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miércoles, abril 17, 2024

Las administraciones públicas españolas, en el punto de mira de los hackers

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Un estudio de Check Point de 2022 cifraba en 1.250 el número de ciberataques que se producen de media cada semana en España, país que es considerado el tercero del mundo, sólo después de Estados Unidos y Rusia, que más delitos cibernéticos registra. Y los objetivos son de lo más diverso: no solo son empresas, también, y de forma creciente, las administraciones públicas están el punto de mira de los ‘malos’ de esta película.

La correduría de ciberriesgo Watch&Act Protection Services (W&APS) comparte públicamente en un trabajo recopilatorio, mes a mes, el rosario de los principales ataques y amenazas registrados durante 2023.

En enero, un total de 107 ayuntamientos de la provincia de Vizcaya se vieron afectados por un intento de ciberataque. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Durango tardó más de una semana en restablecer sus sistemas. Como amenaza principal destacó la suplantación de identidad de la Seguridad Social, con una campaña de phishing que descargaba un malware en el dispositivo de quien picara el anzuelo y pinchara en el link correspondiente.

La empresa Telepizza sufrió en febrero un ataque de ransomware, y los servidores de la Agencia Tributaria fueron atacados con el fin de obtener los datos fiscales de los ciudadanos. Las suplantaciones de identidad de este mes correspondieron a tres entidades bancarias: BBVA, Santander y WiZink.

Al mes siguiente, marzo, el Hospital Clínic de Barcelona fue objeto de un ataque de ransomware que logró encriptar sus sistemas, tardando varias semanas en recuperar su actividad normal, lo que le causó importantes pérdidas económicas y de datos personales. Además, varias páginas web del Estado sufrieron ataques en cadena, entre ellas la del Ministerio de Hacienda. La Agencia Tributaria fue suplantada mediante la técnica del smishing (vía SMS), solicitando actualizar la información de pago para recibir una ayuda económica del Gobierno de 200€. También se recibieron mensajes fraudulentos a través de WhatsApp suplantando la identidad de la cervecera Mahou.

La compañía de telefonía y fibra óptica Yoigo sufrió en abril un ciberataque a gran escala con acceso a información personal de sus clientes. Y de nuevo, vía smishing, supuestamente la Agencia Tributaria solicitaba a los usuarios información de la tarjeta bancaria para recibir el reembolso de un impuesto o de la declaración de la renta de 2022.

En mayo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) fue víctima de un ciberataque que obligó a suspender temporalmente su servicio como medida preventiva. Ese mes las campañas de suplantación de identidad fueron especialmente numerosas, afectando a la empresa de paquetería FedEx, a la energética Endesa y, una vez más, a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social (en este caso, solicitando la actualización de la tarjeta sanitaria).

Un ataque de ransomware sufrido en junio por el Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) dejó sin funcionar a la mitad de los ordenadores y sin poder cobrar a más de 200 funcionarios. Además, se registraron varias campañas de smishing suplantando la identidad de varias entidades bancarias.

Durante las Elecciones Generales de julio, un ciberataque de denegación de servicio (DoS) colapsó los servidores y páginas web de diferentes entidades, como el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Metro Ligero Oeste de Madrid, la Sede Electrónica del Ministerio del Interior y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. En este caso, las suplantaciones de identidad mediante e-mails fraudulentos tuvieron por objeto a la Policía Nacional y Guardia Civil. Su objetivo era extorsionar a la víctima para que conteste al correo, en el que se le acusaba de cometer una serie de delitos relacionados con pornografía.

No hubo respiro ni en vacaciones. En agosto tuvo lugar una campaña de sextorsión en la que se amenazaba a los usuarios con que publicarían unos vídeos íntimos suyos si no les pagaban una determinada cantidad en bitcoins. Y nuevamente fue suplantada la identidad de la Seguridad Social en una campaña de smishing en la que vía SMS se solicitaban las fotos de su DNI y un selfie para confirmar un supuesto expediente, datos que después venderían en la dark web para realizar algún tipo de ciberestafa.

El ciberataque más sonado de septiembre fue el de la página web del Ayuntamiento de Sevilla, que dejó durante varias semanas a los ciudadanos de la capital andaluza sin acceso a un buen número de servicios y sin posibilidad de hacer trámites telemáticos. El coste del ataque se estimó en unos 5 millones de euros. La Agencia Tributaria repitió como protagonista de otra campaña de smishing que solicitaba al usuario que accediera a una web para solucionar una incidencia en su declaración de la renta.

La compañía aérea Air Europa avisó en octubre a sus clientes de que, a causa de un ciberataque, se habían filtrado los datos de las tarjetas de crédito asociadas a las compras de sus billetes, recomendándoles cancelar dichas tarjetas. Y las amenazas por suplantación de identidad afectaron este mes a organismos públicos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de dos métodos de ingeniería social, el phishing y su versión por llamada telefónica (vishing); y también a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Agencia Tributaria.

En noviembre se detectó un acceso no autorizado a los datos de un colaborador de Vodafone, por el que se han visto comprometidos datos personales y bancarios de un número limitado de clientes. Y la web del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) también se vio afectada por un ciberataque. Siendo el mes del Black Friday, los intentos de fraude estuvieron relacionados con las compras online y las entregas de paquetería, suplantando la identidad de compañías como Correos o DHL.

Por último, en diciembre, el despacho de abogados CMS Albiñana y Suárez de Lezo, que tiene entre sus clientes a grandes empresas como Iberdrola o el Santander, sufrió un ciberataque a sus servidores. Los ciberdelincuentes se apoderaron de una gran cantidad de archivos confidenciales y pidieron un rescate millonario para poder recuperar la documentación sustraída.

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