Cada vez que se aproxima una convocatoria electoral, regresan al debate conceptos como el bipartidismo, la pluralidad política, la representación territorial y la necesidad de reformar la ley electoral. Se habla de sumar fuerzas, de evitar la dispersión del voto, de construir bloques y de garantizar que cada territorio tenga voz en las instituciones.
Sin embargo, entre los discursos y las estrategias aparece una contradicción que merece una reflexión: ¿realmente queremos superar el bipartidismo o solamente evitar que el otro bloque se beneficie de sus ventajas?
Porque una cosa es defender la pluralidad democrática y otra muy distinta es recurrir a mecanismos de concentración del voto cuando las circunstancias electorales lo aconsejan. Y una cosa es reivindicar la representación de los territorios y otra garantizar que quienes ocupan sus escaños mantengan una relación real con las personas a las que representan.
Quizá el problema no esté únicamente en las reglas electorales. Quizá también debamos preguntarnos cómo entendemos la política, qué esperamos de nuestros representantes y qué modelo de convivencia democrática estamos construyendo.
1. La ley D’Hondt: ¿un sistema que necesita revisarse?
La ley D’Hondt suele aparecer en el centro de las discusiones sobre la representatividad electoral. Este método de reparto proporcional, aplicado en las elecciones al Congreso de los Diputados dentro de cada circunscripción, puede favorecer a las candidaturas más votadas frente a otras con menor respaldo, especialmente cuando el número de escaños que se distribuye es reducido.
A ello se añade la circunscripción provincial y el número de diputados asignados a cada provincia, que dependen de las reglas constitucionales y legales vigentes. La combinación de estos elementos hace que el efecto de los votos no sea idéntico en todos los territorios.
La cuestión, por tanto, no consiste en afirmar que la ley D’Hondt explica por sí sola todas las desigualdades de representación. Hay otros factores, como el tamaño de las circunscripciones, el número de escaños que se reparten y la distribución territorial del voto.
Pero sí cabe preguntarse si el sistema responde adecuadamente a la realidad política y social actual, y si sus efectos siguen siendo coherentes con la pluralidad que reivindicamos.
¿Es razonable mantener unas reglas sin revisar periódicamente cómo funcionan? ¿Podemos debatir sobre su capacidad para representar a una sociedad diversa sin convertir cada propuesta de reforma en una disputa sobre quién saldría beneficiado en las próximas elecciones?
Una reforma electoral debería partir de principios generales: proporcionalidad, igualdad del voto, gobernabilidad y representación territorial. No de la conveniencia inmediata de una formación política.
Porque si una regla nos parece injusta cuando favorece al adversario, pero aceptable cuando nos beneficia, el problema ya no es solamente la regla. También es nuestra relación con ella.
2. El Senado: la paradoja de concentrar lo que decimos querer diversificar
La discusión adquiere otro matiz cuando nos fijamos en el Senado.
Conviene distinguir los sistemas: la ley D’Hondt no se aplica a la elección directa de los senadores por las circunscripciones provinciales. En estas, el sistema se basa en la elección de candidatos individuales mediante voto limitado: por regla general, se eligen cuatro senadores por provincia y el elector puede votar hasta tres candidatos, con las particularidades previstas para determinadas circunscripciones.
Este funcionamiento hace que la coordinación entre candidaturas pueda tener una importancia estratégica. Las alianzas y candidaturas conjuntas son instrumentos legales y pueden responder a afinidades ideológicas o a objetivos compartidos. No hay contradicción jurídica en utilizarlas.
La contradicción que merece debate es política.
Si denunciamos la concentración del poder, defendemos la pluralidad y advertimos de los riesgos del bipartidismo, ¿qué mensaje transmitimos cuando promovemos alianzas cuyo objetivo electoral es concentrar el voto en determinados bloques?
No se trata de negar a los partidos el derecho a coaligarse ni de cuestionar que los electores puedan preferir candidaturas conjuntas. Se trata de reconocer que la estrategia puede terminar reproduciendo precisamente la lógica que se critica en otros momentos.
Quizá no estemos rechazando el bipartidismo como modelo de concentración política, sino únicamente sus consecuencias cuando benefician al contrario.
Y esa es una cuestión que afecta a la confianza ciudadana: las reglas no deberían defenderse o cuestionarse según el resultado que puedan producir, sino en función de los principios democráticos que pretendemos preservar.
3. Representar un territorio no es ocupar un puesto
Hablamos con frecuencia de la representatividad territorial, de las diferencias entre provincias, de la España rural y la urbana, y de la necesidad de que cada zona tenga voz en las instituciones.
Pero hay una pregunta que merece más atención: ¿quién representa realmente a esas personas?
En ocasiones, los partidos presentan candidatos en circunscripciones con las que su vinculación personal, profesional o social no resulta evidente. No se trata de exigir que cada representante haya nacido en el territorio por el que se presenta, ni de convertir el origen geográfico en un requisito de legitimidad. Una persona puede conocer profundamente una provincia sin haber nacido en ella y, a la inversa, haber nacido en un lugar no garantiza conocer sus problemas.
La cuestión es otra: el compromiso, el conocimiento del territorio, la escucha y la rendición de cuentas.
Una cosa es obtener un escaño por una provincia y otra, no necesariamente equivalente, mantener una relación efectiva con sus ciudadanos, comprender sus necesidades y defender sus intereses, incluso cuando estos no coincidan plenamente con las prioridades de la dirección del partido.
Corremos así el riesgo de confundir la representación territorial con la simple asignación territorial de candidatos. La provincia aporta los votos y el escaño, pero la voz política puede terminar respondiendo, ante todo, a la estrategia de la organización que ha decidido presentar allí a esa persona.
La pregunta no debería ser solamente cuántos representantes corresponden a cada territorio, sino también qué mecanismos permiten que estos mantengan un vínculo efectivo con quienes les han confiado su voz.
Un escaño puede obtenerse mediante unas reglas electorales; la confianza de una ciudadanía no debería darse por adquirida automáticamente.
La representación política no puede reducirse a colocar nombres en listas ni a distribuir candidaturas en un mapa. Exige responsabilidad, presencia, escucha y capacidad para trasladar los problemas reales de las personas a las instituciones.
Y esa exigencia debería alcanzar a todos los representantes, con independencia de su partido, su lugar de nacimiento o la forma en que hayan obtenido el escaño.
4. De la pluralidad de siglas a la uniformidad de los bloques
La pluralidad política es una característica de las democracias representativas. La sociedad no piensa de una sola manera, ni tiene por qué hacerlo. Las diferencias ideológicas, económicas, culturales y territoriales forman parte de la convivencia democrática.
Sin embargo, esa diversidad puede quedar reducida cuando toda cuestión se interpreta desde la lógica de los bloques.
En ese escenario, las propuestas dejan de evaluarse principalmente por su contenido y pasan a juzgarse por quién las presenta. Una iniciativa puede rechazarse porque procede del adversario, aunque contenga elementos aprovechables; otra puede defenderse porque procede del propio partido, aunque sus resultados o fundamentos merezcan una revisión crítica.
La política se convierte entonces en una sucesión de adhesiones y rechazos.
¿Dónde queda el debate sobre las soluciones? ¿Dónde la posibilidad de reconocer que una propuesta ajena puede ser útil, que una medida propia puede mejorarse o que un problema complejo requiere acuerdos que superen las fronteras partidistas?
La oposición es imprescindible. Controlar al Gobierno, cuestionar sus decisiones y ofrecer alternativas no solo es legítimo, sino necesario. Pero ejercer la oposición no equivale a negar sistemáticamente, del mismo modo que gobernar no debería significar despreciar cualquier crítica.
Una democracia madura no elimina el desacuerdo: lo convierte en una herramienta para tomar mejores decisiones.
El problema no es que existan bloques. Es que la pertenencia a uno de ellos termine imponiéndose sobre la responsabilidad individual de estudiar, argumentar y decidir.
5. Diputados y senadores: compañeros de trabajo
Hay una idea sencilla que quizá convendría recuperar: los diputados y senadores son compañeros de trabajo.
No necesariamente amigos. No tienen por qué compartir valores, ideología o programa electoral. Tampoco están obligados a alcanzar acuerdos en todas las materias.
Pero todos desempeñan una función dentro de una misma institución y han recibido de los ciudadanos una responsabilidad pública.
Podemos imaginar el Parlamento como una organización en la que cada representante aporta una perspectiva diferente. Esa diversidad puede generar conflictos, pero también permite identificar problemas, contrastar argumentos y mejorar las decisiones.
En cualquier entorno profesional, discrepar no debería impedir trabajar juntos. Se puede cuestionar una propuesta sin desacreditar a quien la formula; rechazar una medida sin negar la legitimidad de quien la defiende; exigir explicaciones sin convertir cada intervención en un ataque personal.
¿Por qué aceptamos como inevitable que el desacuerdo político desemboque tantas veces en una confrontación que parece no dejar espacio para nada más?
Los representantes no trabajan para satisfacer a sus respectivas direcciones de partido ni para alimentar permanentemente la indignación de sus seguidores. Su responsabilidad última es pública.
Y esa responsabilidad incluye tanto defender las ideas propias como escuchar, argumentar, fiscalizar y reconocer aquello que pueda contribuir al interés general.
La diversidad de opiniones no debería impedir una responsabilidad compartida: trabajar desde las instituciones para resolver los problemas de la ciudadanía, aunque las soluciones propuestas sean diferentes.
6. El hemiciclo no es un escenario
A menudo se dice que los políticos están interpretando un papel. Se habla de la diferencia entre lo que ocurre ante las cámaras y lo que sucede fuera de ellas, y se plantea que la confrontación parlamentaria puede responder, en parte, a las exigencias de la comunicación política.
No podemos dar por hecho que todos los enfrentamientos sean fingidos, ni que quienes discrepan públicamente mantengan necesariamente una buena relación en privado. Las diferencias políticas pueden ser profundas y auténticas.
Pero sí podemos preguntarnos qué ocurre cuando la puesta en escena adquiere más importancia que el trabajo que debería desarrollarse.
El hemiciclo no es un teatro. Las intervenciones parlamentarias no deberían tener como principal objetivo producir un titular, alimentar una polémica o proporcionar una escena que circule durante horas por las redes sociales.
La representación política tiene un significado mucho más exigente que la representación teatral. Los ciudadanos no han elegido actores para que interpreten una obra parlamentaria. Han elegido representantes para que desempeñen un trabajo.
Por supuesto, la comunicación forma parte de la política. Es legítimo explicar las decisiones, defender los resultados, criticar al adversario y dirigirse a la ciudadanía. El problema surge cuando el mensaje desplaza al contenido, cuando la frase contundente sustituye al argumento y cuando el enfrentamiento se convierte en el producto que se ofrece a los ciudadanos.
Podemos terminar evaluando a un representante por la intensidad de sus reproches, la contundencia de sus interrupciones o su capacidad para imponerse en una discusión televisada, en lugar de preguntarnos por la calidad de sus iniciativas, su rigor, su trabajo legislativo o su contribución a resolver problemas.
Y entonces la política corre el riesgo de convertirse en un espectáculo en el que los ciudadanos observan, aplauden o abuchean, mientras las cuestiones que afectan a su vida cotidiana quedan relegadas.
No confundamos representar a los ciudadanos con representar un papel ante ellos.
7. El coste de convertir al compañero en adversario permanente
La confrontación política no termina necesariamente en las paredes del Parlamento.
Cuando el desacuerdo se presenta como una lucha entre buenos y malos, cuando cada propuesta se interpreta como una amenaza y cuando reconocer un acierto del adversario se percibe como una debilidad, esa lógica puede trasladarse a la sociedad.
Las familias, los centros de trabajo, las amistades y los espacios de convivencia también pueden convertirse en lugares donde las personas se clasifican por su supuesta pertenencia a un bloque.
No toda polarización procede de los partidos ni toda discrepancia social tiene su origen en el debate parlamentario. La sociedad es compleja y las responsabilidades están repartidas. Pero el comportamiento de los representantes públicos tiene una dimensión ejemplar: sus palabras, sus gestos y sus formas de discrepar contribuyen a definir qué conductas se consideran aceptables en el espacio público.
Si quienes ocupan las instituciones convierten sistemáticamente al adversario en un enemigo, ¿qué mensaje transmiten sobre la posibilidad de convivir con quien piensa de otra manera?
La democracia no exige ausencia de conflicto. Exige cauces para gestionarlo sin destruir los vínculos que permiten seguir conviviendo.
Y eso requiere algo más que invocar el respeto en los discursos. Requiere practicarlo en las decisiones, en los debates y en la manera de tratar a quien discrepa.
8. Reformar las reglas sin diseñarlas para el siguiente resultado
Debatir sobre la ley electoral, la representación territorial y el funcionamiento de las cámaras es necesario. Ningún sistema democrático debería considerarse ajeno a la revisión, especialmente cuando cambian la sociedad, la distribución de la población y las formas de participación política.
Pero una reforma legítima necesita algo más que sumar intereses coyunturales.
Debería partir de preguntas claras: ¿cómo garantizamos una representación suficientemente proporcional? ¿Cómo evitamos que el peso de un voto dependa excesivamente de la circunscripción? ¿Cómo preservamos la representación territorial? ¿Qué incentivos genera el sistema para la cooperación o la fragmentación? ¿Cómo hacemos que los representantes rindan cuentas ante los ciudadanos?
También debemos preguntarnos qué esperamos del Congreso y del Senado, qué funciones cumple cada cámara y cómo podemos mejorar su capacidad para deliberar, legislar, controlar al Gobierno y representar la diversidad del país.
No existen soluciones institucionales sin costes ni sistemas que satisfagan por igual todas las prioridades. Aumentar la proporcionalidad, reforzar el vínculo territorial, facilitar la gobernabilidad y evitar la concentración excesiva del poder pueden plantear tensiones que deben explicarse y debatirse abiertamente.
Por eso, la reforma no debería diseñarse pensando en quién ganará las próximas elecciones, sino en qué reglas consideramos justas incluso cuando el resultado no favorezca a quienes hoy las defienden.
Lo mismo cabe exigir a los partidos. Las alianzas electorales, las candidaturas conjuntas y las estrategias de coordinación son legítimas dentro de la ley. Pero su conveniencia táctica no debería impedirnos debatir con honestidad sobre los efectos que producen en la pluralidad y en la representación.
Si queremos una democracia más representativa, debemos aceptar que sus reglas no son herramientas que se defienden cuando nos benefician y se cuestionan cuando favorecen al contrario.
9. La pregunta que deberíamos hacernos
Quizá llevemos demasiado tiempo preguntándonos qué partido debería gobernar, qué bloque debe imponerse y qué estrategia permitirá obtener más escaños.
Son preguntas legítimas dentro de una competición electoral. Pero no deberían ser las únicas.
También deberíamos preguntarnos qué tipo de representantes queremos, qué vínculo deben mantener con los territorios a los que representan, qué comportamiento esperamos de ellos y cómo evaluamos el trabajo que realizan una vez elegidos.
Porque la democracia no termina cuando depositamos el voto. Ese es el momento en el que comienza una responsabilidad compartida: la de quienes ejercen el poder y la de una ciudadanía que tiene derecho a exigir explicaciones, evaluar resultados y reclamar respeto por las instituciones.
Los diputados y senadores pueden pertenecer a partidos distintos, defender programas opuestos y competir legítimamente por el poder. Pueden discrepar con firmeza, rechazar propuestas y denunciar aquello que consideren equivocado.
Pero, mientras ocupan sus escaños, comparten una tarea que va más allá de las siglas. Deben legislar, controlar, debatir y representar. Deben responder ante la ciudadanía, también ante quienes no les votaron, y recordar que el escaño no constituye una propiedad personal ni una recompensa para el partido que les ha situado en una candidatura.
El trabajo que tienen entre manos se lo hemos confiado los ciudadanos. No les pedimos que renuncien a sus ideas, que disimulen sus diferencias o que conviertan el consenso en una obligación permanente. Les pedimos que ejerzan su responsabilidad con rigor, respeto y voluntad de encontrar soluciones cuando sea posible.
Y nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de no conformarnos con el espectáculo, de distinguir entre la contundencia y el trabajo, entre la confrontación y el control democrático, entre ocupar un escaño y representar de verdad a quienes lo han hecho posible.
Porque el problema no es que existan distintas ideas, partidos o territorios. El problema aparece cuando todo queda subordinado a la estrategia, cuando la representación se reduce a una candidatura y cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en alguien con quien resulta imposible trabajar.
La democracia necesita pluralidad, pero también responsabilidad. Necesita oposición, pero también capacidad de diálogo. Necesita representantes diferentes, pero comprometidos con una misma obligación: servir a la ciudadanía.
Una última reflexión desde la Criminología: cuando la representación pierde su función de control social
Desde la Criminología, esta reflexión nos lleva a una cuestión que trasciende el sistema electoral: la función de las instituciones como mecanismos de orientación, regulación y control social.
En mi artículo La anomia institucional en España planteaba cómo una institución puede conservar sus normas y estructuras formales y, sin embargo, perder capacidad para generar confianza, previsibilidad y responsabilidad efectiva. Esa misma pregunta puede trasladarse a la representación política.
Cuando los ciudadanos perciben que las candidaturas responden más a estrategias de partido que a vínculos reales con el territorio, que las alianzas dependen de la conveniencia electoral y que el debate parlamentario sustituye la búsqueda de soluciones por la confrontación permanente, el riesgo no es únicamente una representación menos satisfactoria: es el debilitamiento de la legitimidad institucional.
Pero existe una consecuencia adicional que merece atención criminológica: la posible generación de anomia social. Cuando las instituciones que deberían ofrecer referentes de convivencia transmiten una imagen de enfrentamiento continuo, aplicación interesada de los principios o subordinación de las responsabilidades a la estrategia política, pueden debilitarse las referencias compartidas que orientan la conducta colectiva. La ciudadanía puede empezar a percibir que las normas, los compromisos y la responsabilidad no son principios comunes, sino instrumentos que cada grupo invoca o abandona según le convenga.
No significa que la confrontación política produzca necesariamente anomia, ni que toda discrepancia sea perjudicial. El pluralismo y el conflicto forman parte de cualquier democracia. El problema aparece cuando el desacuerdo deja de ser un mecanismo para contrastar ideas y resolver problemas y se convierte en una dinámica permanente de deslegitimación del contrario. En ese escenario, la cooperación pierde valor, la desconfianza se normaliza y la ciudadanía puede terminar asumiendo que las reglas de convivencia son menos importantes que la victoria del propio grupo.
A ello se añade el efecto de la identidad grupal. La pertenencia a una formación política puede proporcionar referencias, vínculos y una identidad colectiva legítima. Sin embargo, cuando esa pertenencia condiciona la interpretación de los hechos hasta el punto de aceptar en los propios lo que se reprocha a los adversarios, el criterio individual corre el riesgo de quedar subordinado a la lealtad colectiva. La persona deja de valorar una decisión por sus razones, sus consecuencias o su coherencia con los principios que afirma defender y comienza a valorarla por quién la propone y a quién beneficia.
No hace falta un adoctrinamiento explícito para que se debilite la autonomía crítica: basta con que la pertenencia al grupo se convierta en el filtro habitual a través del cual se interpreta la realidad. Así pueden consolidarse dos mundos paralelos, el político y el social: uno organizado alrededor de las estrategias, los intereses y la supervivencia de las siglas; otro integrado por ciudadanos que afrontan problemas concretos y necesitan respuestas que no siempre coinciden con las prioridades de sus representantes.
Cuando esa distancia se amplía, surge una paradoja democrática. Las instituciones continúan funcionando, se celebran elecciones y se mantienen los procedimientos formales de participación, pero la ciudadanía puede experimentar una creciente sensación de falta de influencia real. Los representantes hablan en nombre del pueblo, aunque sus decisiones y sus prioridades no siempre respondan a las necesidades que éste identifica. La representación corre entonces el riesgo de convertirse en una relación de adhesión, en la que se espera del ciudadano fidelidad a unas siglas antes que capacidad para examinar críticamente sus actuaciones.
En este punto resulta sugerente recuperar, como analogía, la expresión del despotismo ilustrado: «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». En una democracia representativa contemporánea, el paralelismo no reside en equiparar ambos sistemas históricos, sino en advertir sobre una posible deriva: que quienes ejercen el poder consideren que conocen y encarnan por sí mismos el interés general, mientras la ciudadanía queda reducida a respaldar periódicamente unas opciones previamente configuradas. El riesgo es que el ciudadano deje de ser un sujeto crítico de la vida pública y se convierta en un vasallo de las siglas, dispuesto a defender decisiones ajenas incluso cuando contradicen sus propios intereses o principios.
La cuestión no es exigir una ciudadanía sin identidades políticas, ni negar a los partidos su legítima función de organización y representación. Se trata de evitar que la lealtad partidista sustituya a la responsabilidad individual y que la disciplina de grupo desplace la obligación democrática de cuestionar, contrastar y exigir explicaciones. Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de discrepar también de quienes sienten más próximos, del mismo modo que necesita representantes dispuestos a reconocer los argumentos válidos de quienes piensan de otra manera.
El control social democrático no se sostiene solo mediante leyes, sanciones o procedimientos; también necesita que las instituciones sean percibidas como legítimas, coherentes y responsables. Si quienes deben ofrecer un marco de convivencia convierten el desacuerdo en enfrentamiento permanente y la responsabilidad en una disputa entre bloques, pueden contribuir a erosionar las mismas normas de respeto y cooperación que la sociedad necesita. No se trata de equiparar la confrontación política con la delincuencia, sino de comprender que la calidad de las instituciones influye en la confianza, las expectativas de conducta y la disposición de los ciudadanos a reconocer su autoridad.
Una democracia no pierde su capacidad de control social porque sus representantes discrepen, sino cuando esa discrepancia deja de contribuir a la búsqueda de soluciones y erosiona la confianza necesaria para convivir. Pero existe un riesgo aún mayor: que la ciudadanía deje de juzgar a sus representantes con criterio propio y comience a interpretar la realidad a través del criterio de sus representantes.
Fuentes de referencia
- Constitución Española, especialmente los artículos relativos a las Cortes Generales y al Senado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
- Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sobre el sistema electoral del Congreso y la elección de senadores: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
- Senado de España, información institucional y electoral: https://www.senado.es/
Artículo de opinión. Las valoraciones sobre la coherencia política, la calidad de la representación y el comportamiento parlamentario constituyen reflexiones críticas, no afirmaciones sobre las motivaciones de una formación o de un candidato en particular
Santiago Navas Gómez es Criminólogo y fundador de Forentia 360
