El «Informe anual FSG 2025» sobre discriminación y comunidad gitana documenta 399 casos atendidos en 2024. En medios de comunicación se recogieron 48 casos, de los cuales nueve son noticias sobre crímenes violentos, nueve asocian a la comunidad con el crimen organizado, ocho la vinculan con la inseguridad por ocupación de viviendas, doce presentan a personas gitanas en situaciones de violencia en la vía pública, y otras tantas como incívicas.
En redes sociales se recogieron 118 mensajes de odio antigitano, de los cuales 110 fueron reportados en el contexto del ciclo de monitoreo coordinado con organizaciones de toda la UE, según recoge el Compendio de memoria y balances: Julio-diciembre de 2025, elaborado por el Centro de Análisis y Prospectiva Dirección General de la Guardia Civil.
En acceso a bienes y servicios se atendieron 82 casos, de los cuales 52 ocurrieron en el ámbito privado y 30 en el público. En comercios y supermercados se registraron 25 casos, generalmente asociados a hipervigilancia y acusaciones infundadas de robo dirigidas contra personas gitanas, especialmente mujeres.
En el ámbito educativo se registraron 25 casos, varios de no admisión en centros educativos con diversas excusas. Las familias desistieron de llevar acciones legales una vez obtuvieron plaza para sus hijos en otros centros.
En empleo se recogieron 35 casos. Siete consistieron en no contratación por motivaciones discriminatorias explícitas. En 17 casos, la persona gitana fue inicialmente contratada pero después de conocerse su etnia se le comunicó que no superaba el período de prueba. En materia de salud se registraron 15 casos. La casuística más frecuente fue el trato discriminatorio en cuestiones no estrictamente médicas, como trato vejatorio y degradante o hipervigilancia por personal de seguridad. El resto de casos involucró la presunción de que las personas gitanas exageran sus problemas de salud, motivo por el cual se les despacha con tratamiento mínimo o se les deniega exploración en profundidad.
En servicios policiales se recogieron 19 casos. Las identificaciones por perfil racial fueron la casuística más común (nueve casos), seguidas de actitudes discriminatorias en dependencias policiales (seis casos). El resto incluye identificaciones arbitrarias y actuaciones policiales desmedidas motivadas por prejuicios.
En vivienda se recogieron 45 casos: 11 de denegación de alquiler por la condición gitana, nueve relacionados con atención deficiente en la Administración ante problemas de viviendas sociales, nueve de desahucios sin respeto a procedimientos legales, y 11 de acoso vecinal.
