El Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han expresado su preocupación por la instalación en el puerto exterior de Ferrol de la primera planta europea de SAIC Motor, el gigante automovilístico chino propietario de la marca MG. Informaciones publicadas por El País y El Mundo señalan que los organismos de seguridad consideran que la ubicación elegida plantea riesgos para la seguridad nacional por su proximidad a instalaciones militares y estratégicas de la Armada española.
La futura fábrica de SAIC Motor se levantará en el puerto exterior de Ferrol, a aproximadamente cinco kilómetros en línea recta del Arsenal de Ferrol y del astillero de Navantia. La compañía prevé realizar una inversión inicial de unos 200 millones de euros, crear alrededor de 1.000 empleos directos y alcanzar una capacidad de producción de hasta 120.000 vehículos anuales. La Xunta de Galicia ha declarado el proyecto de carácter industrial estratégico y pretende acelerar su tramitación para que las obras puedan comenzar en 2027 y la planta esté operativa antes de finalizar 2028.
El proyecto cuenta con un importante respaldo político y económico. El Gobierno gallego considera la llegada de SAIC uno de los mayores proyectos industriales internacionales de las últimas décadas para Galicia, mientras que el Gobierno central también ha participado en las gestiones destinadas a atraer la inversión china. La implantación permitiría además a SAIC fabricar vehículos dentro de la Unión Europea y reducir el impacto de los aranceles comunitarios aplicados a los automóviles eléctricos fabricados en China.
Sin embargo, el emplazamiento elegido ha generado un problema de naturaleza muy diferente. Según la información publicada por El País, el Ministerio de Defensa y el CNI han mostrado su preocupación por la proximidad de la futura fábrica a algunas de las instalaciones militares más sensibles del norte de España. El Mundo, por su parte, señala que Defensa dispone de informes internos en los que la presencia china en la entrada de la ría es considerada una amenaza y advierte del riesgo de que Ferrol pueda dejar de ser considerado un puerto seguro para determinados intereses de la OTAN y de la Unión Europea.
El Arsenal Militar de Ferrol constituye una de las principales instalaciones de la Armada española. En sus dependencias tienen su base las cinco fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100) y los buques de aprovisionamiento en combate Cantabria y Patiño, además de numerosas instalaciones logísticas y de mantenimiento. Entre ellas se encuentran dependencias relacionadas con sistemas de armas, misiles y torpedos.
A escasa distancia se encuentra también Navantia, donde se construyen las nuevas fragatas F-110 de la Armada y se desarrollan trabajos de modernización de las F-100. Estos buques incorporan sistemas de combate avanzados, incluido el sistema Aegis, de tecnología estadounidense. El astillero ferrolano ha participado además en programas navales internacionales para países como Australia, Noruega y Reino Unido, lo que convierte a la ría en un enclave de especial importancia para la industria europea de defensa.
El temor de los servicios de seguridad no se centra exclusivamente en la posibilidad de que desde la futura planta puedan observarse las instalaciones militares. La preocupación abarca también el espionaje electrónico, la captación de información, los ciberataques y la inteligencia humana (HUMINT).
La ubicación de la fábrica permitiría disponer de un punto de observación sobre la actividad marítima de la ría. Fuentes militares citadas por El País consideran que desde el entorno del puerto exterior podría obtenerse información sobre los buques que entran y salen de la base naval y del astillero. La preocupación se incrementa por la naturaleza de SAIC Motor, una empresa de propiedad estatal china.
El segundo factor de riesgo señalado por las fuentes consultadas es el tejido industrial auxiliar. Navantia y la Armada mantienen relaciones con numerosas pequeñas y medianas empresas de la comarca que participan en trabajos de mantenimiento, suministro y servicios especializados. Algunas de esas mismas compañías podrían convertirse en proveedoras de la nueva fábrica de SAIC, creando un espacio de interacción entre trabajadores y empresas vinculados simultáneamente a la industria civil y a actividades relacionadas con la defensa.
Según las informaciones publicadas, este escenario preocupa especialmente a los servicios de inteligencia porque el riesgo no tendría que materializarse mediante una intrusión directa en una instalación militar. El acceso indirecto a información sensible a través de trabajadores, proveedores o contratistas podría constituir un vector de inteligencia mucho más difícil de detectar.
A ello se suma la posibilidad de ciberespionaje y recopilación de señales. Defensa estudia reforzar las medidas de protección tanto del Arsenal como de Navantia para impedir que la nueva presencia empresarial pueda convertirse en una plataforma para obtener información sobre movimientos navales, comunicaciones o procedimientos operativos.
El caso adquiere mayor relevancia porque, según El País, a SAIC se le habrían planteado otras alternativas para su implantación, entre ellas Vigo y Gijón, que también disponen de infraestructuras portuarias pero no presentan el mismo grado de proximidad a instalaciones militares estratégicas. La elección final de Ferrol, pese a esas alternativas, ha contribuido a incrementar los recelos de los organismos de seguridad.
Las dudas de Defensa y del CNI chocan, por tanto, con el interés económico del proyecto. Galicia aspira a convertir la inversión china en uno de los grandes motores industriales de Ferrol, una comarca históricamente vinculada a la construcción naval y especialmente afectada por los procesos de reconversión industrial. La fábrica generaría empleo directo y podría atraer nuevas empresas auxiliares y actividad logística.
El proyecto, además, necesita superar el procedimiento estatal de autorización de la inversión extranjera, al tratarse de una operación protagonizada por una empresa de capital extranjero considerada estratégica. El Gobierno central tendrá que valorar los distintos intereses en juego antes de autorizar definitivamente la operación.
El dilema que plantea el proyecto es, por tanto, particularmente complejo: cómo compatibilizar una inversión industrial de cientos de millones de euros y la creación de miles de empleos con la protección de una de las principales áreas estratégicas de la defensa naval española.
La reputación de Navantia, en entredicho
La controversia también tiene una dimensión internacional. Una parte significativa de la actividad de Navantia en Ferrol está relacionada con programas navales de países aliados de España. Cualquier percepción de que esas instalaciones pueden quedar expuestas a una potencia extranjera podría afectar a la confianza de socios y clientes internacionales. Ya se advierte de un posible deterioro reputacional para Navantia y para la Armada si la presencia de una empresa estatal china junto a sus instalaciones genera dudas entre sus socios.
El caso de Ferrol se enmarca, además, en una preocupación creciente en Europa por la presencia de capital chino en sectores e infraestructuras consideradas estratégicas. La discusión ya no se limita a la fabricación de automóviles, sino que alcanza a puertos, energía, telecomunicaciones, tecnología, logística y cadenas de suministro vinculadas a la defensa.
En este contexto, la instalación de SAIC en Ferrol se ha convertido en un ejemplo especialmente sensible. La inversión puede representar una oportunidad industrial para una comarca necesitada de nuevos proyectos, pero su localización, a pocos kilómetros de instalaciones militares que albergan buques, sistemas de armas y tecnologías de defensa avanzadas, ha colocado el proyecto bajo el escrutinio de los organismos españoles responsables de la seguridad nacional.
La cuestión central que deberá resolver el Gobierno será si las medidas de seguridad que puedan implantarse permiten compensar los riesgos identificados por Defensa y el CNI o si, por el contrario, la localización de la fábrica obliga a introducir modificaciones, restricciones o condiciones específicas antes de autorizar definitivamente la inversión.
