El Gobierno de Colombia ha oficializado la llegada de Claudia Victoria Carrasquilla Minami al Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad Nacional, una responsabilidad de especial relevancia dentro de la estructura del Ministerio de Defensa y que sitúa a una de las figuras más conocidas de la lucha contra el crimen organizado en el centro de la política de seguridad del país.
La designación, atribuida al Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026, se produce en un momento marcado por la necesidad de reforzar las capacidades de inteligencia, coordinación policial y militar y respuesta frente a las organizaciones criminales.
La llegada de Carrasquilla supone el regreso a una posición de responsabilidad nacional de una jurista cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la persecución del crimen organizado. Antes de incorporarse a la política local, desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó puestos como directora de Fiscalías de Medellín, delegada para la Seguridad Ciudadana y directora especializada contra el Crimen Organizado. Su trabajo contra estructuras delincuenciales en Medellín le valió el sobrenombre de “Fiscal de Hierro”, utilizado durante años por medios de comunicación y sectores de la opinión pública colombiana.
El nuevo cargo adquiere especial importancia por las funciones que concentra el Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad. Entre sus responsabilidades se encuentra contribuir a la definición y ejecución de las políticas públicas relacionadas con la defensa y la seguridad nacional, así como favorecer la articulación entre las diferentes instituciones que integran el sistema de seguridad colombiano. En el caso de Carrasquilla, su experiencia previa en investigación criminal y lucha contra organizaciones delincuenciales aporta un perfil particularmente orientado hacia la inteligencia, la investigación y la desarticulación de estructuras criminales.
Experiencia en Medellín
Carrasquilla había desarrollado hasta ahora su actividad política como concejala de Medellín por el Centro Democrático, formación desde la que mantuvo una posición especialmente crítica con determinadas políticas relacionadas con la seguridad y con los procesos de negociación con estructuras criminales. Su experiencia política local se ha desarrollado paralelamente a su perfil como especialista en asuntos de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Su trayectoria en la Fiscalía está estrechamente relacionada con algunas de las operaciones más importantes contra organizaciones criminales asentadas en Medellín y Antioquia. Durante los años en los que ejerció responsabilidades en la lucha contra el crimen organizado, participó en investigaciones y operaciones dirigidas contra estructuras vinculadas al narcotráfico y a las organizaciones criminales urbanas. Medios colombianos llegaron a señalar que durante su etapa en la Fiscalía se produjeron centenares de capturas relacionadas con estructuras criminales de Medellín.
El perfil de Carrasquilla también está relacionado con la cooperación entre Fiscalía y Policía. Durante su etapa como delegada para la Seguridad Ciudadana participó en estrategias destinadas a acelerar las investigaciones contra estructuras delincuenciales mediante el intercambio de información y el trabajo conjunto entre investigadores judiciales y fiscales. La propia Fiscalía documentó mecanismos de articulación con la Policía para combatir organizaciones criminales y centralizar información sobre estructuras priorizadas.
Este conocimiento de los mecanismos de investigación criminal puede adquirir una importancia especial desde el Ministerio de Defensa. Colombia afronta un escenario de seguridad complejo, con presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y otras actividades criminales, además de grupos armados que mantienen capacidad territorial y operativa en determinadas zonas del país.
En este contexto, la inteligencia se convierte en uno de los principales instrumentos para anticipar las actividades de estas organizaciones. La capacidad para recopilar información, analizarla, identificar estructuras de mando y financiación y convertirla posteriormente en operaciones policiales o militares constituye uno de los elementos fundamentales de cualquier estrategia moderna contra el crimen organizado.
La nueva responsabilidad de Carrasquilla puede favorecer precisamente una mayor conexión entre las políticas de seguridad y las capacidades de inteligencia e investigación. Su experiencia procede principalmente del ámbito judicial, por lo que uno de los principales retos será trasladar ese conocimiento al nivel de diseño de políticas públicas y coordinación estratégica del conjunto de la Fuerza Pública.
El desafío es especialmente importante porque las organizaciones criminales colombianas han evolucionado hacia estructuras cada vez más flexibles. Las grandes organizaciones jerarquizadas han dejado paso en numerosos casos a redes compuestas por diferentes grupos y subestructuras que pueden cooperar entre sí, subcontratar determinadas actividades y diversificar sus fuentes de financiación.
El combate contra estas redes exige, por tanto, algo más que operaciones militares. Requiere inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, investigación judicial, cooperación internacional, control territorial y capacidad para identificar los vínculos entre las estructuras locales y las organizaciones transnacionales.
En este terreno, la experiencia de Carrasquilla en crimen organizado puede convertirse en uno de los elementos más relevantes de su gestión. Su trayectoria en la Fiscalía le ha permitido conocer de primera mano las dificultades que plantea transformar información de inteligencia en investigaciones judiciales capaces de conducir a capturas, incautaciones y condenas.
El nuevo viceministerio deberá también afrontar la relación entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. En Colombia, ambas dimensiones se encuentran cada vez más conectadas. El narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión y el control territorial por parte de organizaciones criminales tienen consecuencias que trascienden la delincuencia convencional y pueden afectar a la estabilidad institucional y económica de determinadas regiones.
La lucha contra estas amenazas requiere una actuación coordinada entre Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscalía, organismos de inteligencia y autoridades civiles. Precisamente la articulación entre estas instituciones constituye uno de los principales retos para cualquier política nacional de seguridad.
La llegada de una exfiscal especializada en crimen organizado al Ministerio de Defensa puede favorecer una aproximación más estrecha entre las necesidades de inteligencia y las exigencias de la investigación judicial. En operaciones contra organizaciones complejas, disponer de información no es suficiente: es necesario conseguir que esa información pueda convertirse en evidencia válida y que las operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública se encuentren adecuadamente coordinadas con las autoridades judiciales.
La nueva etapa también estará marcada por el debate sobre la denominada paz urbana y las negociaciones con estructuras criminales. Durante su etapa como concejala de Medellín, Carrasquilla se mostró crítica con determinados aspectos de los procesos de diálogo con bandas delincuenciales y denunció situaciones relacionadas con la presencia y capacidad de influencia de cabecillas recluidos en centros penitenciarios.
Esta posición puede tener relevancia en su nueva responsabilidad. El Ministerio de Defensa deberá determinar cómo combinar las operaciones de seguridad con las estrategias políticas destinadas a reducir la violencia y desarticular organizaciones criminales. El equilibrio entre negociación, sometimiento a la justicia y presión operativa constituye uno de los debates centrales de la política de seguridad colombiana.
A ello se suma la transformación tecnológica del crimen organizado. Las organizaciones delincuenciales utilizan cada vez más herramientas digitales para comunicarse, ocultar activos, coordinar operaciones y desarrollar actividades ilícitas. La respuesta estatal requiere, por tanto, fortalecer la ciberinteligencia, el análisis de datos, la vigilancia tecnológica y la cooperación internacional.
La inteligencia artificial también empieza a desempeñar un papel creciente en este ámbito. El análisis automatizado de grandes volúmenes de información puede ayudar a identificar patrones, conexiones entre individuos y organizaciones y movimientos financieros sospechosos. Sin embargo, estas capacidades plantean al mismo tiempo importantes desafíos jurídicos y de protección de derechos fundamentales.
Para Colombia, otro de los grandes retos será reforzar la capacidad de inteligencia frente a estructuras criminales que operan simultáneamente dentro y fuera del territorio nacional. El narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos tienen una dimensión transnacional que obliga a trabajar con agencias y autoridades de otros países.
En este sentido, el nuevo viceministerio tendrá que desempeñar también un papel relevante en la cooperación internacional en materia de seguridad. El intercambio de inteligencia con otros Estados resulta esencial para identificar rutas de narcotráfico, estructuras financieras, movimientos de cabecillas y conexiones entre organizaciones criminales.
El perfil de Carrasquilla aporta una combinación poco habitual: experiencia en investigación penal, conocimiento directo de las estructuras criminales y experiencia política. La cuestión ahora será determinar hasta qué punto puede trasladar ese conocimiento al ámbito de la estrategia nacional de defensa y seguridad.
Su llegada se produce además en un momento de reestructuración de las prioridades de seguridad colombianas. La evolución de las amenazas obliga a combinar capacidades militares tradicionales con instrumentos policiales, judiciales, tecnológicos y financieros. El concepto de seguridad nacional es cada vez más amplio y abarca desde el control territorial hasta la protección de infraestructuras críticas y la lucha contra amenazas híbridas.
El nuevo cargo situará a Carrasquilla ante la necesidad de establecer prioridades claras. La persecución del crimen organizado tendrá que convivir con las necesidades de defensa territorial, la seguridad de las fronteras, la protección de infraestructuras estratégicas y la respuesta ante amenazas que pueden proceder tanto de grupos armados como de redes criminales transnacionales.
Su experiencia en Medellín puede resultar especialmente significativa. La ciudad ha sido durante décadas uno de los principales laboratorios colombianos en materia de lucha contra el crimen urbano y organización de estrategias de seguridad. La experiencia acumulada en ese escenario puede servir ahora para abordar problemas de alcance nacional.
La designación también tiene una dimensión política. Carrasquilla llega al Ejecutivo después de haber ocupado un cargo electo en el Concejo de Medellín y de haber desarrollado una posición política claramente vinculada a la seguridad y al combate contra las organizaciones criminales. Su nombramiento refuerza, por tanto, la presencia en el Gobierno de perfiles con experiencia directa en la lucha contra el delito organizado.
Sin embargo, su llegada al Ministerio de Defensa también estará sometida a un intenso escrutinio. La trayectoria de Carrasquilla no ha estado exenta de controversias. En 2024, cuando ejercía como concejala, se informó de que la Fiscalía había anunciado una imputación por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, hechos que ella rechazó.
Este tipo de antecedentes deberán ser tenidos en cuenta dentro del análisis de su nueva responsabilidad, diferenciando en todo momento entre investigaciones o imputaciones y condenas firmes. Su trayectoria profesional, sus resultados contra el crimen organizado y las controversias judiciales forman parte de un perfil complejo que ahora adquiere una dimensión nacional.
El principal reto será demostrar que su experiencia como fiscal puede convertirse en una política pública de seguridad eficaz, coordinada y sometida a los controles institucionales correspondientes.
Para la seguridad colombiana, su llegada al Viceministerio puede marcar un cambio de enfoque hacia una mayor integración entre inteligencia, investigación criminal, operaciones de la Fuerza Pública y política de seguridad. El éxito de esa estrategia dependerá, en buena medida, de la capacidad para convertir información dispersa en inteligencia accionable y, posteriormente, en operaciones capaces de desarticular las estructuras criminales y no únicamente de detener a sus integrantes.
El nombramiento de Claudia Carrasquilla sitúa así a una de las figuras más reconocibles de la lucha contra el crimen organizado en Colombia en uno de los puestos estratégicos del aparato de seguridad nacional. Su experiencia y conocimiento del terreno pueden convertirse en un activo para el nuevo Ejecutivo, pero también elevarán las expectativas sobre los resultados que pueda alcanzar.
En un país sometido a una presión creciente por parte del narcotráfico, las organizaciones criminales y las estructuras armadas, el nuevo viceministerio tendrá ante sí una tarea que va mucho más allá de la respuesta policial inmediata. La prioridad será anticiparse a las amenazas, mejorar la coordinación de la inteligencia, cortar las fuentes de financiación criminal y recuperar el control efectivo del territorio allí donde las organizaciones ilegales mantienen capacidad de influencia.
La llegada de Carrasquilla representa, en definitiva, un movimiento de alto contenido estratégico. Su experiencia en la Fiscalía le proporciona un conocimiento profundo del crimen organizado; su paso por la política le ha permitido conocer la gestión pública; y su nuevo cargo la coloca ahora en una posición desde la que podrá influir en la definición de las políticas nacionales de defensa y seguridad.
El desafío será convertir ese conocimiento acumulado en una estrategia integral capaz de responder a un escenario en el que el crimen organizado, el narcotráfico, la inteligencia, la tecnología y la seguridad territorial están cada vez más interconectados.
