El 95,7% de las personas que han sufrido violencia sexual facilitada por drogas en contextos de fiesta y ocio nocturno no comunica la agresión a los servicios sanitarios, psicológicos, policiales o judiciales. Solo el 4,3% de las víctimas recurre a alguna de estas instancias, según una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá (UAH).
El estudio, desarrollado en el marco del Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas (ObservaVSFD) y publicado en la revista científica Frontiers in Public Health, analiza las experiencias de 583 personas que declararon haber sufrido al menos un episodio de este tipo de violencia sexual durante o inmediatamente después de una actividad de ocio nocturno.
Los resultados ponen de manifiesto una importante brecha entre la comunicación de las agresiones en el entorno privado y su traslado a las instituciones. De las 583 personas afectadas, el 17,5% aseguró que nunca había contado lo sucedido a nadie, mientras que el 78,2% lo había compartido exclusivamente con familiares, amistades u otras personas cercanas. Únicamente el 4,3% había acudido a algún servicio especializado o autoridad.
La investigación advierte así de que la violencia sexual facilitada por drogas permanece ampliamente invisibilizada, una circunstancia que dificulta tanto la atención a las víctimas como la prevención y el conocimiento de la dimensión real del problema.
La muestra inicial del estudio estuvo formada por 1.601 personas de entre 18 y 35 años, seleccionadas mediante un procedimiento de muestreo por cuotas según sexo, grupo de edad y comunidad autónoma de residencia, con representación de las 17 comunidades autónomas. De ese conjunto, 583 participantes, el 36,4%, declararon haber experimentado al menos una agresión sexual facilitada por alcohol u otras drogas en contextos de fiesta.
Uno de los aspectos más relevantes del análisis es la diferencia entre las dos modalidades identificadas por los investigadores. La primera es la denominada sumisión química oportunista o vulnerabilidad química, que se produce cuando el agresor aprovecha los efectos de sustancias consumidas voluntariamente por la víctima, principalmente alcohol. La segunda, conocida como sumisión química proactiva, se produce cuando el perpetrador favorece el consumo involuntario mediante la administración encubierta, la presión o la imposición de sustancias.
Entre las víctimas que aportaron información sobre esta cuestión, el 92,6% señaló que el agresor se había aprovechado de los efectos de sustancias consumidas voluntariamente, frente al 7,4% que refirió algún tipo de consumo involuntario.
La sumisión química oportunista, la más invisibilizada
El estudio identifica diferencias significativas en la comunicación de las agresiones dependiendo de la modalidad de violencia sexual facilitada por drogas.
Cuando el agresor provoca el consumo involuntario de sustancias, el porcentaje de víctimas que comunica lo ocurrido a servicios o autoridades alcanza el 34,2%. Sin embargo, cuando el agresor se aprovecha de los efectos del consumo voluntario de alcohol u otras sustancias, esa proporción desciende al 1,4%.
Esta diferencia constituye uno de los principales hallazgos de la investigación: la modalidad más frecuente de violencia sexual facilitada por drogas es también la que presenta mayores dificultades para llegar a los servicios de asistencia y a las autoridades.
Los investigadores apuntan a que esta situación puede estar relacionada con diversos factores, entre ellos los mitos sobre la sumisión química, las lagunas de memoria que pueden producir las sustancias, la ausencia de lesiones visibles y los estereotipos que favorecen el cuestionamiento o la culpabilización de las víctimas.
El investigador del Departamento de Salud Pública de la UCM, Pablo Prego, advierte de que la interacción de estos factores contribuye a mantener invisibilizadas especialmente las agresiones oportunistas.
Por ello, considera fundamental evitar cualquier juicio o cuestionamiento hacia las personas afectadas y favorecer un entorno de comprensión, apoyo y confianza que facilite la comunicación de lo sucedido y la búsqueda de ayuda.
La responsabilidad corresponde al agresor
Los resultados plantean la necesidad de revisar las estrategias de prevención de la violencia sexual en los espacios de ocio nocturno. Según los investigadores, las campañas deben contemplar no solo los casos en los que se administran sustancias de forma encubierta, sino también aquellas situaciones en las que el agresor aprovecha la vulnerabilidad derivada del consumo voluntario de alcohol.
Esta distinción resulta relevante porque una parte importante de las agresiones no responde al patrón tradicionalmente asociado a la sumisión química, en el que una sustancia es introducida en la bebida de la víctima sin su conocimiento. También se producen agresiones cuando el perpetrador se aprovecha de la alteración de las capacidades de otra persona como consecuencia del consumo.
La investigación subraya que la responsabilidad de la violencia sexual corresponde exclusivamente a quien comete la agresión, con independencia de que la víctima haya consumido alcohol u otras sustancias.
El trabajo ha sido desarrollado por investigadores vinculados al Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas, una iniciativa interuniversitaria en la que participan especialistas de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá.
El observatorio desarrolla actividades de investigación, divulgación y prevención con el objetivo de mejorar el conocimiento científico sobre esta forma de violencia, visibilizar su magnitud y contribuir al diseño de estrategias de atención a las víctimas.
La nueva investigación da continuidad a otro trabajo del mismo equipo, publicado en 2024 en la revista Public Health. Aquel estudio encontró que el 48,4% de las mujeres y el 27% de los hombres de entre 18 y 35 años declaraban haber sufrido al menos un episodio de violencia sexual facilitada por drogas en contextos de fiesta.
En conjunto, los resultados ponen de relieve dos problemas relacionados: la frecuencia de estas agresiones y la escasa comunicación a los servicios institucionales. Para los investigadores, mejorar la prevención exige combatir los estereotipos, facilitar la atención y crear condiciones para que las víctimas puedan comunicar lo ocurrido sin temor a ser cuestionadas.
