El Gobierno británico ha decidido adelantar 18 meses la implantación de equipos policiales especializados en la investigación de violaciones y delitos sexuales, de manera que todas las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales deberán disponer de estas unidades antes de diciembre de 2027, frente al objetivo inicial de completar el despliegue en el verano de 2029. La medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.
La decisión, anunciada hace unos días por el Gobierno británico, pretende que las investigaciones de violaciones y otros delitos sexuales sean realizadas por profesionales con formación y conocimientos especializados, al tiempo que se mejora el apoyo a las víctimas y se incrementa la capacidad policial para identificar y perseguir a los responsables.
El Ejecutivo considera que el cambio permitirá ofrecer una respuesta más homogénea en todo el territorio y evitar que la calidad de la investigación dependa del cuerpo policial o del área geográfica en la que se denuncie el delito.
Equipos especializados en todas las fuerzas policiales
Los nuevos equipos estarán dedicados específicamente a investigar violaciones y otros delitos sexuales, prestar apoyo a las víctimas y trabajar para llevar ante la justicia a los autores.
La aceleración del calendario constituye una de las principales novedades del anuncio. El Gobierno había incluido inicialmente estos equipos en su estrategia sobre violencia contra las mujeres y las niñas, publicada en diciembre de 2025, pero establecía como horizonte el final de la legislatura, en 2029.
El primer ministro británico, Andy Burnham, considera que ese plazo era demasiado largo y ha decidido adelantarlo a diciembre de 2027. El objetivo es que las unidades especializadas estén operativas en todo el territorio más de un año antes de lo previsto.
La reforma se apoya además en la experiencia de Operation Soteria Bluestone, un programa desarrollado conjuntamente por policías y académicos para transformar la investigación policial de las violaciones y otros delitos sexuales. El programa ha defendido la necesidad de aumentar la especialización de los investigadores, establecer equipos de trabajo y aplicar una metodología basada en evidencias y en el análisis del comportamiento de los agresores.
13,3 millones de libras para nuevas órdenes de protección
El anuncio incluye también una partida de 13,3 millones de libras destinada a financiar hasta diez equipos policiales piloto especializados en la aplicación de órdenes de protección para víctimas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Estas órdenes pueden imponer restricciones a los agresores para mantener a las víctimas a salvo. Entre las medidas contempladas se encuentran el control electrónico mediante dispositivos de seguimiento, zonas de exclusión y la obligación de participar en programas destinados a modificar conductas abusivas.
El incumplimiento de las condiciones puede conducir al ingreso en prisión.
Una característica relevante es que estas órdenes no dependen necesariamente de que exista una condena penal. Los tribunales pueden imponerlas incluso cuando el supuesto agresor no haya sido condenado por un delito, lo que permite actuar preventivamente ante situaciones consideradas de riesgo.
Nuevas órdenes contra la violencia doméstica
La iniciativa se complementa con la extensión de las Domestic Abuse Protection Orders, concebidas para proteger frente a distintas formas de violencia doméstica.
El sistema contempla situaciones que van más allá de la agresión física e incluye comportamientos de control o coerción, abuso económico y acoso. Además, las órdenes pueden carecer de una duración máxima, de modo que las víctimas no tengan que solicitar reiteradamente nuevas medidas de protección.
La estrategia británica busca así desplazar parte del foco desde la respuesta posterior al delito hacia la gestión preventiva del riesgo y el control de los agresores considerados peligrosos.
Otro de los elementos destacados por el Gobierno es el desarrollo de programas dirigidos directamente a los autores de violencia para intentar evitar la reincidencia. La estrategia contempla intervenir sobre factores asociados al comportamiento violento, entre ellos el consumo de drogas y la dependencia del alcohol, con el objetivo de romper los ciclos de violencia.
El Gobierno británico pone como ejemplo el Drive Project, que durante la última década ha trabajado con casi 7.000 agresores de alto riesgo. Según las cifras difundidas por el Ejecutivo, sus actuaciones han contribuido a proteger a cerca de 7.750 víctimas adultas y supervivientes y a más de 14.000 niños.
Casi un millón de adultos víctimas de agresiones sexuales
La decisión se produce en un contexto de elevada incidencia de delitos contra mujeres y niñas en Inglaterra y Gales. Las estimaciones citadas por el Gobierno apuntan a que alrededor de 900.000 adultos sufrieron una agresión sexual durante el último año. A ello se suman unos 3,8 millones de personas que experimentaron violencia doméstica y 1,4 millones que sufrieron acoso o stalking.
El Ejecutivo ha establecido como una de sus grandes metas reducir a la mitad la violencia contra las mujeres y las niñas durante la próxima década.
La estrategia incluye, además de los equipos policiales especializados, el despliegue de especialistas en violencia doméstica en las salas de control de emergencias 999 y la utilización de agentes en internet para identificar agresores y utilizar técnicas de inteligencia encubierta frente a determinados delitos cometidos en la red.
El Gobierno británico pretende que los nuevos equipos no se limiten a reproducir los modelos tradicionales de investigación.
La directora del National Centre for Violence Against Women and Girls and Public Protection, Helen Millichap, ha señalado que el programa ofrece una oportunidad para incorporar nuevas tecnologías, datos y prácticas basadas en evidencias con el propósito de elevar los estándares policiales, mejorar la seguridad de las víctimas y aumentar la capacidad para responsabilizar a los agresores.
La orientación conecta con las conclusiones de Operation Soteria, que reclamaba una investigación más especializada y una aproximación centrada también en los sospechosos y en la posibilidad de que sean agresores reincidentes.
El programa académico-policial concluyó que la especialización debía ir acompañada de un trabajo en equipo, supervisión efectiva de las investigaciones y una mayor capacidad para analizar críticamente las decisiones adoptadas durante los procedimientos.
Una estrategia que sitúa a la víctima en el centro
La reforma también pretende mejorar la experiencia de las víctimas durante el proceso policial y judicial. El Gobierno británico considera que la especialización puede contribuir a que las denuncias sean investigadas con mayor conocimiento de las particularidades de este tipo de delitos y con una mejor comprensión de las necesidades de quienes los sufren.
El caso de Raneem Oudeh y Khaola Saleem, asesinadas en 2018, ha sido incorporado al discurso oficial sobre la reforma. Nour Norris, familiar de ambas y activista, ha defendido que violencia sexual, violencia doméstica, acoso y comportamientos coercitivos pueden superponerse y evolucionar hacia situaciones de riesgo extremo.
Su mensaje coincide con una de las premisas de la nueva estrategia: las autoridades deben actuar cuando una mujer solicita ayuda y no exigirle que tenga que demostrar repetidamente que se encuentra en peligro antes de adoptar medidas de protección.
Un modelo que ya ha avanzado en la investigación de violaciones
La creación de unidades especializadas no parte de cero. El Reino Unido lleva varios años desarrollando cambios en la investigación y persecución de las violaciones a través de Operation Soteria.
El programa estudió la actuación policial en distintos cuerpos y analizó expedientes, entrevistas con investigadores, formación, procedimientos internos y experiencias de víctimas. Entre sus conclusiones se encontraba la necesidad de profesionalizar y especializar la investigación de delitos sexuales, superar un modelo basado exclusivamente en formación puntual y avanzar hacia una cultura de aprendizaje continuo sustentada en investigación y evidencias.
La Fiscalía británica también ha desarrollado su propio modelo nacional para la persecución de violaciones adultas y ha reforzado sus unidades especializadas en delitos sexuales graves, conocidas como RASSO (Rape and Serious Sexual Offences).
La combinación de unidades policiales especializadas, fiscales especializados, órdenes de protección y programas de gestión de agresores configura así un modelo integral de respuesta que pretende actuar tanto sobre la investigación del delito como sobre la prevención de nuevas agresiones.
En definitiva, el Gobierno de Reino Unido ha decidido acelerar la reforma de la respuesta policial a las violaciones y delitos sexuales, adelantando a diciembre de 2027 la fecha en la que todas las fuerzas de Inglaterra y Gales deberán contar con equipos especializados. La apuesta se completa con 13,3 millones de libras para equipos piloto de órdenes de protección, nuevas herramientas para controlar a agresores de alto riesgo y una utilización creciente de tecnología y análisis de datos.
