Los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil fueron desalojados durante la madrugada del miércoles al jueves de la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, después de protagonizar un encierro indefinido para reclamar mejoras en sus condiciones de jubilación y el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo.
Los agentes decidieron abandonar las instalaciones de forma pacífica tras recibir advertencias sobre posibles responsabilidades disciplinarias y para evitar un enfrentamiento con los policías de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) movilizados para ejecutar el desalojo.
El encierro comenzó el martes por la tarde, alrededor de las 18:00 horas, después de que las organizaciones convocantes dieran por fracasadas las negociaciones mantenidas con la Secretaría de Estado de Seguridad. Los representantes sindicales consideraban agotada la vía de diálogo después de meses de reuniones sin alcanzar un compromiso que garantizase una mejora efectiva de las condiciones de retiro de los integrantes de ambos cuerpos.
La movilización fue secundada por Justicia Policial (JUPOL), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), junto con distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), además de otras organizaciones representativas del colectivo.
Los participantes calificaron la iniciativa de protesta inédita y aseguraron que su intención era permanecer en el edificio hasta obtener una solución concreta. En sus comunicaciones públicas, defendieron el carácter pacífico de la acción y reclamaron que el Gobierno reconociera las particularidades del trabajo policial y de la Guardia Civil, especialmente por los riesgos asociados al servicio.
Amenaza de expedientes y salida pacífica
La tensión aumentó durante la noche, cuando los representantes encerrados denunciaron dificultades para recibir agua y comida y conocieron la posibilidad de que su permanencia en el edificio derivase en actuaciones disciplinarias o en otras responsabilidades legales.
Los participantes recibieron advertencias sobre posibles expedientes por infracciones relacionadas con la permanencia en un edificio público fuera del horario de actividad, así como sobre eventuales responsabilidades por desobediencia u ocupación de las instalaciones. Estas advertencias fueron determinantes para que optaran por salir sin resistencia, según explicó el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero.
Los representantes sindicales justificaron su decisión por la voluntad de evitar un enfrentamiento con los agentes de la UPR, que tuvieron que intervenir para ejecutar la orden de desalojo. También señalaron que no querían colocar a otros policías en una situación comprometida por una protesta cuyo objetivo, insistieron, era defender los derechos profesionales de sus compañeros.
La salida se produjo sin que los representantes ofrecieran resistencia física. En el exterior, fueron recibidos por otros agentes que se habían concentrado para respaldar la movilización. Tras abandonar el edificio, los portavoces comparecieron ante los medios y reiteraron que la protesta no suponía el abandono de sus reivindicaciones.
Para las organizaciones convocantes, la intervención policial evidenciaba el deterioro de las relaciones con Interior después de meses de conversaciones. Los sindicatos reclamaron que las negociaciones se traduzcan en compromisos verificables y con garantías jurídicas, de manera que las mejoras no queden supeditadas exclusivamente a las decisiones del próximo Gobierno.
El reconocimiento como profesión de riesgo, en el centro del conflicto
La reivindicación principal es el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, una condición que las organizaciones consideran fundamental para avanzar hacia unas condiciones de jubilación equiparables a las de otros cuerpos policiales, incluidos los autonómicos y locales.
Los sindicatos sostienen que las características del servicio, la exposición a situaciones peligrosas y las exigencias físicas y psicológicas de determinadas funciones justifican un tratamiento específico en materia de retiro. Su objetivo es que ese reconocimiento tenga efectos concretos y permita corregir las diferencias que denuncian respecto a otros colectivos policiales.
La protesta se produjo después de que la Secretaría de Estado de Seguridad comunicara que la convocatoria de elecciones generales impedía continuar avanzando, por el momento, en la mesa de negociación abierta para abordar estas cuestiones. Las organizaciones esperaban que la reunión celebrada el martes permitiera cerrar un acuerdo o, al menos, establecer compromisos concretos antes de la interrupción del diálogo.
Los representantes sindicales rechazaron que la convocatoria electoral sirviera para dejar sin resolver una reivindicación que, según afirman, llevaba casi un año sobre la mesa. Por ello, exigieron garantías que permitieran dar continuidad al proceso, independientemente del resultado electoral y de la composición del próximo Ejecutivo.
La versión del Ministerio del Interior
Por su parte, el Ministerio del Interior defendió que había trabajado para encontrar fórmulas que permitieran mejorar las condiciones de jubilación de ambos colectivos. El departamento explicó que la mesa técnica de trabajo se había constituido en abril y que, desde entonces, se habían celebrado seis reuniones.
Interior argumentó que la convocatoria electoral impedía seguir avanzando en ese momento, aunque manifestó su disposición a mantener el espacio de diálogo y culminar el proceso en la próxima legislatura. El ministerio también señaló que el carácter especialmente penoso, peligroso e insalubre de la actividad de policías nacionales y guardias civiles ya había sido reconocido en su marco retributivo.
Esta posición no satisface a las organizaciones sindicales, que reclaman que el reconocimiento tenga un respaldo normativo y consecuencias efectivas sobre la jubilación. La diferencia entre ambas partes se centra, por tanto, tanto en el calendario de las negociaciones como en la necesidad de convertir el reconocimiento de las condiciones del servicio en medidas concretas.
El desalojo ha añadido un nuevo elemento de tensión a un conflicto que enfrenta a las organizaciones profesionales con los responsables de Interior. Aunque el encierro concluyó sin enfrentamientos físicos, los sindicatos mantienen sus exigencias y advierten de que la salida del edificio no supone dar por terminada la movilización.
La evolución del conflicto dependerá ahora de si las partes consiguen reanudar las conversaciones y acordar medidas con garantías jurídicas para mejorar las condiciones de jubilación de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
