El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en el marco de la investigación conocida como el «caso Leire«. Ambos deberán comparecer el próximo 16 de julio por su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, tras la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y respaldada por las acusaciones populares.
La decisión judicial supone un nuevo giro en una investigación que trata de esclarecer las supuestas maniobras impulsadas por Leire Díez para interferir en actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y obstaculizar investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno. Según los indicios recogidos durante la instrucción, la exdirigente socialista habría mantenido diversos contactos con Mercedes González y habría tratado de influir en actuaciones internas del Instituto Armado dirigidas contra la propia UCO.
La resolución de Pedraz llega después de que la Fiscalía apreciara indicios suficientes para investigar el papel desempeñado por ambos altos cargos de la Guardia Civil. La investigación se apoya, entre otros elementos, en informes elaborados por la UCO que documentan reuniones y contactos entre Leire Díez y Mercedes González, así como en declaraciones prestadas por mandos del cuerpo durante la instrucción.
En concreto, los investigadores analizan si desde la cúpula del Instituto Armado se promovieron actuaciones administrativas encaminadas a investigar a miembros de la UCO tras la publicación de informaciones sensibles relacionadas con procedimientos judiciales de alto impacto político. Los informes incorporados a la causa sostienen que Leire Díez habría intentado impulsar esas actuaciones aprovechando su relación con responsables de la Guardia Civil, una tesis que la directora general ha rechazado de forma reiterada.
Mercedes González ha negado en varias ocasiones cualquier participación en una supuesta trama para perjudicar a la UCO. En su comparecencia ante el Senado aseguró que nunca ha intervenido para frenar investigaciones ni ha formado parte de ninguna conspiración contra la unidad de élite de la Guardia Civil. También reconoció haber mantenido encuentros con Leire Díez, aunque sostuvo que las reuniones respondieron a cuestiones ajenas a cualquier intento de interferir en investigaciones judiciales.
Por su parte, Manuel Llamas también deberá explicar ante el magistrado su actuación al frente de la Dirección Adjunta Operativa, después de que varios testimonios e informes incorporados a la causa hayan situado su nombre en decisiones relacionadas con la gestión interna de asuntos vinculados a la UCO. La investigación trata de determinar si existieron actuaciones encaminadas a dificultar o condicionar el trabajo de los investigadores en procedimientos especialmente sensibles.
La citación de la directora general de la Guardia Civil y del DAO representa uno de los episodios de mayor relevancia institucional dentro del denominado «caso Leire», al afectar directamente a la cúpula del Instituto Armado. La comparecencia prevista para el 16 de julio permitirá al juez avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra ambos responsables.
