Seguridad, defensa e inteligencia (II): qué proponen los partidos políticos ante el 29-N

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Defensa: el gasto militar y la OTAN dividen a los partidos

La política de defensa y las alianzas internacionales constituyen otro de los grandes ejes de confrontación electoral. La guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo, las exigencias de Estados Unidos a sus socios europeos y el debate sobre el incremento del gasto militar han situado estas cuestiones en el centro de las propuestas.

El PSOE mantiene su compromiso con la Unión Europea y la OTAN, aunque defiende un nivel de gasto militar situado en torno al 2,1 % del producto interior bruto, frente a las presiones internacionales para elevarlo hasta el 5 %. También apuesta por mantener el respaldo militar y financiero a Ucrania y conservar el embargo de armas a Israel.

El Partido Popular plantea aprobar una Ley de Programación y Financiación de la Defensa de carácter plurianual, respaldada por el Parlamento, para proporcionar estabilidad a las inversiones militares. Su propuesta contempla mantener el alineamiento estratégico con la OTAN y la Unión Europea, continuar apoyando a Ucrania y desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo al control fronterizo cuando lo exijan las necesidades de seguridad nacional.

Vox sitúa la soberanía nacional en el centro de su planteamiento de defensa y se muestra contrario a una integración que implique la pérdida de capacidades nacionales en favor de un ejército común europeo. Entre sus propuestas figura militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla mediante la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Armada, otorgar la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en estos territorios y establecer reglas de enfrentamiento claras. También plantea incrementar la presión diplomática sobre Marruecos y Gibraltar.

En el otro extremo, Sumar rechaza el incremento del gasto militar y el rearme europeo. Su propuesta contempla revisar el convenio que regula la presencia de las bases estadounidenses en España y limitar las operaciones militares exteriores a misiones de paz respaldadas por organismos internacionales.

Podemos mantiene una posición todavía más alejada del actual marco de alianzas. Defiende la salida de España de la OTAN o la celebración de un referéndum vinculante sobre la permanencia en la organización, el cierre de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón y la congelación de los presupuestos de defensa.

Entre los partidos territoriales también existen diferencias. PNV y Junts respaldan la permanencia de España en la OTAN y el marco europeo de defensa, mientras que ERC, EH Bildu y BNG rechazan el incremento del presupuesto militar y han apoyado iniciativas parlamentarias favorables a abandonar la Alianza Atlántica y cerrar las bases militares extranjeras.

Inteligencia, ciberseguridad y secretos oficiales: propuestas desiguales

La inteligencia y la seguridad nacional ocupan un espacio más reducido en los programas electorales que la seguridad pública o la defensa. Las propuestas conocidas se concentran principalmente en el refuerzo de las capacidades de ciberseguridad, la coordinación de los organismos de seguridad y la reforma de la legislación sobre secretos oficiales.

Vox incluye expresamente el refuerzo de las capacidades nacionales en ciberseguridad y plantea crear un mando único conjunto que integre a las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y la Policía Nacional para actuar de forma coordinada en Ceuta y Melilla.

El PP apuesta por reforzar los sistemas de detección temprana de amenazas en fronteras, puertos y aeropuertos. También propone agilizar el acceso de los investigadores policiales a las bases de datos de antecedentes y establecer controles de seguridad en un plazo máximo de siete días para detectar posibles riesgos de radicalización violenta o vínculos con el crimen organizado en determinados procedimientos de entrada irregular.

El PNV incorpora una de las propuestas legislativas más concretas en este ámbito: aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la normativa vigente desde 1968. La formación vasca considera necesario actualizar el marco legal que regula la clasificación, desclasificación y acceso a la información reservada, aunque no plantea cambios orgánicos específicos en el estatuto del CNI.

El PSOE, por su parte, pone el acento en las estrategias nacionales de ciberseguridad, la protección de infraestructuras digitales y la regulación tecnológica. Sin embargo, sus propuestas electorales no detallan una reforma estructural de la legislación reguladora de los servicios de inteligencia.

Entre sus socios parlamentarios, Sumar, ERC y EH Bildu, junto con el propio PNV, mantienen como prioridades la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y el refuerzo de los mecanismos de control judicial y parlamentario sobre los organismos de inteligencia.

Cuatro modelos de seguridad para el próximo Gobierno

El análisis de las propuestas permite identificar cuatro grandes ámbitos de confrontación política: el modelo de seguridad ciudadana, el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras, la relación de España con la OTAN y el futuro de los servicios de inteligencia.

Las diferencias no se limitan a cuestiones presupuestarias. Afectan también a la concepción del papel del Estado en la seguridad, al reparto territorial de competencias policiales, a la colaboración público-privada y al grado de integración de España en las estructuras internacionales de defensa.

Sin embargo, para el sector de la seguridad corporativa y la vigilancia privada, la campaña vuelve a dejar una cuestión fundamental sin resolver. Más de doce años después de la aprobación de la Ley 5/2014, continúa pendiente el desarrollo de un reglamento que permita adaptar la actividad a los desafíos tecnológicos y operativos del siglo XXI.

La ausencia de una propuesta integral en los programas electorales evidencia que, pese a la creciente importancia de la seguridad en el debate político, la modernización normativa de la industria privada sigue sin ocupar un lugar destacado en las prioridades de las principales formaciones que concurren a las elecciones del 29 de noviembre.

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