Lo que está pasando con el crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC) ya no es un problema «de allá». Se ha metido de lleno en Europa y España: en nuestros puertos, en nuestro sistema financiero, en nuestras ciudades. Europa se ha convertido en uno de los mercados más importante y rentable para estas organizaciones criminales, y lo que antes era un asunto latinoamericano es ahora una indiscutible amenaza directa a la seguridad europea.
Del laboratorio latinoamericano al frente europeo
Los viejos cárteles jerárquicos latinoamericanos han evolucionado hacia algo mucho más peligroso, las redes descentralizadas que funcionan casi como empresas globales. Dejaron atrás el modelo piramidal de los Escobar o los Guzmán, y ahora operan como franquicias criminales que se especializan, se asocian entre sí y diversifican sus actividades. Esta transformación ha impactado directamente en Europa, que ahora consume más cocaína que nunca. Entre 2014 y 2020, la producción mundial de cocaína se duplicó, y Europa absorbió gran parte de ese incremento. En 2023, los países de la UE incautaron 419 toneladas de cocaína (récord por séptimo año consecutivo) y eso representa solo una fracción de lo que realmente entra.
Este incremento se traduce en cifras sin precedentes: en 2023, por séptimo año consecutivo, los Estados miembros de la UE notificaron una cantidad récord de cocaína incautada, que ascendió a 419 toneladas citadas, frente a las 303 toneladas de 2021 y las 323 de 2022. Bélgica y España están a la cabeza de incautaciones, ya que tres de cada cinco toneladas son intervenidas en algunos de estos dos países lo que evidencia una presión sostenida y creciente sobre puertos y cadenas logísticas europeas.
La transformación organizativa en América Latina (con hubs como Guayaquil y redes que combinan crimen tradicional, minería ilegal, tráfico de personas y cibercrimen) alimenta ecosistemas criminales que ya operan de forma integrada entre ambas orillas del Atlántico.
España: de puerta de entrada a nodo productivo
España ya no es solo un punto de paso hacia el resto de Europa. Se ha convertido en un centro de operaciones. Las cifras así lo demuestran: en 2023, las autoridades españolas se incautaron 118 toneladas de cocaína. En 2024, batieron ese récord con 123 toneladas. Para poner esto en perspectiva, España es ahora el cuarto país del mundo con más incautaciones, solo detrás de Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
Lo más preocupante es que España no solo recibe y redistribuye la droga. Cada vez más, está produciendo cocaína refinada aquí mismo. Llega pasta base desde América Latina, se instalan laboratorios clandestinos con ayuda de químicos colombianos o mexicanos, y se refina el producto para el mercado europeo. Es un modelo que replica lo que pasó en los países andinos: producción local, diversificación de riesgos, alianzas con mafias europeas. Valencia, Barcelona, Algeciras y las Rías Baixas son ahora puntos calientes en un mapa criminal que antes solo incluía a Medellín o Cali.
En noviembre de 2024 en una operación conjunta de la Agencia Tributaria con la Policía Nacional se interceptaron, en el puerto de Algeciras, 13 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de plátanos procedentes de Guayaquil. Es la mayor incautación de la historia de España, superando ampliamente el récord anterior de 9,5 toneladas. Pero lo más inquietante de este caso no fue solo la cantidad de droga. Durante la investigación, se descubrió que un exjefe de la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) guardaba 20 millones de euros emparedados en su casa. Este caso revela hasta qué punto la corrupción ha penetrado en las propias estructuras de seguridad del Estado. No estamos hablando de un estibador o un empleado de la aduana: estamos hablando de un alto cargo policial.
Algeciras se consolidó en 2024 como uno de los principales puertos europeos en incautaciones de cocaína, con más de 36.600 kilos decomisados.
Esta presión se manifiesta en varios frentes geográficos:
- Los grandes puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras se han consolidado como puertas de entrada claves, con conexiones directas desde Guayaquil y otros puertos latinoamericanos.
- La fachada atlántica, con Galicia como epicentro, registra un resurgir de rutas históricas y del empleo de «narcosubmarinos» artesanales, que han sido interceptados con cargamentos de varias toneladas de cocaína, confirmando la adaptación tecnológica de las redes.
Entre los años 2023 y 2025, España se ha ido configurando además como hub secundario de producción de clorhidrato de cocaína, aprovechando la llegada de pasta base desde América Latina, la disponibilidad de precursores y el montaje de laboratorios clandestinos vinculados a alianzas entre cárteles latinoamericanos, redes albanesas y estructuras criminales españolas. Esta convergencia reproduce en suelo europeo el modelo de «ecosistema criminal» descrito en América Latina: segmentación de funciones, diversificación de riesgos y fuerte resiliencia operativa frente a la acción policial.
Puertos europeos bajo asedio: del Estrecho al eje Amberes – Róterdam
La expansión de estos ecosistemas criminales tiene en los puertos europeos uno de sus principales vectores de impacto estratégico. Bélgica, España y los Países Bajos siguen siendo los países que notifican los mayores volúmenes de incautaciones, reflejando su importancia como puntos de entrada clave del tráfico de cocaína con destino a Europa.
Lo que pasa en Guayaquil (el gran puerto ecuatoriano convertido en epicentro del narcotráfico) está pasando también en España y Europa. El método es el mismo: contaminar contenedores de fruta legítima (especialmente plátanos), crear empresas exportadoras fantasma, y sobornar o amenazar a trabajadores portuarios para que hagan la vista gorda. Es la estrategia de «plata o plomo»: si no aceptas dinero, recibes amenazas. Europol ya ha documentado este patrón en puertos españoles y del Benelux.
Bélgica, España y Países Bajos siguen siendo los principales puntos de entrada, pero la situación está cambiando. Los datos de 2024 muestran que las redes delictivas están diversificándose: ahora usan también puertos alemanes, franceses y portugueses. Entre 2019 y 2024, Bélgica incautó más de 500 toneladas de cocaína, más que cualquier otro país europeo. Pero Algeciras emergió como el puerto individual con más decomisos en 2024. Esta diversificación no es casualidad: responde a la intensificación de controles en los grandes hubs. Las organizaciones criminales exploran ahora en puertos más pequeños, con menos recursos de inspección y más vulnerables a la corrupción.
Para España y la UE, esta presión sobre los puertos no solo supone un desafío aduanero, sino un riesgo estructural para la integridad de la cadena logística y la economía legal, al mezclar los flujos ilícitos y los lícitos en puntos neurálgicos del comercio exterior.
Alianzas transatlánticas
Las mafias latinoamericanas y europeas ya no compiten: colaboran. La ‘Ndrangheta italiana tiene acuerdos directos con el PCC brasileño y con grupos colombianos para controlar los corredores de cocaína. Los clanes balcánicos han comprado en Ecuador empresas exportadoras de fruta para introducir cocaína en los contenedores que llegan a Amberes, Róterdam o Valencia. Es una complementariedad casi perfecta: los latinoamericanos aportan el producto y la logística de origen; los europeos controlan las rutas de distribución, el blanqueo de dinero y la protección territorial. Todos ganan. Y todos son cada vez más difíciles de desarticular porque no dependen de jefes únicos ni de estructuras verticales. Si cae un nodo, la red sigue funcionando.
En paralelo, el clan balcánico y otras redes de Europa oriental han consolidado su papel como intermediarios logísticos entre puertos latinoamericanos (especialmente Guayaquil) y nodos europeos como Valencia, Amberes y Róterdam, adquiriendo empresas exportadoras de fruta para encubrir grandes envíos de cocaína. Esta cooperación ha permitido a los grupos latinoamericanos diversificar las rutas, acceder a capital europeo y reducir su exposición directa en el territorio de destino.
Un fenómeno particularmente preocupante para España y Europa es la proyección de pandillas latinas y megabandas caribeñas hacia el continente, aprovechando flujos migratorios vulnerables.
Un caso especialmente preocupante es el del Tren de Aragua, una megabanda venezolana nacida en la cárcel de Tocorón. En noviembre de 2025, la Policía Nacional, en una operación apoyada por autoridades colombianas y el marco Ameripol–ELPACCTO, desmanteló su primera célula estructurada en España. La operación se saldó con 13 detenidos en cinco ciudades, dos laboratorios de «tusi» (droga sintética rosa) clausurados, y la demostración de vínculos directos con la cúpula de la organización. Esta banda combina el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la explotación de migrantes venezolanos. No son solo traficantes; son depredadores que aprovechan las rutas migratorias para reclutar, explotar y controlar a compatriotas vulnerables. Y ya están aquí, operando en España con la misma lógica territorial que aplican en América Latina.
Impactos en seguridad, economía y cohesión social
¿Qué significa todo esto en la práctica? Los efectos no son abstractos. Se notan en las calles, en la economía, en la convivencia de nuestras ciudades.
En el plano de seguridad y violencia, la droga es ya uno de los principales motores de los homicidios en Europa. Se estima que, según diversas estimaciones, entorno a la mitad de los asesinatos en el continente tienen relación con el tráfico de estupefacientes. Y los métodos de violencia que antes eran típicos de América Latina (ajustes de cuentas, sicariato, arsenales de guerra) ya están aquí. En algunas ciudades españolas, en entornos urbanos vulnerables, conviven con el miedo al narcotráfico.
En el ámbito económico y financiero, el dinero del narcotráfico no se queda en los puertos. Se lava, se invierte, se integra en la economía legal. Constructoras, hoteles, restaurantes, inmobiliarias: sectores enteros en ciudades costeras están contaminados por capitales ilícitos. Esto distorsiona los mercados, genera competencia desleal y erosiona la integridad del sistema financiero. Cuando una empresa criminal puede permitirse comprar propiedades a cualquier precio o pagar salarios inflados, los negocios legítimos no pueden competir.
En el plano de la cohesión social, la explotación de comunidades de migrantes por bandas como el Tren de Aragua o las pandillas latinas no solo afecta a esas comunidades. Alimenta discursos xenófobos, polariza el debate público y erosiona la confianza en las instituciones. Si no se gestiona bien, este fenómeno puede degradar barrios enteros y convertir la migración en un problema de seguridad cuando no debería serlo.
Dimensión digital, IA y amenazas híbridas
Las organizaciones criminales latinoamericanas han incorporado herramientas digitales sofisticadas a sus operaciones: las criptomonedas para blanqueo, plataformas cifradas para comunicarse, e incluso modelos de inteligencia artificial maliciosos (los llamados «dark LLMs») para crear campañas de phishing o desarrollar malware. Todo esto está llegando a Europa, donde la alta densidad de infraestructura digital nos hace especialmente vulnerables.»
La convergencia entre crimen organizado y amenazas híbridas también se vuelve relevante para la seguridad europea. Campañas de desinformación y operaciones de influencia impulsadas por actores estatales o paraestatales (como las asociadas al ecosistema ruso Doppelgänger-Matryoshka) pueden solaparse con infraestructuras criminales para el blanqueo de capitales, financiación opaca o erosión de la confianza en procesos electorales y en instituciones de seguridad. En este escenario, la frontera entre crimen organizado, cibercrimen y guerra híbrida se vuelve crecientemente porosa.
Para España, donde existe un ecosistema mediático muy digitalizado y una ciudadanía altamente conectada, estas dinámicas incrementan el riesgo de campañas coordinadas que combinen la violencia criminal, la extorsión digital y la desinformación, afectando tanto al tejido empresarial como a la estabilidad institucional.
Respuesta europea: avances y brechas
Europa ha empezado a tomarse esto en serio. En enero de 2024 se lanzó la European Ports Alliance para reforzar los controles en los puertos vulnerables. Nueve meses después, España registraría en Algeciras las 13 toneladas que antes mencioné, confirmando la gravedad del problema. La UE también ha priorizado la cooperación con América Latina en su asociación estratégica con la CELAC, y Europol ha firmado acuerdos de intercambio de datos con varios países latinoamericanos.
Hay operaciones conjuntas que funcionan. La desarticulación del Tren de Aragua en España se hizo con apoyo de Colombia y dentro del marco Ameripol–ELPACCTO. La operación Oyamel, que desmanteló la «oficina» del CJNG mexicano en España en noviembre de 2025, también fue fruto de coordinación internacional.
Pero seamos honestos, hay brechas enormes. Los controles en algunos puertos son muy intensivos (Amberes, Róterdam), pero otros siguen siendo vulnerables. Falta integración entre la inteligencia financiera, la ciberinteligencia y el control físico de las fronteras. Las leyes sobre delitos digitales (deepfakes, uso criminal de IA) van por detrás de la realidad. Y, sobre todo, da la impresión de que seguimos enfocándonos demasiado en incautar droga y poco en atacar la estructura económica y de gobernanza de estas redes.
Prioridades estratégicas para España y Europa
A la luz de esta metamorfosis del crimen organizado latinoamericano y de sus impactos concretos sobre España y Europa, pueden señalarse las siguientes prioridades estratégicas de acción.
Blindar los puertos como infraestructuras críticas, integrando plenamente a los grandes puertos españoles en la European Ports Alliance, elevando los estándares de control de personal, la trazabilidad de contenedores y el uso de analítica avanzada de riesgos, combinando los escáneres de alta capacidad con algoritmos de detección de patrones basados en IA.
Es necesario atacar la gobernanza criminal y no solo la carga, focalizando las operaciones en las redes de captación y corrupción en puertos y nodos logísticos, priorizando investigaciones patrimoniales sobre estibadores, empresas auxiliares y agentes aduaneros bajo esquemas de «plata o plomo».
Es fundamental profundizar en la cooperación con ALC, consolidando los equipos conjuntos de investigación (JIT) con países andinos y caribeños, canalizar el apoyo técnico en inteligencia financiera y ciberinteligencia, y utilizar los nuevos acuerdos de intercambio de datos con Europol para anticipar movimientos desde puertos como Guayaquil.
La dimensión migratoria debe gestionarse desde la seguridad humana, mediante el diseño de estrategias específicas para proteger a las comunidades migrantes latinoamericanas en España y Europa frente a su instrumentalización por redes como el Tren de Aragua y las maras, combinando trabajo social, inteligencia comunitaria e intervención selectiva sobre nichos de extorsión y trata.
Los marcos penales y de ciberdefensa requieren una actualización urgente, con mayor precisión en la tipificación del uso delictivo de IA, la clonación de voz, la generación de deepfakes y el modelo «Criminality as a Service» (CaaS), alineando la legislación penal, las capacidades de ciberdefensa y la regulación de las plataformas digitales.
Las cifras de 2024 confirman que la presión criminal no solo se mantiene, sino que se intensifica: España alcanzó 123 toneladas de cocaína incautada, un 5,2% más que en 2023, mientras la UE en su conjunto registró 419 toneladas en 2023, consolidando siete años consecutivos de récords. Sin embargo, la sobreoferta ha provocado un desplome de precios en puertos españoles, evidenciando que las incautaciones récord representan solo una fracción del volumen total que ingresa al continente. Esta realidad confirma que la transformación del crimen organizado latinoamericano ha logrado consolidar a Europa como su mercado prioritario, requiriendo una respuesta estratégica que trascienda los éxitos operativos puntuales.
Juan Manuel Llenderrozas es General de Brigada de la Guardia Civil (R)
