El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado que otros cinco etarras vinculados a la izquierda abertzale, no arrepentidos, han accedido al tercer grado.
Por un lado, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a los etarras Asier Mardones Esteban, Josune Oña Ispizua y Diego Ugarte López, todos ellos condenados por delitos de asesinato. Y, por otro lado, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central, ha concedido el tercer grado a los etarras María Jesús Arriaga Martínez y Aurken Sola Campillo, que cumplen condena en la prisión de Pamplona.
COVITE censura estas progresiones de grado porque, “una vez más, ninguno de estos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para que se beneficien de estas progresiones, que es el arrepentimiento”.
En un comunicado, explica que, a través de los actos de enaltecimiento y de apoyo a ETA que el Colectivo registra desde hace años en su Observatorio de radicalización, COVITE ha comprobado que todos estos presos de ETA “están en la órbita de la izquierda abertzale y son exhibidos como héroes en las ‘herriko tabernas’ y en las manifestaciones en las que exigen sus excarcelaciones como ‘presos políticos’”.
“No hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes”, asevera la organización de víctimas, que insiste “en algo que todo el mundo sabe: la izquierda abertzale prohíbe expresamente, desde hace muchos años, y sus líderes se encargan de recordárnoslo constantemente, a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no deberían progresar en grado, puesto que así está establecido en la ley”, afirma Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
COVITE vuelve a denunciar que la política penitenciaria de concesión de lo que califica “terceros grados fraudulentos” a etarras que no están arrepentidos supone un “ataque frontal al derecho de las víctimas a la justicia”. “Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar: ‘vaciar las cárceles’ de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho”, asevera Consuelo Ordóñez.
Por otra parte, COVITE también critica que el Gobierno vasco “solo se haya preocupado” por la inserción laboral de los presos en cárceles vascas “en el momento en que ya tenían a los presos de ETA en el País Vasco y cuando se hizo el traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno vasco”.
COVITE se ha referido así a la creación de la agencia ‘Aukerak’ el 30 de septiembre de 2021: “Qué casualidad que el día anterior a la firma de la transferencia, que fue el 1 de octubre de 2021, se publicó en el BOE la creación de este macro ente público, con el único objetivo de poder cumplir con el único requisito legal que se exige a los presos para progresar en grado y que no se puede burlar: la acreditación de tener un trabajo fuera de la cárcel”.
“¿Acaso antes de que llegaran los presos de ETA a las cárceles vascas no había allí miles de presos que también tenían derecho a progresar en grado y necesitaban acreditar este requisito?”, ironiza Consuelo Ordóñez.
A su juicio, “esta agencia pública, dependiente del Gobierno vasco, se ha convertido de facto en una agencia de colocación para presos de ETA, porque los trabajos que consigue al resto de presos es simplemente una tapadera para ocultar el verdadero objetivo por el que se creó ‘Aukerak’. El resto de los presos que se encontraban en las cárceles vascas hasta el 30 de septiembre de 2021 jamás les han importado”.
