El Tribunal Constitucional no es una instancia superior al Tribunal Supremo, pero permite la tramitación de un Recurso de Amparo cuando se puede haber vulnerado algún Derecho Fundamental de nuestra Constitución.
El Derecho Fundamental mas relevante cuando tratamos una condena en el ámbito penal es el de la presunción de inocencia (Articulo 24.2), porque de existir una vulneración durante la llevanza de todo el proceso, puede entrar a valorar nuestro Alto Tribunal en materia constitucional.
Asimismo el Tribunal Constitucional español puede conceder el amparo o denegarlo sobre la existencia de la vulneración del Derecho Fundamental, mediante Sentencia, pero esta Sentencia se puede publicar tranquilamente varios años después, debido a la gran carga de trabajo, ya que es el único Tribunal que existe sobre esta materia España.
Debido a ese tiempo tan prolongado antes de Sentencia, existe una medida cautelar que peticiona Koldo García, para que de forma provisional pueda salir de prisión, mientras el Tribunal Constitucional resuelve si nuestra máxima Instancia en materia Penal (que es el Tribunal Supremo en su Sala Segunda), pudo haber vulnerado su presunción de inocencia en la Sentencia de 22 de junio de 2026.
Pero en el “Caso Mascarillas” la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que regula el Recurso de Amparo destaca, que mientras se estudia un Recurso de Amparo, (para evitar un perjuicio al recurrente en esa futura Sentencia que le pudiera dar la razón), podrá disponer el Tribunal la suspensión de la prisión provisional del condenado siempre y cuando, esa suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.
La excelente fundamentación por parte del Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 junio de 2026, en la que condenaba a Koldo García, José Luis Abalos y Víctor de Aldama, y que invocaba diferentes Derechos de la Constitución Española entre los que analizaba, intereses constitucionalmente protegidos, como el acceso a la función pública (de acuerdo con los principios de mérito y capacidad). Esto último nos obliga a no dejar de lado, que la Administración pública debe servir los intereses generales, es decir la gran importancia del correcto uso del dinero de todos los ciudadanos.
Por estos motivos tengo serias dudas de un eventual futuro positivo para el señor García, tanto en la Sentencia del Recurso de Amparo, como en la posibilidad de que cautelarmente y mientras se estudie y resuelva la Sentencia, pueda salir provisionalmente de prisión.
Fernando Rodríguez Alonso, Doctor en Derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Abogado en ejercicio de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Oviedo.
