La violencia identitaria no empieza siempre con un golpe. A veces comienza con una bandera, una camiseta o un grito de celebración. El problema de seguridad aparece cuando un símbolo legal deja de ser percibido como una expresión legítima y se transforma, para determinados grupos radicalizados, en una señal que identifica al supuesto adversario.
Una camiseta de la selección española. Una bandera nacional colgada de un balcón. Un grupo de aficionados reunido para ver un partido. Elementos que, en principio, forman parte de la normalidad de cualquier competición deportiva pueden adquirir una dimensión completamente distinta cuando se sitúan en territorios donde la identidad nacional continúa siendo un campo de confrontación política.
Los incidentes registrados durante la celebración de la final del Mundial en distintos puntos del País Vasco, Navarra y Cataluña han vuelto a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende el fútbol: ¿qué ocurre cuando la expresión pública de una identidad se convierte en un factor de riesgo? En el País Vasco la Ertzaintza detuvo a cuatro personas y abrió investigaciones sobre otras siete por incidentes relacionados con amenazas y agresiones a aficionados de la selección española. En Bilbao, además, un grupo intentó sabotear una retransmisión pública del partido, con daños en la instalación y lanzamiento de objetos.
Los hechos no permiten, sin embargo, convertir a una sociedad entera en sospechosa ni presentar una región completa como un territorio donde no se pueda portar una bandera española. La realidad es mucho más compleja. La mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos vascos y catalanes que no comparten el sentimiento nacional español, no recurren a la violencia. El problema se concentra en determinados grupos y entornos radicalizados. Precisamente por eso, el análisis de seguridad debe evitar las generalizaciones y centrarse en el fenómeno concreto: la utilización de la violencia o la intimidación para impedir la expresión pública de una identidad.
Del símbolo deportivo al marcador de identidad
Desde la perspectiva de la seguridad, una bandera puede convertirse en un marcador de identidad. La persona que la lleva deja de ser percibida por un grupo radical como un individuo concreto y pasa a ser clasificada como miembro de un supuesto bloque ideológico.
Ese proceso es esencial para entender cómo puede producirse una escalada. El aficionado deja de ser simplemente un aficionado. La camiseta se convierte en una declaración política. La celebración se interpreta como una provocación. Y el ciudadano termina convertido en un objetivo.
El mecanismo es conocido en otros contextos de violencia política: la persona es reducida a una etiqueta. “Español”, “independentista”, “fascista”, “separatista” o cualquier otra categoría sustituye a la identidad individual. A partir de ese momento, el grupo radical ya no responde ante una persona concreta, sino ante la imagen del enemigo que ha construido.
La violencia comienza así muchas veces antes de la agresión física. Puede manifestarse en forma de insultos, amenazas, persecuciones, acoso grupal, destrucción de símbolos o intentos de expulsar a determinadas personas de un espacio público. El salto cualitativo se produce cuando la intimidación consigue modificar el comportamiento de la víctima.
Ahí aparece una de las preguntas centrales desde el punto de vista de la seguridad: ¿cuántas personas dejan de mostrar públicamente sus ideas o símbolos simplemente porque consideran que hacerlo puede generar problemas?
El territorio como escenario de riesgo
Una de las claves del análisis debe ser diferenciar entre un territorio y determinados microentornos de riesgo. No es lo mismo afirmar que una comunidad autónoma es hostil a quienes llevan una bandera española que identificar determinados puntos concretos donde, en circunstancias específicas, la presencia de grupos radicales puede elevar el riesgo.
La seguridad trabaja precisamente con esa lógica. No analiza únicamente el lugar, sino también el momento, el tipo de evento, la presencia de grupos organizados, los antecedentes y la posibilidad de que una concentración pueda generar un enfrentamiento.
Un partido de la selección puede convertirse en un acontecimiento de riesgo cuando concurren varios factores: una fuerte carga identitaria, una celebración multitudinaria, la convocatoria simultánea de grupos enfrentados y la difusión de mensajes de confrontación en redes sociales.
La final del Mundial mostró esa combinación en algunos puntos del País Vasco, Navarra y Cataluña. Mientras miles de personas celebraban la victoria de España con normalidad, se produjeron incidentes protagonizados por grupos radicales. La existencia de esos episodios no significa que todos los aficionados estuvieran en peligro ni que el conjunto de la sociedad comparta la hostilidad hacia los símbolos españoles. Pero sí plantea una cuestión de planificación: ¿eran previsibles determinados escenarios de confrontación y estaban suficientemente protegidos? En el caso del País Vasco, el Gobierno Vasco condenó las agresiones, mientras que el PP cuestionó el dispositivo policial y sostuvo que los incidentes eran previsibles.
La violencia de baja intensidad
Uno de los riesgos más difíciles de gestionar es el de la denominada violencia de baja intensidad. No se trata inicialmente de una situación que pueda ser identificada con facilidad como una amenaza grave. Comienza con una provocación, un insulto o una intimidación.
La secuencia puede ser progresiva:
señalamiento → insulto → amenaza → acoso grupal → persecución → agresión.
El problema es que cada fase puede parecer, por separado, menos grave que la siguiente. La víctima puede intentar ignorar el primer insulto. Después puede tratar de abandonar el lugar. Pero cuando el acoso es colectivo, la situación puede cambiar rápidamente.
El factor numérico es determinante. Un grupo de varias personas que rodea, persigue o intimida a un individuo genera una situación de vulnerabilidad incluso cuando no se ha producido todavía una agresión física. Desde la perspectiva policial, la prevención debe actuar antes del último eslabón de la cadena.
La pregunta, por tanto, no es únicamente cuántas personas fueron agredidas. También es necesario preguntarse cuántas abandonaron una celebración, ocultaron una bandera o evitaron acudir a determinados lugares por miedo a convertirse en un objetivo.
Las redes sociales como multiplicador
La dimensión digital añade un nuevo elemento. Las redes sociales pueden convertir una confrontación localizada en un fenómeno mucho más amplio. Una agresión grabada puede ser difundida en minutos, generar respuestas de signo contrario y alimentar una nueva espiral de enfrentamiento.
El riesgo aumenta cuando las plataformas se utilizan para identificar, señalar o convocar acciones contra personas concretas. En ese momento, el problema deja de ser exclusivamente de orden público y adquiere una dimensión de inteligencia de seguridad.
La monitorización de fuentes abiertas puede permitir detectar convocatorias, amenazas explícitas y llamamientos a la confrontación. Pero existe una frontera esencial: vigilar indicios de violencia no puede convertirse en perseguir opiniones políticas.
La seguridad democrática debe distinguir entre una reivindicación independentista, una crítica a España o una defensa de una selección propia —conductas que forman parte del debate político— y la convocatoria de agresiones, amenazas o acciones violentas contra quienes sostienen una posición diferente.
El Ministerio de la Presidencia recuerda que discurso de odio y delito de odio no son conceptos equivalentes. La expresión política puede estar protegida por la libertad de expresión, mientras que las conductas que incitan a la violencia o que atacan a personas por su pertenencia o conexión percibida con un grupo pueden tener relevancia penal.
¿Puede existir un delito de odio por motivos ideológicos?
La respuesta exige prudencia jurídica. No toda agresión cometida durante una discusión política constituye automáticamente un delito de odio. El contexto, las expresiones utilizadas, la motivación y las circunstancias concretas deben ser analizados.
Pero tampoco debería descartarse de entrada la posibilidad de que una agresión esté motivada por la identidad política o nacional percibida de la víctima. En 2018, por ejemplo, cinco acusados fueron juzgados por una agresión a miembros de una carpa vinculada a la selección española en Barcelona. La Fiscalía sostuvo que el ataque estuvo guiado por la animadversión hacia lo español y por la voluntad de hostigar y humillar a los afectados.
La cuestión fundamental es que la bandera no puede ser una excusa para agredir a quien la porta. Y tampoco puede utilizarse el concepto de delito de odio de forma automática para convertir cualquier discrepancia política en un delito.
La seguridad jurídica exige distinguir entre el derecho a criticar un símbolo y el derecho a impedir mediante la violencia que otra persona lo exhiba.
El verdadero riesgo: la normalización de la intimidación
Quizá la consecuencia más preocupante no sea únicamente la agresión concreta. Es la posibilidad de que la intimidación se normalice.
Una sociedad puede llegar a una situación en la que una persona piense: “Es mejor no llevar la bandera”, “es mejor no celebrar”, “es mejor no entrar en ese bar”, “es mejor no decir lo que pienso”.
Cuando esa decisión se adopta por miedo a una posible agresión, el grupo violento ha conseguido un objetivo mucho más importante que causar un daño físico puntual: ha modificado el comportamiento de la sociedad.
Ese es el auténtico éxito de la intimidación. No necesita agredir a todos. Le basta con convencer a una parte de la población de que determinados símbolos deben ocultarse.
Por eso, la respuesta de seguridad no puede consistir en recomendar a las víctimas que renuncien a sus derechos. La prevención debe orientarse a proteger la convivencia, anticipar los escenarios de riesgo y perseguir a quienes utilizan la violencia para imponer una identidad sobre otra.
La responsabilidad de las instituciones
La respuesta policial debe ser proporcionada, preventiva y basada en información. En acontecimientos de elevada carga simbólica, los cuerpos de seguridad deberían valorar los antecedentes de incidentes, las convocatorias simultáneas, la presencia de grupos violentos y los posibles puntos de encuentro entre colectivos enfrentados.
También es fundamental la reacción institucional posterior. Una agresión no debería ser relativizada por el color político de los agresores ni por la identidad de las víctimas.
El principio debe ser sencillo: una persona puede defender la independencia, la unidad de España, una selección catalana, una selección vasca o cualquier otra posición política legal. Lo que no puede hacer es utilizar la violencia para imponerla.
La libertad de expresión no protege la intimidación física. Y la identidad nacional, cualquiera que sea, no concede una licencia para agredir a quienes se identifican con otra.
La bandera como prueba de convivencia
La paradoja es que el fútbol, capaz de movilizar identidades nacionales con una intensidad extraordinaria, también puede ser un espacio de convivencia. La victoria de España en el Mundial generó celebraciones multitudinarias en todo el país y también escenas de rivalidad deportiva normalizada. En otros lugares, incluso la rivalidad entre aficionados españoles y argentinos durante la final acabó transformándose en un ejemplo de convivencia entre vecinos.
La diferencia no está en la existencia de símbolos diferentes. Está en la capacidad de una sociedad para aceptar que pueden coexistir.
El desafío de seguridad no consiste en lograr que todos lleven la misma bandera. Consiste en impedir que alguien crea que tiene derecho a arrancársela a otro.
Porque cuando una camiseta, una bandera o una celebración se convierten en motivo suficiente para perseguir a una persona, el problema ya no es deportivo. Tampoco es únicamente político. Es un problema de libertad, seguridad y convivencia democrática.
