El Reino Unido ha puesto fin a casi dos siglos de una de las normas más controvertidas de su legislación social. El Gobierno británico deroga oficialmente este lunes la Ley de Vagancia de 1824 (Vagrancy Act), eliminando así el delito de dormir en la calle y de mendigar que durante generaciones permitió perseguir penalmente a personas sin hogar.
La decisión supone un cambio de enfoque en la política pública contra el sinhogarismo: el Ejecutivo abandona un modelo basado en la criminalización de la pobreza para sustituirlo por otro centrado en la prevención, la asistencia social y la búsqueda de soluciones permanentes para quienes viven en situación de exclusión.
La derogación pone fin a una de las leyes más antiguas aún vigentes en el ordenamiento británico. Aprobada en 1824, pocos años después de las guerras napoleónicas y en plena Revolución Industrial, la norma nació para combatir el incremento de la mendicidad y de las personas sin recursos que vivían en las calles de Inglaterra y Gales.
Durante décadas permitió a la policía detener, sancionar e incluso procesar penalmente a quienes dormían al raso o pedían limosna, al considerar estas conductas una alteración del orden público. Aunque su aplicación había disminuido considerablemente en los últimos años, la legislación seguía vigente y continuaba utilizándose en determinados casos.
El Gobierno laborista considera que aquella legislación había quedado completamente desfasada y resultaba incompatible con la forma en que actualmente se entiende el fenómeno del sinhogarismo. En lugar de abordar las causas que empujan a miles de personas a vivir en la calle —como la falta de vivienda asequible, los problemas de salud mental, las adicciones, el desempleo o la violencia doméstica—, la ley terminaba castigando a quienes sufrían esas circunstancias, dificultando aún más su acceso a la ayuda pública.
Según el Ejecutivo, las multas, los antecedentes penales y las intervenciones policiales contribuían a alejar a muchas personas de los servicios sociales y hacían más complicada su reintegración.
El secretario de Estado de Vivienda, Steve Reed, resumió el nuevo planteamiento del Gobierno con una declaración que marca el cambio de filosofía de la política británica en esta materia: «Las personas sin hogar no son delincuentes; son personas que necesitan ayuda». Para el Ejecutivo, eliminar la criminalización constituye un paso imprescindible para construir un sistema centrado en la prevención y en el acompañamiento social, en lugar del castigo penal.
En la misma línea se expresó la ministra responsable de Sinhogarismo, Alison McGovern, quien calificó la derogación como una medida «largamente esperada» que refleja una comprensión moderna del problema. La ministra defendió que el Reino Unido deja atrás un enfoque heredado del siglo XIX para concentrar sus esfuerzos en políticas que ayuden a prevenir la pérdida de la vivienda, faciliten el acceso a servicios de apoyo y permitan que las personas reconstruyan sus vidas.
La derogación forma parte del nuevo Plan Nacional para Acabar con el Sinhogarismo, una de las principales estrategias sociales impulsadas por el Gobierno británico durante la presente legislatura. El programa contará con una financiación de 3.600 millones de libras esterlinas durante los próximos tres años y fija como uno de sus principales objetivos reducir a la mitad el número de personas que duermen de forma permanente en la calle antes del final de la legislatura.
El plan también pretende poner fin al uso prolongado de hoteles y pensiones como alojamiento temporal para familias sin vivienda, una práctica muy criticada durante los últimos años por organizaciones sociales y autoridades locales.
Paralelamente, el Ejecutivo ha vinculado esta reforma con un ambicioso programa de construcción de vivienda pública y asequible. El Gobierno prevé destinar 39.000 millones de libras durante la próxima década a incrementar la oferta residencial, una inversión que presenta como la mayor realizada en varias generaciones. Según los datos oficiales, el inicio de nuevas promociones de vivienda social y asequible ha aumentado un 35 % desde 2024, mientras que también han crecido las viviendas finalizadas durante el último ejercicio. El objetivo es actuar sobre una de las principales causas estructurales del sinhogarismo: la escasez de viviendas accesibles para las rentas más bajas.
El plan incorpora además una amplia batería de medidas preventivas dirigidas a evitar que las personas lleguen a quedarse sin hogar. Entre ellas figura una subvención de 159 millones de libras destinada a reforzar el alojamiento con apoyo social y facilitar que más de 2.500 personas abandonen definitivamente la calle.
Asimismo, el Gobierno se compromete a reducir significativamente el número de personas que quedan sin hogar tras salir de prisión y a impedir que quienes reciben el alta hospitalaria sean dados de alta directamente a la calle cuando tengan derecho a alojamiento. La estrategia también persigue que ninguna persona sea expulsada hacia el sinhogarismo desde instituciones públicas sin una alternativa habitacional adecuada.
La reforma presta especial atención a uno de los colectivos más vulnerables: las mujeres víctimas de violencia de género. El Ejecutivo recuerda que cerca del 70 % de las mujeres que durmieron en la calle durante 2025 habían sufrido violencia doméstica desde los 16 años, un dato que evidencia la estrecha relación entre ambas realidades. Por ello, el futuro proyecto de Ley de Vivienda Social reforzará la protección de las víctimas dentro del parque público residencial, con el propósito de prevenir nuevos episodios de exclusión residencial.
La derogación de la Ley de Vagancia no significa, sin embargo, que desaparezcan todas las herramientas legales para intervenir frente a comportamientos incívicos o actividades delictivas vinculadas a la mendicidad. El Gobierno ha precisado que seguirán vigentes las facultades previstas en la Ley de Conducta Antisocial, Delincuencia y Policía de 2014, que permite actuar cuando determinadas conductas generan acoso, intimidación o molestias graves para la población. La diferencia, subraya el Ejecutivo, es que estas medidas se aplicarán por el comportamiento desarrollado y no por el simple hecho de carecer de una vivienda. Además, las orientaciones dirigidas a la policía serán actualizadas para garantizar un uso proporcionado de estos instrumentos.
Al mismo tiempo, el Gobierno endurecerá la respuesta frente a las organizaciones criminales que explotan la mendicidad. La nueva Crime and Policing Act 2026 incorpora delitos específicos dirigidos contra quienes organizan redes de mendicidad con fines lucrativos, explotan económicamente a personas vulnerables o utilizan la ocupación de terrenos para desarrollar actividades criminales. Las autoridades insisten en diferenciar claramente entre las personas que necesitan ayuda social y quienes obtienen beneficios económicos mediante la explotación organizada de la pobreza.
En términos jurídicos y sociales, la derogación representa uno de los cambios más importantes en la política británica sobre sinhogarismo de las últimas décadas. Después de más de 200 años, el Reino Unido abandona definitivamente una legislación concebida en un contexto histórico radicalmente distinto y adopta un enfoque basado en la protección social, la prevención y el acceso a la vivienda. El Gobierno sostiene que el objetivo no es únicamente dejar de penalizar a quienes viven en la calle, sino construir un sistema capaz de reducir de manera sostenida el sinhogarismo mediante políticas públicas de vivienda, asistencia social y apoyo a las personas más vulnerables.
