La elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia marca un profundo giro político y de seguridad en el país sudamericano. El abogado y empresario, conocido por sus posiciones conservadoras y por un discurso de firmeza frente a la criminalidad, ha construido buena parte de su campaña sobre la promesa de recuperar el control del territorio y revertir la estrategia de «Paz Total» impulsada por el presidente saliente, Gustavo Petro.
Su programa en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico supone uno de los cambios más drásticos en décadas y está inspirado en parte por las políticas desarrolladas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y por la cooperación antinarcóticos que caracterizó al histórico Plan Colombia.
Desde su victoria electoral, De la Espriella ha dejado claro que considera fracasado el modelo de negociación con las organizaciones armadas ilegales. El futuro mandatario sostiene que las conversaciones desarrolladas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales han permitido el fortalecimiento territorial y económico de estos grupos, favoreciendo una expansión sin precedentes de los cultivos ilícitos y de las economías ilegales. Por ello, una de sus primeras medidas será poner fin a la mayor parte de los procesos de negociación actualmente abiertos y volver a priorizar la presión militar y policial.
El presidente electo ha prometido que en los primeros noventa días de su mandato la fuerza pública concentrará todos sus esfuerzos en capturar o neutralizar a diez de los principales jefes de las organizaciones narcotraficantes y guerrilleras que operan en el país. La estrategia contempla una intensificación de las operaciones militares en departamentos especialmente afectados por la violencia, como Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Arauca y algunas regiones de Antioquia y Chocó.
Uno de los pilares centrales de su política será la recuperación del control estatal sobre las zonas dominadas por las economías ilícitas. De la Espriella ha prometido que «no habrá territorios vedados para el Estado» y que las Fuerzas Militares volverán a desempeñar un papel protagonista en la lucha contra las estructuras armadas. La intención es aumentar las capacidades operativas del Ejército y la Policía, reforzar los servicios de inteligencia y ampliar la presencia permanente de las instituciones en áreas rurales donde el narcotráfico ha sustituido al Estado.
La lucha contra la cocaína constituye otra de las prioridades fundamentales. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y durante los últimos años la superficie cultivada con hoja de coca ha alcanzado cifras récord. El nuevo presidente pretende combinar distintos instrumentos para reducir las aproximadamente 330.000 hectáreas de cultivos ilegales existentes. Entre las medidas previstas figuran la erradicación manual, la utilización de nuevas tecnologías, la persecución financiera de los cárteles y el retorno de las fumigaciones aéreas con herbicidas, adaptadas a las limitaciones impuestas por la legislación y por la Corte Constitucional.
Aliado de Trump
De la Espriella ha bautizado parte de su estrategia como un «Plan Colombia II«, en referencia al programa de cooperación desarrollado entre Bogotá y Washington a comienzos del siglo XXI, que permitió debilitar considerablemente a las FARC y a otras organizaciones armadas mediante miles de millones de dólares en ayuda militar, inteligencia y equipamiento. El nuevo mandatario pretende reconstruir una relación privilegiada con Estados Unidos y acercarse nuevamente a las políticas impulsadas por Donald Trump en materia de seguridad continental. Entre sus objetivos figura la reincorporación de Colombia a las iniciativas regionales de lucha contra el crimen organizado promovidas por Washington.
El fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos podría incluir un incremento del intercambio de inteligencia, mayor asistencia técnica y una coordinación más estrecha contra las redes internacionales del narcotráfico. El presidente electo ha defendido públicamente la necesidad de reforzar las alianzas con Washington y no descarta una ampliación de la cooperación militar bilateral.
La estrategia contra las guerrillas contempla igualmente el uso intensivo de operaciones ofensivas. Durante la campaña, De la Espriella defendió la posibilidad de utilizar todos los recursos militares disponibles contra las organizaciones armadas ilegales y reiteró que los grupos responsables del narcotráfico y el terrorismo no serán considerados interlocutores políticos sino enemigos del Estado. La futura administración pretende devolver a las Fuerzas Armadas un papel central como herramienta de estabilización y recuperar doctrinas de seguridad que durante años fueron fundamentales en la lucha contra las FARC.
Otro de los aspectos más llamativos de su programa es la construcción de diez megacárceles inspiradas en el modelo desarrollado en El Salvador por Nayib Bukele. Según los planes anunciados, estas instalaciones penitenciarias de máxima seguridad estarán destinadas a albergar a miembros de las principales bandas criminales y organizaciones narcotraficantes. El presidente electo ha defendido la necesidad de endurecer el sistema penitenciario y ha llegado a plantear la privatización de parte de la gestión carcelaria y la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en su configuración actual.
El combate contra las finanzas criminales constituye otro de los ejes de su programa. El futuro Gobierno pretende ampliar los mecanismos de extinción de dominio para confiscar propiedades y activos vinculados al narcotráfico, acelerar los procedimientos judiciales y atacar las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones ilegales. La persecución del dinero procedente del narcotráfico será considerada tan importante como las operaciones militares.
La futura administración también contempla una revisión profunda de las instituciones creadas tras los acuerdos de paz de 2016. Durante la campaña, De la Espriella manifestó duras críticas hacia algunos mecanismos de justicia transicional y cuestionó la eficacia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que no ha satisfecho adecuadamente las demandas de las víctimas ni ha contribuido a desmantelar completamente las estructuras criminales.
No obstante, las propuestas del nuevo presidente también han suscitado importantes críticas. Organizaciones de derechos humanos, sectores de la oposición y numerosos expertos temen que una política excesivamente militarizada pueda generar un repunte de la violencia y reproducir algunos de los errores del pasado. Diversos analistas consideran que la presión militar, por sí sola, difícilmente resolverá problemas estructurales como la pobreza rural, la falta de presencia institucional o la dependencia económica de miles de familias vinculadas al cultivo de coca.
Los detractores de De la Espriella también expresan preocupación por algunas de sus declaraciones sobre organismos internacionales y por el riesgo de una excesiva concentración del poder mediante decretos presidenciales. El presidente electo, sin embargo, insiste en que su objetivo es restaurar la autoridad del Estado y garantizar la seguridad ciudadana en un país donde las organizaciones criminales han vuelto a expandirse tras varios años de deterioro de las condiciones de seguridad.
A partir del próximo 7 de agosto, Colombia iniciará una nueva etapa en la que la seguridad volverá a convertirse en el eje central de la acción gubernamental. El éxito o fracaso de esta estrategia determinará no solo el futuro de la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, sino también el equilibrio político de un país que sigue afrontando el último gran conflicto armado interno del continente americano.
