Este sábado en Bogotá fue víctima de un atentado Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático desde 2022 y precandidato a la presidencia de Colombia para 2026, a quien, durante su participación en un mitin, disparó un menor de edad, ya detenido. El político se debate entre la vida y la muerte en un hospital.
Nacido el 28 de enero de 1986 en Bogotá, la víctima es nieto del exmandatario Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay (asesinada en 1991). Uribe ha sido una figura prominente de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.
Mientras Uribe estaba en una tarima, varios disparos interrumpieron su discurso; cayó al suelo después de recibir dos impactos, uno en la cabeza y otro en el pecho. Dos personas más resultaron lesionadas durante el tiroteo. Inmediatamente fue llevado primero al Centro Médico Engativá y luego a la Fundación Santa Fe, donde se le realizaron cirugías neuroquirúrgicas y vasculares urgentes. Fue reportado en estado crítico, bajo observación intensiva.
Un joven menor de edad, de entre 14 y 15 años, fue detenido en el lugar del atentado; tenía un arma de fuego y fue herido en el pie durante el altercado con los escoltas. En una rueda de prensa, el Ministerio de Defensa y la Policía confirmaron que se trató de un “atentado contra la democracia” y anunciaron una recompensa de 3.000.000.000 COP por información que condujera a los responsables.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció el atentado como un ataque a la libertad política y canceló su viaje a Francia para dirigir personalmente las investigaciones. Por su parte, el exministro Alejandro Gaviria criticó el mensaje presidencial “indigno de un presidente”. El gobierno, varios precandidatos y el Centro Democrático, partido al que pertenece la víctima, exigieron justicia, condenaron el atentado y llamaron a fortalecer la democracia.
Estados Unidos, a través del Secretario de Estado, Marco Rubio, condenó el ataque y advirtió contra el resurgimiento de la violencia política. Otros líderes hispanoamericanos expresaron preocupación y respaldo a la estabilidad democrática en Colombia. El ataque evoca sucesos emblemáticos del pasado, como el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, y evidencia que los riesgos para figuras públicas persisten pese al fin del conflicto con las FARC en 2016. Con vistas a la campaña presidencial de 2026, el atentado subraya un ambiente polarizado y la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad política.
El episodio generó una ola de debates sobre la responsabilidad del Estado y la necesidad de generar consensos que garanticen la convivencia democrática. Las autoridades continúan interrogando a testigos, analizando el móvil del ataque y tratando de identificar posibles cómplices. El gobierno evaluará los protocolos de protección a militantes, candidatos y figuras políticas.
