calcinada del siglo— sirve para matizar una idea extendida: más hectáreas no siempre significan más muertos. El contraste entre el descomunal impacto territorial y el número final de víctimas (cuatro) ilustra el efecto de operativos más potentes, coordinación interadministrativa y apoyos europeos que hoy permiten grandes despliegues en tiempo récord.
La clave, reiteran WWF y los propios servicios de emergencia, está en prevenir: gestión del combustible (mosaicos y silvicultura preventiva), vigilancia en episodios de riesgo meteorológico extremo y ordenación del territorio en la WUI para reducir la exposición de viviendas y explotaciones.
Por último, una advertencia metodológica es que la mortalidad por incendios no se limita a los forestales. Los informes de víctimas por “incendios” en general (domésticos, industriales, urbanos) presentan cifras mucho más altas y no son comparables con el ámbito forestal que ocupa esta información. Por eso, cuando se lean balances anuales de “muertos por incendios”, conviene verificar si el documento habla de incendios forestales o de todos los incendios.
La EGIF —base oficial del Ministerio para la Transición Ecológica— es la referencia a la hora de acotar el fenómeno forestal, mientras que Protección Civil agrega la dimensión de consecuencias de protección civil (evacuaciones, heridos, muertos) en sus informes y avances.
Con todos los reparos de una estadística que cierra con cierto retraso y se actualiza dentro del año, el saldo humano de los incendios forestales en España en los últimos 25 años (2000-2024) puede fijarse razonablemente en el entorno de 130–140 víctimas mortales. La mayor parte de esas muertes se concentra en los primeros tres lustros del periodo —con 2005, 2011, 2003 y 2009 como años luctuosos— y el patrón dominante es el de fallecimientos en tareas de extinción, seguidos por población civil atrapada en la interfaz urbano-forestal.
El descenso relativo de víctimas por año en la última década coexiste con incendios más extremos, lo que obliga a no bajar la guardia. No en vano, 2025 ya acumula, a mediados de agosto, al menos cinco fallecidos, un recordatorio de que el fuego, en un clima más cálido y un territorio más expuesto, sigue siendo un riesgo mayor para quienes lo combaten y para quienes viven junto al bosque.
