Desde la finalización de la guerra de las Malvinas el 14 de junio de 1982, la estrategia argentina para intentar recuperar la soberanía del archipiélago abandonó definitivamente la vía militar y pasó a sustentarse exclusivamente en la diplomacia, el derecho internacional y la búsqueda de apoyos multilaterales.
A lo largo de más de cuatro décadas, todos los gobiernos democráticos, pese a sus diferencias ideológicas, han mantenido como política de Estado el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La intensidad, el estilo y las prioridades han variado según cada administración, pero ninguno ha renunciado formalmente al objetivo de recuperar el ejercicio de la soberanía mediante negociaciones pacíficas con el Reino Unido.
La derrota militar de 1982 supuso un notable cambio en la posición internacional de Argentina. Apenas unos meses después del final del conflicto, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 37/9, un hecho considerado por Buenos Aires como una importante victoria diplomática. En ella se instaba a Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía.
Para el Gobierno argentino, esta resolución demostraba que la guerra no había resuelto el litigio territorial y que la comunidad internacional seguía considerando vigente la disputa sobre las islas. Desde entonces, la ONU ha reiterado periódicamente ese llamamiento mediante nuevas resoluciones y a través del Comité Especial de Descolonización.
Con el regreso de la democracia en diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín convirtió la cuestión Malvinas en uno de los pilares de la política exterior argentina. Su Gobierno restableció plenamente las relaciones diplomáticas con numerosos países, fortaleció la presencia argentina en Naciones Unidas y promovió que el diferendo volviera a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional. Durante aquellos años, la Asamblea General aprobó sucesivas resoluciones —como las 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25— que reiteraban la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales sobre soberanía. Sin embargo, Londres mantuvo una posición invariable: no volvería a negociar mientras los habitantes de las islas no lo desearan expresamente.
Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), Argentina modificó el tono de su relación con el Reino Unido. Se restablecieron plenamente las relaciones diplomáticas rotas tras la guerra y se firmaron los denominados Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, que permitieron normalizar los vínculos políticos, comerciales y militares sin que ninguna de las partes renunciara a sus respectivas posiciones sobre la soberanía.
Bajo la denominada «fórmula del paraguas», ambos países acordaron cooperar en materias prácticas —como pesca, comunicaciones, hidrocarburos o conservación de recursos naturales— dejando temporalmente al margen el desacuerdo sobre la titularidad de las islas. Para el Gobierno argentino, esta estrategia pretendía reconstruir la confianza mutua y facilitar un eventual regreso a las negociaciones de fondo. Sin embargo, el Reino Unido siempre sostuvo que esos acuerdos no implicaban reabrir el debate soberano.
Uno de los aspectos más destacados de aquella etapa fue el restablecimiento de los vuelos hacia las islas, el incremento de los contactos con los isleños y la cooperación científica y pesquera en el Atlántico Sur. Argentina intentó generar un clima de acercamiento que favoreciera futuras conversaciones sobre soberanía, aunque esa expectativa nunca llegó a materializarse. Londres insistía en que cualquier modificación del estatus de las Malvinas debía contar con el consentimiento de sus habitantes, mientras Buenos Aires respondía que el principio de libre determinación no era aplicable porque consideraba que la población actual fue implantada tras la ocupación británica de 1833.
Petróleo
Con la llegada de Néstor Kirchner en 2003 comenzó una etapa mucho más firme en la reivindicación diplomática. El Gobierno argentino abandonó la política de acercamiento iniciada en los años noventa y volvió a situar la cuestión Malvinas en el centro de su política exterior. Buenos Aires denunció reiteradamente la exploración petrolera británica en aguas cuya jurisdicción considera propia, criticó el aumento de la presencia militar británica en el archipiélago y reforzó la ofensiva diplomática en todos los organismos internacionales posibles.
Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner esta estrategia alcanzó su máxima intensidad. Argentina consiguió un amplio respaldo político en organismos regionales como el Mercosur, la Unasur, la CELAC y la Organización de Estados Americanos, cuyos Estados miembros aprobaron sucesivas declaraciones apoyando la reanudación de negociaciones entre Buenos Aires y Londres. Incluso varios países latinoamericanos limitaron el acceso a sus puertos de buques con bandera de las Falkland Islands, en un gesto de solidaridad política con Argentina. Paralelamente, Buenos Aires llevó el conflicto a numerosos foros internacionales denunciando la explotación unilateral británica de hidrocarburos y recursos pesqueros en aguas cuya soberanía considera disputada.
Uno de los principales argumentos jurídicos argentinos durante todos estos años ha sido la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos Estados e invita a las partes a negociar. Argentina sostiene que esta resolución continúa plenamente vigente y que el Reino Unido incumple sistemáticamente las recomendaciones de Naciones Unidas al negarse a dialogar sobre la soberanía. Londres, por el contrario, afirma que la voluntad de los habitantes de las islas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración jurídica.
En 2013 se produjo uno de los acontecimientos más relevantes del periodo posterior a la guerra. El Gobierno británico organizó un referéndum entre los habitantes de las Malvinas para consultar si deseaban seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar. Más del 99 % votó afirmativamente. Argentina rechazó inmediatamente aquella consulta alegando que carecía de valor jurídico internacional al tratarse, según su posición, de una población establecida tras la ocupación británica y no de un pueblo colonizado en el sentido previsto por Naciones Unidas. Desde entonces, el referéndum constituye uno de los principales argumentos políticos del Reino Unido frente al reclamo argentino.
Durante el mandato de Mauricio Macri se produjo un nuevo intento de reducir la confrontación diplomática. Ambos países firmaron diversos entendimientos destinados a mejorar las comunicaciones aéreas, impulsar la identificación de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin mediante pruebas de ADN y favorecer la cooperación científica en el Atlántico Sur. El Gobierno argentino insistió en que esos acuerdos no suponían renunciar al reclamo de soberanía, aunque parte de la oposición criticó que podían consolidar de facto la administración británica sobre las islas.
La llegada de Alberto Fernández devolvió un tono más reivindicativo. Su Ejecutivo creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, impulsó campañas diplomáticas internacionales, cuestionó las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades británicas y denunció reiteradamente la militarización del Atlántico Sur. Asimismo, insistió ante Naciones Unidas en que el Reino Unido debía cumplir las resoluciones internacionales y retomar las conversaciones sobre soberanía.
Con Javier Milei, desde diciembre de 2023, la cuestión ha adquirido un perfil diferente. Durante la campaña electoral realizó declaraciones favorables a Margaret Thatcher, lo que generó polémica en Argentina. Sin embargo, una vez en el Gobierno, la posición oficial ha mantenido el reclamo de soberanía por la vía diplomática, conforme establece la Constitución argentina.
Su administración ha buscado mejorar la relación bilateral con Londres en ámbitos de cooperación, al tiempo que ha seguido presentando protestas formales por actividades británicas en torno al archipiélago y ha reiterado que la recuperación de las islas solo podrá producirse mediante negociaciones pacíficas y conforme al derecho internacional. En 2024 ambos países acordaron restablecer conexiones aéreas y facilitar nuevas visitas de familiares de soldados argentinos fallecidos durante la guerra, medidas interpretadas como un intento de reconstruir canales de diálogo sin alterar las respectivas posiciones sobre la soberanía.
Paralelamente a las iniciativas bilaterales, Argentina ha mantenido una intensa actividad diplomática en todos los organismos internacionales. Cada año presenta su posición ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que vuelve a solicitar a ambas partes la reanudación de negociaciones. Asimismo, la Organización de Estados Americanos, el G-77 más China, el Mercosur, la CELAC y numerosas cumbres iberoamericanas han emitido declaraciones respaldando la necesidad de un diálogo entre Argentina y el Reino Unido. Aunque estas resoluciones no tienen carácter vinculante, Buenos Aires las considera un importante respaldo político internacional.
Otra línea permanente de actuación ha consistido en cuestionar la explotación británica de recursos naturales en el Atlántico Sur. Argentina sostiene que el Reino Unido desarrolla actividades pesqueras, petroleras y de exploración minera en un territorio cuya soberanía permanece pendiente de resolución y denuncia esas actuaciones como un incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Londres responde que administra legítimamente un territorio británico y que los recursos pertenecen a los isleños.
En el ámbito jurídico, Argentina ha reforzado además su presencia en el derecho del mar. La ampliación del límite exterior de su plataforma continental reconocida por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en 2016 fue interpretada por Buenos Aires como un respaldo parcial a sus posiciones marítimas, aunque dicho reconocimiento no afecta a la disputa de soberanía sobre las islas, cuestión expresamente excluida del procedimiento.
Pese a más de cuatro décadas de intensa actividad diplomática, el resultado práctico sigue siendo limitado. El Reino Unido mantiene una negativa absoluta a abrir negociaciones sobre soberanía, argumentando que respetará exclusivamente la voluntad de los habitantes del archipiélago. Argentina, por el contrario, sostiene que existe una obligación internacional derivada de las resoluciones de la ONU para negociar una solución pacífica y que la libre determinación no resulta aplicable en este caso por tratarse, según su interpretación, de una controversia de integridad territorial. Esa diferencia jurídica y política continúa siendo el principal obstáculo para cualquier avance.
En términos objetivos, la estrategia argentina posterior a la guerra ha logrado mantener viva la cuestión Malvinas en la agenda internacional y conservar un amplio respaldo diplomático a favor de la reanudación de negociaciones. Sin embargo, no ha conseguido modificar la posición británica ni acercar una solución definitiva. Más de cuarenta años después del conflicto de 1982, la disputa permanece abierta, el Reino Unido sigue ejerciendo el control efectivo del archipiélago y Argentina continúa considerando la recuperación de las Islas Malvinas una política de Estado que debe alcanzarse exclusivamente mediante el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional.
