La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en la comisión de investigación del Senado para responder a las acusaciones sobre supuestas presiones internas a la Unidad Central Operativa (UCO) y sobre su relación con la empresaria y periodista Leire Díez. Durante una intervención marcada por un tono defensivo, González negó de manera rotunda haber intentado influir en investigaciones judiciales o policiales y aseguró que nunca recibió petición alguna para frenar, entorpecer o manipular actuaciones de la Guardia Civil.
La comparecencia de González responde a la solicitud del PP de informar sobre su conocimiento de las reuniones mantenidas por Leire Díez Castro con Rubén Villalba Carnerero, cuyo supuesto objeto era desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para frenar las informaciones judiciales que afectan al Gobierno.
La responsable del Instituto Armado explicó que conoció a Leire Díez tras su nombramiento al frente de la Guardia Civil en septiembre de 2024. Según relató ante los senadores, el primer encuentro se produjo en una cafetería cercana a la Dirección General después de que Díez solicitara mantener una conversación informal. González afirmó que aquella reunión fue breve y se limitó a abordar la nueva situación profesional de la periodista, que le comentó que trabajaba como freelance entre Cantabria y Madrid. La directora general insistió en que durante aquel encuentro no se habló de investigaciones abiertas ni de asuntos relacionados con la actividad operativa del cuerpo.
Respecto a una segunda reunión celebrada meses después, Mercedes González reconoció que Leire Díez le planteó la posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera regresar a un destino anterior. La directora general aseguró que rechazó de inmediato dicha solicitud al recordar que el oficial se encontraba sin destino por su presunta vinculación con un procedimiento judicial. Según explicó, la conversación terminó en ese momento y desde entonces no volvió a mantener ningún encuentro con Díez.
Durante su comparecencia, González relató que en mayo de 2025 fue informada por la Dirección Adjunta Operativa de la existencia de una supuesta estrategia de defensa vinculada a un caso en el que Leire Díez pretendía presentar una aparente relación privilegiada con la Dirección General de la Guardia Civil. Poco después, según señaló, se difundieron públicamente imágenes y grabaciones relacionadas con la empresaria y con responsables de la UCO, circunstancia que motivó reuniones internas para trasladar apoyo institucional a los mandos afectados.
La directora general detalló que el 29 de mayo mantuvo una reunión en su despacho con responsables de Policía Judicial y de la UCO para expresarles su respaldo personal y profesional tras la exposición pública de algunos de sus integrantes. Un encuentro que, según explicó, se repitió al día siguiente en el Ministerio del Interior junto al ministro y los máximos responsables operativos de la Guardia Civil. González afirmó que en ambas reuniones recibió muestras de agradecimiento por parte de los mandos y negó que existieran quejas o denuncias por supuestas presiones políticas.
Uno de los aspectos centrales de su intervención estuvo relacionado con las denominadas “informaciones reservadas” abiertas por la Guardia Civil en los últimos años. La directora general defendió que se trata de procedimientos internos habituales previstos en la legislación disciplinaria para esclarecer hechos concretos y que no constituyen investigaciones contra personas determinadas. Según explicó, ninguna de las actuaciones analizadas derivó en expedientes sancionadores ni en responsabilidades disciplinarias.
La primera de esas actuaciones, indicó, se abrió a finales de 2024 tras la publicación de información sensible relacionada con el entorno familiar de David Sánchez. González explicó que la finalidad era determinar el origen de una filtración documental y que el expediente fue archivado tras concluir que el problema procedía de un documento técnico remitido a la autoridad judicial. La segunda actuación se inició en mayo de 2025 tras la publicación de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Sin embargo, fue archivada pocos días después sin practicar diligencias al existir procedimientos judiciales en marcha.
La comparecencia también abordó una tercera actuación administrativa abierta tras la publicación de informaciones periodísticas que apuntaban a supuestas injerencias del Director Adjunto Operativo en investigaciones relacionadas con el entorno gubernamental. Mercedes González defendió la honorabilidad del mando afectado, un teniente general con más de cuarenta años de servicio, y sostuvo que la investigación interna únicamente pretendía verificar el origen de unas acusaciones que, a su juicio, dañaban gravemente la reputación profesional de los responsables de la institución.
En la parte final de su intervención, la directora general rechazó categóricamente cualquier intento de presión sobre la UCO o sobre las unidades encargadas de investigaciones sensibles. “Nunca, jamás”, reiteró en varias ocasiones, ha ordenado actuaciones destinadas a influir en el trabajo de los agentes o a proteger intereses políticos. Asimismo, afirmó que todos los miembros de la Guardia Civil se encuentran al margen de cualquier intento de manipulación y reivindicó la neutralidad y profesionalidad del cuerpo.
Concluyó expresando su respeto y admiración por la Guardia Civil, institución a la que calificó como “su casa”. La directora general pidió disculpas a los agentes por la controversia generada en las últimas semanas y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas. “Nunca haría nada que perjudicase personal o profesionalmente a la Guardia Civil”, aseguró ante la comisión, defendiendo que su actuación al frente del cuerpo siempre se ha guiado por la legalidad, la ética y el sentido de la responsabilidad.
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