DULCINEA DEL TRUE CRIME II — Expediente sombra (primera parte)
De cómo Olmeda del Espino supo que iba a tener un centro de menores antes de que nadie se lo dijera oficialmente
Nuevos casos, mismas personas
La noticia llegó como llegan casi todas las noticias importantes en los pueblos pequeños: no por los canales oficiales, sino por el canal de WhatsApp de las madres del colegio, que a las nueve de la mañana de un miércoles ya tenía cuarenta y siete mensajes sobre el asunto y dos audios de más de tres minutos que nadie había escuchado todavía pero que todo el mundo había reenviado.
El asunto era este: el Ayuntamiento de Valverde de la Siega, pueblo de algo más de dos mil habitantes a doce kilómetros de Olmeda del Espino, había aprobado en pleno la semana anterior la cesión de uso de un edificio municipal para la apertura de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), gestionado por una fundación especializada en intervención con jóvenes en riesgo de exclusión social. El centro tendría capacidad para dieciséis plazas y atendería a menores de entre catorce y diecisiete años con medidas judiciales de internamiento en régimen semiabierto.
Doce kilómetros. Para Olmeda del Espino eso era, en términos de impacto percibido, lo mismo que si el centro estuviera en la calle de al lado.
Don Justo lo supo por Remedios, que lo supo por Darío, que lo supo por la señora del primero, que lo supo por el canal de WhatsApp. Para cuando don Justo abrió la libreta azul esa mañana, ya había tres grupos de conversación en el pueblo con el mismo tema y dos posiciones que se iban definiendo con la claridad de las posiciones que se definen antes de que exista suficiente información para sostenerlas.
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De las dos posiciones y de lo que las sostenía
La primera posición, que era la mayoritaria en los primeros días, se articulaba alrededor de una preocupación que sus defensores describían como legítima y que don Justo, que la escuchó en versiones distintas en el bar, en el mercado y en la reunión informal que se convocó en el salón de actos del ayuntamiento, fue anotando con cuidado en la libreta azul:
Olmeda es un pueblo tranquilo. Siempre lo ha sido. Si traen chavales infractores, eso cambia. Los robos van a subir. Las drogas van a llegar. Los nuestros van a aprender lo que no saben. El colegio va a sufrir. Las chicas van a estar menos seguras.
La segunda posición, minoritaria pero presente, sostenía que los menores infractores son menores, que tienen derecho a una oportunidad de reinserción, y que rechazar un centro de estas características antes de conocer su funcionamiento era exactamente el tipo de reacción que perpetúa el problema que dice querer evitar.
Las dos posiciones tenían algo en común que don Justo tardó unos días en identificar con precisión: ninguna de las dos estaba hablando de los menores reales que iban a vivir en ese centro. La primera hablaba de una categoría abstracta —el menor infractor como amenaza— y la segunda hablaba de otra categoría abstracta —el menor infractor como víctima del sistema—. Las personas concretas, con sus historias concretas, seguían siendo invisibles en ambas.
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De la teoría del etiquetamiento, que Inés explicó sin que nadie se lo pidiera
Don Justo llamó a Inés tres días después de la reunión del ayuntamiento, con la libreta azul abierta en la página donde había anotado las dos posiciones y una pregunta debajo de las dos:
¿Quién tiene razón? ¿O los dos están equivocados de la misma manera?
Inés escuchó el resumen de don Justo. Luego dijo:
—Los dos están usando categorías en lugar de personas, que es exactamente el error que más daño hace en criminología y en política social. Pero hay algo más que me parece importante señalar sobre la posición mayoritaria, y es que no es solo un prejuicio: es una profecía. Y las profecías, en este campo, tienden a cumplirse.
Inés explicó la teoría del etiquetamiento, formulada por Howard Becker en los años sesenta y todavía vigente como uno de los marcos más potentes para entender la conducta antisocial en adolescentes. La idea central es que la identidad delictiva no es solo una consecuencia de los actos de una persona: es también una consecuencia de cómo esa persona es tratada por su entorno. Cuando un menor es etiquetado como delincuente, peligroso, irrecuperable, esa etiqueta no describe simplemente lo que es: le indica lo que se espera de él. Y los adolescentes, que están en un proceso de construcción de identidad especialmente sensible a las expectativas del entorno, tienden a comportarse de acuerdo con lo que ese entorno espera.
—Haré lo que se espera de mí —dijo Inés—. Esa es la frase que resume el mecanismo. Si un barrio entero, un pueblo entero, decide antes de conocerlos que los menores del centro son una amenaza, los trata como una amenaza, los excluye, los vigila, los señala, los rechaza cada vez que intentan integrarse… la probabilidad de que esos menores acaben comportándose como la amenaza que se temía aumenta de manera significativa. No porque fuera inevitable. Sino porque el entorno lo construyó.
—La profecía autocumplida en criminología no es una metáfora. Es un mecanismo documentado. Y el miedo previo de Olmeda del Espino, si se traduce en rechazo activo, puede producir exactamente lo que dice querer evitar.
Don Justo anotó esto con una sola frase en la libreta:
Si los tratamos como delincuentes antes de que hagan nada, les estamos enseñando quiénes son.
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De lo que don Justo hizo con esa información y de lo que no hizo
Lo que don Justo no hizo fue ir a la siguiente reunión informal con la libreta azul, plantarse delante de sus vecinos y explicarles la teoría del etiquetamiento. Eso habría sido, según su propia evaluación posterior, exactamente lo que habría hecho dos años atrás: convertir el conocimiento en argumento, el argumento en victoria y la victoria en la satisfacción de tener razón mientras nadie cambiaba de opinión.
Lo que hizo fue ir a la reunión, sentarse en la tercera fila —siempre la tercera fila desde que había aprendido que la primera fila es para los que quieren ser vistos y la segunda para los que quieren parecerlo—, y escuchar. No para refutar. Para entender qué era exactamente lo que sus vecinos temían, porque el miedo tiene una lógica interna que hay que conocer antes de poder hablar de otra cosa.
Lo que escuchó le confirmó algo que Inés le había dicho en otra conversación: que el miedo a la delincuencia en los pueblos pequeños casi nunca es miedo a la delincuencia en abstracto. Es miedo a la pérdida de algo concreto: la posibilidad de conocer a todo el mundo, de saber quién es quién, de que los hijos puedan ir solos a la plaza. Es miedo a que el pueblo deje de ser lo que es. Y ese miedo, aunque esté mal orientado, es real.
Después de la reunión, en el bar, don Justo habló con el maestro del colegio, que se llamaba Tomás y que llevaba ocho años en Olmeda del Espino y que era, según la experiencia de don Justo, una de las personas del pueblo con más criterio y menos necesidad de demostrarlo.
—¿Tú qué piensas? —preguntó don Justo.
—Pienso que depende completamente de cómo se haga —dijo Tomás—. Un centro así puede ser un desastre o puede ser una oportunidad. La diferencia no está en los chavales. Está en si el pueblo decide verlos como una amenaza o como personas que necesitan algo que quizás nosotros podemos darles.
—¿Y tú estarías dispuesto a hacer algo desde el colegio?
Tomás miró el café durante un momento.
—Si se hace bien, sí. Pero necesito saber qué es hacer bien en este caso. Y para eso necesito hablar con alguien que lo sepa.
Don Justo sacó el móvil. Buscó el contacto de Inés. Y lo compartió con Tomás sin decir nada más, porque a veces lo más útil que uno puede hacer es conectar a las personas correctas en el momento correcto.
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Del grupo de WhatsApp y de lo que siguió circulando
Lo que don Justo no pudo controlar, porque nadie puede controlar los grupos de WhatsApp, era el contenido que seguía circulando por los canales informales del pueblo mientras él hablaba con Tomás en el bar.
En el grupo de las madres del colegio circuló un artículo de un periódico digital de alcance nacional que relataba los problemas que había tenido un pueblo de otra comunidad autónoma tras la apertura de un centro similar. El artículo estaba escrito con rigor suficiente, pero la manera en que había sido recortado y reenviado —sin el contexto de las tres últimas páginas, que describían la resolución positiva del conflicto— lo convertía en algo diferente de lo que era originalmente.
En el grupo de los padres del fútbol circuló un vídeo sin fuente identificable que mostraba imágenes de un centro de internamiento —no quedaba claro de dónde— con comentarios en off sobre violencia interna y escapes.
Y en el grupo general del pueblo circuló una encuesta no oficial, creada por alguien que no se identificó, preguntando si los vecinos estaban a favor o en contra de la apertura del centro. La encuesta no preguntaba bajo qué condiciones, ni con qué modelo de gestión, ni con qué protocolos de integración. Solo a favor o en contra.
Don Justo miró los resultados de la encuesta esa tarde: setenta y tres por ciento en contra, veintisiete a favor. Los comentarios debajo de la encuesta eran lo que los comentarios de las encuestas no oficiales suelen ser: un inventario del miedo sin matices.
Anotó en la libreta azul, con la letra apretada de cuando algo le parecía importante y urgente al mismo tiempo:
El miedo se organiza solo. La integración necesita que alguien la organice. Esa asimetría es el problema real.
La teoría del etiquetamiento (labeling theory), desarrollada por Howard Becker en Outsiders (1963) y ampliada por Edwin Lemert y otros, establece que la identidad desviada no es solo producto de los actos de una persona sino del proceso social de definición y respuesta a esos actos. En el contexto de menores infractores, la investigación empírica muestra de manera consistente que el rechazo comunitario previo a la integración aumenta significativamente la probabilidad de reincidencia, mientras que la acogida activa —con recursos de formación, vínculos relacionales y expectativas positivas— es uno de los factores de protección más potentes disponibles. El miedo de la comunidad no es irracional: puede tener consecuencias reales. Pero las consecuencias dependen de cómo se gestione ese miedo, no de su mera existencia.
No son casos. Son personas.
DULCINEA DEL TRUE CRIME II — Expediente tránsito (segunda parte)
De lo que ocurrió cuando Olmeda del Espino decidió, con más dudas que certezas, intentarlo
Nuevos casos, mismas personas
El modelo de integración no lo diseñó nadie en una mesa. Lo fue construyendo una conversación a la vez, durante las semanas que siguieron a la reunión del ayuntamiento, entre personas que tenían razones distintas para estar en la misma dirección: Tomás, el maestro, que creía que el colegio podía hacer algo pero no sabía exactamente qué; Inés, que había trabajado con centros similares y tenía criterios claros sobre lo que funciona y lo que no; don Justo, que conocía a los vecinos mejor que nadie y sabía cuánto margen había para pedir; y, en una conversación que nadie esperaba, el propio director del centro, que se llamaba Roberto Salinas y que llegó a Olmeda del Espino un sábado por la mañana no para presentar el proyecto sino para escuchar las objeciones.
Roberto Salinas tenía cuarenta y cuatro años, llevaba dieciocho trabajando con menores infractores y tenía la serenidad específica de quien ha estado en suficientes reuniones de vecinos airados como para haber aprendido que la airada no es la emoción más importante de la sala.
—Lo que me interesa de esta reunión —dijo, en el bar donde don Justo lo había citado con Tomás y con el alcalde— no es convencerles de nada. Es saber qué temen exactamente. Porque lo que temen me dice qué tenemos que hacer bien.
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De lo que Roberto explicó sobre cómo funciona un centro de estas características
Roberto Salinas explicó, con la paciencia de quien lo ha explicado muchas veces y sabe que la claridad es más útil que la persuasión, lo que era y lo que no era un centro de internamiento en régimen semiabierto para menores.
—Un régimen semiabierto significa que los menores hacen vida dentro del centro pero tienen salidas programadas: al colegio, a actividades formativas, a talleres, a espacios comunitarios. No están encerrados. Pero tampoco están libres de manera indiscriminada: cada salida está planificada, acompañada por un educador o con un protocolo de seguimiento, y forma parte de un plan de intervención individualizado que el equipo del centro revisa semanalmente con el menor, con la familia si existe vínculo, y con el juez que ha dictado la medida.
—Los menores que van a estar en este centro han cometido delitos. Eso es un hecho. La mayoría son delitos patrimoniales o relacionados con el consumo y distribución de sustancias. Algunos tienen antecedentes de violencia. Ninguno ha sido condenado por delitos sexuales, porque esos casos tienen un protocolo diferente y no entran en centros de este tipo. Tienen entre catorce y diecisiete años. Vienen, en su mayoría, de entornos de alta vulnerabilidad: familias desestructuradas, abandono escolar temprano, consumo de sustancias iniciado antes de los doce años, ausencia de referentes adultos estables. No son monstruos. Son adolescentes a los que el sistema les ha fallado antes de que ellos fallaran al sistema. El centro existe para intentar revertir eso.
El alcalde preguntó lo que todo el mundo en la sala quería preguntar, pero nadie había dicho todavía:
—¿Y si uno se escapa y hace algo en el pueblo?
—Es una pregunta legítima —dijo Roberto—. Las fugas ocurren, no voy a decir que no. La estadística del sector indica que en centros de régimen semiabierto bien gestionados la tasa de fuga es inferior al cinco por ciento de los internos, y que en la gran mayoría de los casos el menor regresa voluntariamente o es localizado en pocas horas. Las situaciones en que un menor en fuga comete un delito grave en la comunidad existen, y cuando ocurren generan una cobertura mediática enorme que no refleja lo infrecuente que son. Lo que no genera cobertura mediática es el ochenta y nueve por ciento de menores que terminan su internamiento sin incidentes y con un itinerario de reinserción activo.
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Del modelo de integración: lo que Inés aportó
Inés participó en la segunda reunión por videollamada, desde Madrid, con la puntualidad y la brevedad que la caracterizaban cuando tenía cosas concretas que decir y no le sobraba el tiempo para decirlas de otra manera.
—La integración de menores de un centro en una comunidad pequeña tiene dos condiciones necesarias que no son negociables. La primera es que los menores tengan algo que hacer que tenga valor real, no simbólico. Talleres de formación ocupacional que enseñen habilidades que el mercado laboral demanda, no ocupación del tiempo disfrazada de formación. La diferencia entre las dos cosas la nota el menor en las primeras semanas, y si detecta que lo que está haciendo no sirve para nada, deja de hacerlo. La segunda condición es que la comunidad no sea solo el escenario donde los menores se integran: tiene que ser parte activa de esa integración. Eso significa que los vecinos, el colegio, los comercios, las asociaciones, interactúan con los menores en condiciones de reciprocidad: no como benefactores, no como vigilantes, sino como personas que comparten un espacio y tienen algo que darse mutuamente.
—La reciprocidad —continuó— es el elemento más difícil de construir y el más importante para que funcione. Un menor que solo recibe —formación, atención, recursos— mantiene una relación de dependencia con el sistema que no prepara para la vida fuera del sistema. Un menor que también aporta —que hace algo útil para la comunidad, que es reconocido por ello, que ve que su presencia tiene valor más allá de su historial— empieza a construir una identidad distinta de la que el etiquetamiento le había asignado.
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De los talleres, el colegio y lo que Tomás propuso
Tomás, el maestro, había hecho los deberes entre la primera y la segunda reunión. Llegó con una propuesta concreta que había desarrollado consultando con la dirección del colegio y con dos asociaciones locales.
La propuesta tenía tres patas.
La primera era un taller de formación ocupacional en el propio centro, con tres módulos: electricidad básica y mantenimiento de instalaciones, carpintería y restauración de muebles, y huerto y producción ecológica. Los tres módulos tenían salida real en el entorno rural de la comarca. Los dos primeros conectaban con la demanda de oficios que el pueblo y los municipios cercanos tenían dificultades para cubrir. El tercero podía vincularse a la cooperativa agrícola local, que buscaba mano de obra para la temporada de recolección y estaba dispuesta a considerar incorporar a menores del centro como parte de un programa de prácticas remuneradas.
La segunda pata era la colaboración con el colegio. No integración directa en las aulas —eso requería un protocolo más largo y más cuidadoso— sino dos proyectos concretos: los menores del centro ayudarían, supervisados por un educador, en el mantenimiento del huerto escolar que el colegio tenía pero para el que no tenía suficiente personal; y participarían en un proyecto de radio escolar que Tomás llevaba meses queriendo poner en marcha y para el que los menores, que en muchos casos tenían competencias digitales y comunicativas que los alumnos del colegio no tenían, podían aportar algo real.
—No quiero que vengan al colegio a aprender de nuestros alumnos —dijo Tomás—. Quiero que vengan a enseñar algo también. Porque si solo vienen a recibir, los nuestros los van a ver como inferiores. Y si los ven como inferiores, los van a tratar como inferiores. Y si los tratan como inferiores, ya sabemos lo que pasa.
Don Justo anotó eso en la libreta azul sin que Tomás se diera cuenta. Era la teoría del etiquetamiento explicada por un maestro de pueblo sin haber leído a Becker, que es probablemente la mejor prueba de que Becker tenía razón.
La tercera pata era la más delicada: la protección activa de los propios menores del centro. No solo de los del pueblo frente a los del centro, como había sido el marco del miedo previo. También de los del centro frente a los riesgos que existían precisamente porque eran vulnerables: el reclutamiento por parte de redes de distribución de drogas que operaban en la comarca, el contacto con adultos que los usaban como mulas o como fuente de acceso a otros menores, y los riesgos específicos de los menores más jóvenes y con mayor historial de vulnerabilidad con los entornos digitales.
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Del riesgo real que nadie había mencionado en las reuniones
Fue Roberto Salinas quien puso sobre la mesa, en la tercera reunión, el tema que don Justo llevaba semanas queriendo preguntar y que nadie había abordado en los debates públicos porque no encajaba en ninguna de las dos posiciones establecidas:
—El riesgo más serio para los menores del centro no viene del pueblo. Viene de fuera del pueblo. Los menores en régimen semiabierto que tienen salidas regulares son objetivo de captación para redes que operan en el exterior: distribución de sustancias, en primer lugar. Pero también, y esto ocurre con una frecuencia que el debate público suele ignorar porque es incómodo, redes que los captan para la producción de contenido en plataformas de suscripción de contenido adulto, para la prostitución encubierta bajo la cobertura de esas plataformas o directamente para redes de explotación sexual.
—Los menores vulnerables, especialmente los que tienen un historial de abandono familiar, son especialmente susceptibles a estas captaciones porque el captador les ofrece algo que el sistema no les ha dado: atención, reconocimiento, dinero, la sensación de que alguien los elige. El mecanismo es idéntico al grooming: construcción gradual de confianza, aislamiento del entorno protector, normalización de conductas de riesgo, dependencia económica o emocional que hace muy difícil salir.
Don Justo escuchó esto con la atención concentrada del que reconoce un mecanismo que ya conoce en un contexto que no esperaba encontrarlo.
—¿Y qué se hace para protegerlos? —preguntó.
—Varias cosas simultáneas —dijo Roberto—. Primera: que los menores sepan que ese riesgo existe y cómo funciona. No como amenaza, sino como información. Un menor que entiende el mecanismo del grooming tiene más herramientas para resistirlo que uno que no lo conoce. Segunda: que tengan alternativas reales de ingresos y reconocimiento, porque la captación funciona sobre el vacío. Si el menor tiene un trabajo de prácticas, una actividad que le da satisfacción, relaciones en la comunidad que le generan pertenencia, el atractivo del captador disminuye. Tercera: que el equipo del centro y la comunidad tengan protocolos para detectar señales de captación temprana: cambios bruscos de conducta, aparición de dinero sin fuente explicable, distanciamiento súbito de las actividades del centro, comunicación creciente con contactos externos no identificados.
Inés, que seguía la conversación por el móvil de don Justo que este había puesto en el centro de la mesa, añadió:
—Lo que Roberto describe es la intersección entre la intervención con menores infractores y la prevención de la explotación sexual. Son dos campos que en la práctica se solapan mucho más de lo que la legislación y los protocolos tienden a reconocer. Un menor captado para producir contenido en OnlyFans con catorce años no está ejerciendo la autonomía sexual que algunas narrativas sugieren: está siendo explotado por adultos que se benefician de su vulnerabilidad y de los vacíos legales de las plataformas. El hecho de que la captación ocurra online y el producto sea digital no cambia la naturaleza de la explotación.
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De lo que ocurrió en los primeros tres meses
El centro abrió en septiembre con doce menores, cuatro menos de su capacidad máxima. Los primeros tres meses fueron, según la descripción que Roberto hizo a don Justo en una conversación de seguimiento, exactamente lo que alguien con experiencia habría predicho: mejor de lo que los más pesimistas esperaban, más difícil de lo que los más optimistas habrían querido.
El taller de electricidad tuvo una acogida irregular: cuatro menores se engancharon desde el primer día, tres tardaron un mes en encontrarle el sentido, dos lo abandonaron antes del segundo mes y requirieron un cambio de actividad. El taller de huerto funcionó mejor de lo esperado porque dos de los menores tenían experiencia agrícola de sus entornos de origen y eso les dio un estatus dentro del grupo que no habían tenido en ningún otro contexto.
La colaboración con el colegio arrancó con el proyecto de radio en octubre. Las primeras dos sesiones fueron tensas, con los alumnos del colegio manteniendo una distancia que Tomás describió como educada pero visible. En la tercera sesión, uno de los menores del centro, que se llamaba Marcos y que tenía dieciséis años y una historia que Roberto no contó en detalle, demostró que sabía editar audio con una fluidez que ninguno de los alumnos del colegio tenía. El cambio en la dinámica a partir de ese momento fue, según Tomás, perceptible para cualquiera que estuviera en la sala.
—En cuanto tuvieron algo que enseñar, dejaron de ser los del centro —dijo Tomás a don Justo—. Pasaron a ser los que saben editar audio. Eso parece pequeño. No lo es.
En el grupo de WhatsApp de las madres del colegio, a finales de noviembre, alguien preguntó cómo iba lo del centro. La respuesta más votada, con seis me gustas, fue la de una madre que dijo que su hija había llegado a casa hablando con entusiasmo del chico del centro que les había enseñado a hacer una intro de podcast. Nadie mencionó robos. Nadie mencionó drogas. Nadie mencionó miedo.
Don Justo lo leyó esa tarde y no anotó nada en la libreta azul. No porque no le pareciera importante. Sino porque algunas cosas, cuando empiezan a ir bien, no necesitan ser anotadas para ser reales. Solo necesitan tiempo. Y personas que decidan, con más dudas que certezas, intentarlo.
Los centros de internamiento de menores en régimen semiabierto en España están regulados por la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores y sus reglamentos de desarrollo. La investigación sobre reinserción de menores infractores muestra consistentemente que los factores de protección más potentes son la vinculación a actividades formativas con valor real, la construcción de relaciones de pertenencia en la comunidad y la existencia de referentes adultos estables que mantengan expectativas positivas sobre el menor. La captación de menores vulnerables para explotación sexual o distribución de sustancias es un riesgo documentado en entornos de internamiento semiabierto que requiere protocolos específicos de detección y prevención. Los mecanismos de captación son en muchos casos idénticos a los del grooming: construcción de confianza, aislamiento del entorno protector y generación de dependencia. La formación de los propios menores sobre estos mecanismos es uno de los elementos preventivos más eficaces disponibles.
No son casos. Son personas.
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Esta obra es el resultado del trabajo creativo de sus autores. Para determinadas tareas de apoyo —como la organización de información, la estructuración de materiales y la asistencia en procesos de edición— se han empleado herramientas de inteligencia artificial. No obstante, la concepción, autoría, criterio y responsabilidad sobre los contenidos pertenecen exclusivamente a los autores humanos.
