El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), en representación de los Colegios Profesionales de Criminología de España, ha solicitado por escrito al Estado que el futuro proyecto de ley por el que se regulan las profesiones de los servicios sociales incluya expresamente la criminología en el catálogo de profesiones propias de este ámbito.
Así lo recoge el documento de aportaciones que ha remitido al trámite de consulta pública previa convocado por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que reclama que la criminología sea reconocida junto al Trabajo Social, la Educación Social y la Psicología de la intervención social.
En el escrito, los Colegios Profesionales de Criminología sostienen que la consulta pública identifica correctamente como problema principal la ausencia de una regulación básica estatal de las profesiones de los servicios sociales, al generar diferencias territoriales en el ejercicio profesional, dificultar la movilidad de los profesionales y afectar a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
A ese diagnóstico, añade un problema adicional de igual relevancia: la exclusión sistemática de la criminología del catálogo de profesiones de los servicios sociales, pese a que los criminólogos desarrollan funciones esenciales en dicho sistema en numerosas comunidades autónomas, «sin reconocimiento legal expreso ni homogeneidad en su estatuto profesional».
De hecho, agrega el escrito, esta omisión no solo perjudica a los profesionales, sino que empobrece la respuesta del sistema de servicios sociales ante fenómenos para los que la criminología ofrece herramientas específicas, como la violencia en el entorno familiar y comunitario, la delincuencia juvenil, la victimización, la reincidencia, el tráfico de personas, las conductas adictivas con dimensión delictiva o la cibervictimización.
Los Colegios Profesionales de la Criminología recuerdan que esta disciplina es una ciencia autónoma con objeto, método y corpus teórico propios, dedicada al estudio del delito, el delincuente, la víctima, el control social y las políticas de prevención. Además, subrayan que su autonomía científica ha sido reconocida recientemente a nivel normativo por el Estado a través del proyecto de real decreto sobre especialidades de conocimiento del profesorado universitario, que incluye la Criminología como especialidad independiente.
El documento remitido destaca que la formación en Criminología, impartida en más de cuarenta grados y numerosos másteres universitarios en España, incluye materias directamente vinculadas al ámbito de los servicios sociales, como victimología, criminología forense, prevención del delito, intervención con menores en conflicto con la ley, criminología ambiental, análisis del riesgo y la reincidencia o intervención con colectivos vulnerables.
En este sentido, las instituciones colegiales sostienen que la prevención del delito en sus tres niveles —primaria, secundaria y terciaria— es una de las contribuciones «más directas» de la Criminología al sistema de servicios sociales, al permitir actuar en programas de prevención comunitaria, identificar factores de riesgo individuales, familiares y sociales, y diseñar intervenciones basadas en evidencia.
También defienden que la Victimología, como rama nuclear de la Criminología, proporciona el marco teórico y metodológico para la atención, evaluación y acompañamiento de víctimas de delitos y situaciones traumáticas. «Y es que está científicamente comprobado que la presencia de criminólogos y criminólogas especializadas en Victimología refuerza la calidad de la primera atención y la derivación adecuada, dado que los servicios sociales son, en muchos casos, la primera puerta de acceso de las víctimas al sistema de protección», apunta el Colegio en una nota.
Funciones propias del criminólogo
Entre sus solicitudes concretas, exigen que la ley reconozca como funciones propias del criminólogo en servicios sociales la evaluación del riesgo de victimización, delincuencia y reincidencia; el diseño, implementación y evaluación de programas de prevención del delito; la atención especializada a víctimas; y la intervención técnica en programas de menores en conflicto con la ley y en riesgo de exclusión.
Asimismo, insta al Ministerio a que reconozca la valoración criminológica en contextos de violencia de género, doméstica e intrafamiliar; el análisis del riesgo en situaciones de exclusión social y conductas adictivas con dimensión delictiva; y la elaboración de informes criminológicos dentro de equipos multiprofesionales de servicios sociales.
Los Colegios Profesionales también solicitan que se establezca el Grado en Criminología como título habilitante para el ejercicio de estas funciones, en coherencia con el reconocimiento académico ya existente en el sistema universitario español y con el reconocimiento de la Criminología como especialidad de conocimiento en el sistema de acreditación del profesorado universitario.
Además, piden que la futura ley garantice la participación de las instituciones colegiales en los órganos consultivos y de coordinación que se establezcan para la gobernanza del sistema de profesiones de servicios sociales, en igualdad de condiciones con los colegios de las demás profesiones incluidas.
Por último, el documento enviado concluye que la inclusión de la Criminología en el catálogo de profesiones de los servicios sociales «no es una reivindicación corporativa», sino una exigencia derivada de la propia lógica del sistema, ya que si los servicios sociales pretenden abordar de forma integral la vulnerabilidad social, la exclusión, la victimización y el riesgo delictivo, necesitan equipos multiprofesionales en los que el criminólogo aporte su perspectiva científica específica.
