El acuerdo sobre el nuevo convenio estatal de seguridad privada para el período 2026-2030 se cierra tras una negociación larga, anticipada y marcada por un contexto político y económico incierto. El acta final, a la que ha tenido acceso Delta13News, revela un equilibrio complejo: por un lado, una mayoría sindical y patronal que opta por la estabilidad y la previsibilidad; por otro, organizaciones que denuncian que el acuerdo consolida un modelo de precariedad estructural en un sector declarado esencial, pero históricamente infravalorado.
Desde la óptica de los sindicatos firmantes —UGT, CCOO y USO— el convenio representa un avance real, aunque incompleto. UGT subraya que la negociación se adelantó deliberadamente para blindar mejoras ante el riesgo de un cambio político que pudiera dificultar futuros avances en derechos laborales. Esta anticipación no se concibe, según el acta, como una renuncia a mejoras salariales, sino como una estrategia defensiva frente a posibles retrocesos normativos y a propuestas empresariales iniciales que pretendían introducir cambios en absentismo y jornadas, especialmente en el transporte de fondos, finalmente retiradas tras fuertes tensiones en la mesa negociadora.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es el incremento salarial, que los firmantes presentan como uno de los más relevantes de la negociación colectiva estatal en términos acumulados: un 36,8 % en ocho años. Aunque se reconoce que el sector parte de salarios bajos, UGT defiende que las subidas pactadas se sitúan por encima de la media nacional de convenios colectivos. En la práctica, este aumento pretende ofrecer certidumbre económica a largo plazo, aunque su distribución progresiva, con mayores incrementos concentrados en los últimos años, genera lecturas muy distintas entre los actores del sector.
CCOO introduce en el acta una valoración estratégica: el convenio no debe entenderse como un texto cerrado ni inmóvil, sino como un marco vivo que debe desarrollarse durante su vigencia. Destaca especialmente la incorporación de una regulación innovadora de la jubilación parcial, inexistente hasta ahora en el sector, que se presenta como un nuevo derecho laboral y un precedente potencial para otras actividades económicas. Esta medida, muy demandada por plantillas envejecidas y sometidas a un alto desgaste físico y psicológico, es uno de los elementos que permiten a CCOO justificar la firma pese a las renuncias asumidas.
El acuerdo también introduce mejoras en aspectos organizativos y de conciliación que, aunque menos visibles que el salario, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vigilantes y del personal de seguridad. El acta recoge avances en desconexión digital, entrega de cuadrantes, ampliación del plus de radioscopia, descansos en Nochebuena y Nochevieja, regulación de fines de semana y lenguaje inclusivo. Estas mejoras, según los sindicatos firmantes, buscan ordenar prácticas que hasta ahora se aplicaban de forma desigual o ambigua y reducir la arbitrariedad en la organización del trabajo.
Sin embargo, el documento también deja constancia de una fractura sindical profunda. La CIG y ELA rechazan frontalmente el acuerdo y lo hacen con argumentos extensos y detallados. Para estas organizaciones, el convenio no solo es insuficiente, sino que consolida la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante más de una década. Denuncian que una media del 4 % anual no compensa la inflación real, que la cláusula de garantía salarial está limitada a un máximo del 2 % y que no tendrá efectos económicos hasta 2031, dejando a las plantillas desprotegidas durante toda la vigencia del convenio.
La crítica va más allá del salario. CIG y ELA consideran que el convenio condiciona derechos futuros a reformas legales inciertas, especialmente en materia de reducción de jornada, y que introduce mejoras de conciliación subordinadas a la organización empresarial, sin garantías reales de aplicación. También denuncian la ausencia de nuevos pluses ligados a la transformación tecnológica del sector —como CCTV, drones, robótica o idiomas— y la falta de reconocimiento económico para perfiles cada vez más cualificados, como operadores de CRA o personal de seguridad electrónica.
Otro punto especialmente sensible es la jubilación parcial. Mientras CCOO la presenta como un avance histórico, los sindicatos no firmantes alertan de que su aplicación queda condicionada a niveles de absentismo que, en la práctica, podrían impedir el acceso real a este derecho. Desde esta perspectiva, el convenio traslada a las plantillas responsabilidades que responden a problemas estructurales del sector: envejecimiento, sobrecarga de trabajo y falta de medidas preventivas. Para estas organizaciones, se pierde así una oportunidad clave para impulsar un relevo generacional efectivo.
Unidad empresarial
En el lado empresarial, el acta refleja un discurso centrado en la estabilidad y la sostenibilidad. APROSER, ASECOPS y FES coinciden en que el nuevo convenio ofrece seguridad jurídica, certidumbre económica y un marco asumible para un sector con márgenes ajustados y una fuerte dependencia de la contratación pública. Las patronales ponen en valor la unidad empresarial y la progresividad salarial como elementos clave para garantizar la viabilidad de las empresas, especialmente de las pymes, que constituyen la mayor parte del tejido productivo de la seguridad privada.
Desde esta óptica, el acuerdo no se presenta como un cierre definitivo de los problemas del sector, sino como una base estable desde la que abordar retos futuros: modernización, atracción de talento, envejecimiento de las plantillas y reconocimiento social de una actividad declarada esencial. Las patronales insisten en que el consenso alcanzado es fruto de renuncias mutuas y de una negociación responsable, frente a escenarios de confrontación que podrían haber dejado al sector sin un marco actualizado durante años.
