La lucha contra el blanqueo de capitales atraviesa una nueva etapa en España. El último Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, una reforma de gran calado que pretende modernizar un sistema diseñado hace años para responder a una realidad financiera muy distinta de la actual. El texto inicia ahora su fase de audiencia e información pública antes de continuar su tramitación parlamentaria.
La reforma responde a un escenario internacional mucho más complejo que el existente cuando se aprobó la legislación vigente. La expansión de las finanzas digitales, el crecimiento de los criptoactivos, el uso de plataformas descentralizadas, los nuevos mecanismos de pago y la creciente sofisticación de las organizaciones criminales obligan a revisar las herramientas con las que cuentan los Estados para detectar, investigar y bloquear el movimiento de dinero procedente de actividades ilícitas.
Uno de los principales objetivos del anteproyecto es adaptar el ordenamiento jurídico español al nuevo paquete legislativo europeo aprobado en 2024 en materia antiblanqueo, así como a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que fija los estándares mundiales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nace la Autoridad Nacional de Integridad Financiera
La principal novedad de la reforma es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un organismo administrativo independiente que concentrará competencias actualmente repartidas entre diferentes organismos de la Administración.
Hasta ahora, buena parte de estas funciones recaían en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y en la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Con la nueva estructura, ambas competencias se integrarán en una única autoridad especializada.
La ANIFI ejercerá simultáneamente funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección de los sujetos obligados, potestad sancionadora y aplicación de las sanciones financieras internacionales. Además, asumirá competencias inéditas en España relacionadas con la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, un ámbito que hasta ahora no estaba atribuido expresamente a ninguna autoridad nacional.
La nueva entidad será también el interlocutor español ante la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), organismo que coordinará las políticas de prevención en toda la Unión Europea.
Un sistema más coordinado
El Ejecutivo considera que la concentración de funciones permitirá eliminar duplicidades administrativas, agilizar la toma de decisiones y mejorar la coordinación entre los distintos servicios implicados en la prevención del blanqueo.
Actualmente intervienen múltiples organismos con competencias parciales. La creación de una autoridad única pretende facilitar el intercambio de información, acelerar las investigaciones financieras y ofrecer una respuesta más eficaz frente a operaciones transnacionales de elevada complejidad.
En un contexto en el que el dinero ilícito puede atravesar varios países en cuestión de segundos mediante transferencias electrónicas o activos digitales, disponer de un único centro nacional de coordinación constituye una de las principales recomendaciones internacionales.
Financiación sin recurrir a los Presupuestos
Otro de los aspectos más novedosos de la reforma reside en el modelo de financiación de la nueva autoridad. La ANIFI no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Su funcionamiento se sostendrá mediante una tasa que abonarán los sujetos obligados sometidos a autorización administrativa —principalmente entidades financieras y operadores de juego—, además de un porcentaje limitado de las sanciones económicas que imponga.
Según el Gobierno, estos recursos se destinarán exclusivamente al fortalecimiento de las actividades de prevención, investigación y cooperación internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Asimismo, para acelerar su puesta en funcionamiento y evitar la creación de nuevas estructuras administrativas desde cero, la autoridad aprovechará la infraestructura y los servicios del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Más transparencia y nuevos controles
La reforma también introduce importantes cambios en las obligaciones que deberán cumplir empresas y profesionales sujetos a la normativa antiblanqueo.
Entre las novedades figura la incorporación de nuevos sujetos obligados, cuyo detalle se desarrollará posteriormente conforme a la normativa europea, así como un refuerzo de las obligaciones relacionadas con la identificación de los titulares reales de sociedades y otras estructuras jurídicas.
El Registro Central de Titularidades Reales dispondrá de mayores facultades de inspección y sanción para garantizar que la información sobre los propietarios efectivos de las empresas sea completa, veraz y permanentemente actualizada.
El objetivo es dificultar el uso de sociedades pantalla o entramados empresariales opacos utilizados para ocultar el origen ilícito del dinero.
Endurecimiento de los requisitos
El anteproyecto endurece igualmente las condiciones de idoneidad para quienes desarrollan actividades sujetas a la normativa antiblanqueo. Las personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales no podrán ejercer como sujetos obligados ni ocupar puestos de dirección en entidades sometidas a supervisión.
Paralelamente, se incrementan los controles sobre los movimientos de efectivo, uno de los mecanismos tradicionalmente utilizados por las organizaciones criminales para introducir dinero ilícito en el circuito económico legal.
Uno de los factores que explican la necesidad de esta reforma es la rápida transformación del ecosistema financiero internacional. La utilización creciente de criptomonedas, plataformas digitales, proveedores tecnológicos y nuevos instrumentos financieros ha generado riesgos que apenas existían hace una década.
Las autoridades consideran imprescindible que la legislación española incorpore herramientas específicas para supervisar estas nuevas formas de mover capitales sin obstaculizar la innovación financiera legítima.
El objetivo consiste en garantizar que el desarrollo tecnológico no genere espacios de opacidad aprovechables por redes de crimen organizado, corrupción o financiación del terrorismo.
La reforma incorpora además modificaciones relevantes en el sistema español de resolución bancaria. Las funciones ejecutivas actualmente desempeñadas por el FROB pasarán a integrarse en las autoridades que ya ejercen la resolución preventiva: el Banco de España, en el caso de las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las empresas de servicios de inversión.
De este modo, cada tipo de entidad contará con una única autoridad responsable de gestionar tanto la prevención como la eventual resolución de una crisis financiera, siguiendo las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno subraya que esta reorganización mantendrá una estricta separación funcional entre las tareas de supervisión y las de resolución para evitar posibles conflictos de interés.
La transformación del FROB también afecta a la estructura accionarial pública. La participación del Estado en CaixaBank continuará gestionándose mediante BFA Tenedora de Acciones, que dejará de depender del FROB para quedar adscrita directamente al Ministerio de Economía. Además, esta sociedad asumirá igualmente las acciones de la Sareb, manteniendo las obligaciones legales de desinversión ya previstas en la normativa vigente.
