En las carreteras españolas, los radares de tráfico se han convertido en una pieza clave del sistema de control de velocidad y de seguridad vial. Su presencia es cada vez más habitual, ya sea en autopistas, carreteras secundarias, calles urbanas o accesos a grandes ciudades. Sin embargo, la red de radares en España es mucho más compleja de lo que puede parecer a simple vista: no todos los dispositivos son iguales ni están bajo el control de un único organismo.
De hecho, su distribución responde a distintos criterios administrativos, y su gestión está fragmentada entre la Dirección General de Tráfico (DGT), las policías autonómicas, algunos ayuntamientos y organismos de tráfico de territorios con competencias transferidas, como Cataluña y el País Vasco.
Según los datos más recientes disponibles, España cuenta con más de 2.000 radares de tráfico en funcionamiento a lo largo de su red viaria. De estos, alrededor de 1.400 dispositivos son gestionados directamente por la Dirección General de Tráfico, organismo dependiente del Ministerio del Interior y responsable de la vigilancia en la mayoría del territorio español.
Estos radares se reparten en varias categorías: radares fijos, instalados en postes o cabinas; radares móviles, montados en vehículos camuflados de la Guardia Civil de Tráfico o sobre trípodes; y radares de tramo, que calculan la velocidad media entre dos puntos para sancionar el exceso continuado.
La DGT ha incrementado progresivamente su número de radares desde 2015 como parte de un plan integral para reducir la siniestralidad en carretera. El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido públicamente que «los radares no están para recaudar, sino para salvar vidas», y que su instalación responde a estudios técnicos que identifican tramos de riesgo. El organismo también gestiona los polémicos Velolaser, pequeños radares portátiles que se colocan de forma disimulada en guardarraíles, señales de tráfico o motos.
No obstante, la gestión del tráfico en España no es competencia exclusiva de la DGT. Existen dos comunidades autónomas con competencias transferidas: Cataluña y el País Vasco, cuyos organismos propios —el Servei Català de Trànsit (SCT) y la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco— controlan sus propias redes de radares.
En Cataluña, hay más de 300 radares operativos, la mayoría fijos o de tramo, especialmente concentrados en las vías principales que conectan Barcelona con otras ciudades como Girona, Tarragona o Lleida. El SCT ha hecho pública su estrategia de colocar radares en «zonas de especial peligrosidad», pero ha recibido críticas por la alta densidad de radares en accesos urbanos.
Por su parte, el Gobierno Vasco cuenta con más de 140 radares distribuidos en su red de carreteras. Aunque la cifra absoluta es inferior a la de otras comunidades, el País Vasco es uno de los territorios con mayor número de radares por kilómetro cuadrado, lo que hace que sus carreteras estén altamente vigiladas. Además, tanto en Cataluña como en Euskadi, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza también operan con radares móviles y de tramo.
A estas cifras hay que añadir los radares gestionados por ayuntamientos en zonas urbanas, especialmente en ciudades con policía local con competencias en tráfico. Municipios como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Málaga han instalado radares propios, sobre todo en avenidas de alta capacidad, túneles urbanos o en zonas de reducción de velocidad, como entornos escolares. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, hay más de 60 radares fijos municipales y una docena de radares de semáforo, también conocidos como foto-rojo, que sancionan a los conductores que se saltan un semáforo en rojo.
Si hablamos de qué regiones tienen más radares, además de Cataluña, destacan Andalucía, Castilla y León, Madrid y Galicia. Andalucía lidera en número de radares fijos gestionados por la DGT, con más de 200 dispositivos en provincias como Sevilla, Cádiz o Málaga. Castilla y León también cuenta con una amplia red, especialmente en carreteras nacionales y secundarias, debido a su gran extensión territorial y al elevado número de accidentes en vías convencionales. Galicia ha sido uno de los territorios donde más se han implementado radares de tramo, sobre todo en túneles como el de O Sartego (A Coruña) o la AP-9.
Ahora bien, una cosa es dónde hay más radares, y otra distinta es dónde se pone más multas. En este sentido, la Comunidad de Madrid, pese a tener menos radares que otras regiones, se sitúa año tras año como una de las regiones con mayor número de sanciones por exceso de velocidad. Solo en 2023, los radares de la DGT y del Ayuntamiento de Madrid emitieron más de 1,2 millones de multas, una cifra que contrasta con regiones más extensas pero menos densamente transitadas. Le siguen en el ranking de sanciones Andalucía (con más de 1 millón de multas) y Cataluña (cerca de 900.000), aunque en el caso catalán buena parte de estas sanciones se tramitan a través de los canales propios del Servei Català de Trànsit.
Un caso especialmente llamativo es el del radar ubicado en la A-7 a la altura de Málaga, uno de los que más sanciones impone de toda España. En 2023 registró más de 70.000 infracciones, siendo el más “rentable” del país. También destacan el radar de la AP-7 en Tarragona, el de la A-4 en Córdoba y el de la M-40 en Madrid, todos ellos superando las 50.000 denuncias anuales.
Este fenómeno ha provocado que organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denuncien una utilización “abusiva” de los radares con fines recaudatorios. Según sus estudios, al menos un 30 % de los radares más sancionadores se encuentran en tramos donde no hay un historial claro de accidentes, lo que pone en duda su función disuasoria. Por el contrario, la DGT insiste en que el criterio principal para instalar un radar es la siniestralidad, aunque admite que hay “zonas conflictivas” con alta circulación donde es difícil establecer un equilibrio entre control y fluidez del tráfico.
