El pasado 12 de junio, la Sala de lo Penal, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional dictó la Sentencia nº 17/2025, en la que condena a tres responsables de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España (ASPROCRIME) por un delito continuado de estafa, cometido mediante la comercialización fraudulenta de cursos de Criminología con apariencia de oficialidad.
Han sido condenados tres miembros de esta entidad a penas de cárcel. No obstante, la sentencia aún no es firme y es previsible que sea objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que se mantiene el principio de presunción de inocencia de los implicados hasta que el fallo judicial definitivo.
Según recoge la sentencia, estas personas ofrecían formación en Criminología supuestamente avalada por universidades extranjeras, con promesas de homologación en España, diplomas con códigos copiados del SEPE y menciones a una inexistente «ASPROCRIME International University«. “Todo ello sin respaldo legal ni académico, captando víctimas a través de plataformas de formación y publicidad engañosa”, según el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), que ha dado cuenta de este fallo y de su valoración.
En un comunicado difundido este miércoles, el CPCM recuerda que ASPROCRIME “nunca ha sido un Colegio Profesional, ni ha formado parte del sistema oficial de Colegios constituido conforme a la legislación estatal y autonómica española”.
Así, explica, “el uso de términos como ‘profesional’, ‘colegial’, ‘universidad’, ‘criminólogo/a titulado’ o la expedición de títulos y placas de criminólogo/a ha generado una falsa apariencia de oficialidad, vulnerando el principio de legalidad y generando confusión entre estudiantes, profesionales y empleadores”.
Este Colegio, recuerda en su comunicado, “ya advirtió públicamente en enero de 2019 de la utilización ilícita de la denominación ‘colegial’ por parte de esta entidad, exigiendo la retirada de esa denominación de todos sus canales. Lamentablemente, dicha advertencia fue desoída y las actividades fraudulentas se mantuvieron hasta la llegada de los procedimientos judiciales, según se detalla en la sentencia”.
El CPCM, en el ejercicio de sus funciones legales como corporación de derecho público y único órgano colegial reconocido en materia de Criminología en la Comunidad de Madrid, recuerda “la importancia de verificar siempre la legalidad de las entidades que ofrecen formación o acreditaciones profesionales. Solo los Colegios Profesionales legalmente reconocidos, como el nuestro, pueden otorgar acreditaciones profesionales válidas”, subraya.
Además, enfatiza en su comunicado, “cualquier uso de términos como ‘colegiado/a’, ‘criminólogo/a profesional’ o ‘certificación oficial’ debe estar sustentado por titulaciones oficiales y procesos de colegiación reales. Las promesas de homologación automática o títulos ‘reconocidos internacionalmente’ sin respaldo institucional deben ser motivo de alerta”.
Este caso, agrega el Colegio, supone “un grave perjuicio para la imagen pública de la Criminología y para las personas que, confiando en la supuesta oficialidad de ASPROCRIME, abonaron sumas de hasta 4.950 euros por títulos sin ningún valor académico ni profesional”. Entre las víctimas figuran guardias civiles, psicólogos, peritos y estudiantes que vieron frustradas sus expectativas laborales y formativas.
El CPCM expresa su “más firme condena” ante estos hechos y manifiesta su compromiso con la defensa de la Criminología y los criminólogos, la calidad profesional, el cumplimiento ético y la protección de los derechos de la ciudadanía. “Seguiremos impulsando acciones de información, fiscalización y colaboración con las administraciones públicas para detectar y combatir el intrusismo profesional y las prácticas fraudulentas”, indica.
Asimismo, el Colegio madrileño continuará el seguimiento del procedimiento judicial y valorará, una vez que la sentencia sea firme, las acciones jurídicas e institucionales que correspondan. “La Criminología se construye con legalidad, ética y garantías y la colegiación oficial es compromiso de todo ello”, se apunta en el comunicado oficial.
“Esta sentencia es un primer paso hacia la reparación de un daño que nunca debió producirse. La Criminología en España necesita rigor, legalidad y compromiso ético. Desde el Colegio seguiremos trabajando para blindar a la profesión frente al fraude, el intrusismo y cualquier intento de banalizar el valor real de nuestra ciencia y nuestros profesionales. La colegiación oficial es la única vía para garantizar la protección de quienes ejercen y de quienes reciben nuestros servicios”, ha concluido la decana del CPCM, Carmen Balfagón.
