Los jóvenes que han protagonizado actos vandálicos en Barcelona pueden enfrentarse a importantes consecuencias penales, que dependerán de la gravedad de los daños ocasionados, su participación individual en los incidentes, la posible existencia de violencia o intimidación y su edad.
El ordenamiento jurídico español contempla desde multas económicas y obligaciones de indemnización hasta penas de prisión cuando los hechos constituyen delitos de daños, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, lesiones o incluso delitos de odio, si concurren los requisitos legales. La calificación judicial no depende de que los participantes sean considerados radicales, sino de las conductas concretas que puedan acreditarse y de las pruebas reunidas durante la investigación policial y judicial.
Los incidentes más graves en España, en el marco de la ola promovida, entre otros, por Blocus, en las principales capitales europeas, fueron los del 24 de octubre en Barcelona, después de una concentración juvenil convocada a través de redes sociales en la plaza de Catalunya. La protesta derivó en saqueos de establecimientos comerciales, quema de contenedores, barricadas, destrozos del mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.
El balance inicial fue de 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, 14 agentes heridos y 23 comercios vandalizados. Los daños en el mobiliario urbano fueron valorados por el Ayuntamiento en unos 36.000 euros.
La investigación policial también se ha dirigido contra quienes presuntamente organizaron y alentaron los incidentes mediante canales de mensajería y redes sociales vinculados, como se ha apuntado, a Blocus. Entre las actuaciones posteriores figura la detención de un joven de 17 años en Sant Sadurní d’Anoia, al que los Mossos atribuyen una presunta participación en la coordinación de los saqueos y en la difusión de instrucciones para evitar la detección policial.
Qué delitos pueden imputarse y qué penas contempla la ley
La respuesta judicial dependerá de la calificación de cada conducta. Estos son los principales tipos penales que podrían entrar en consideración:
- Delito de desórdenes públicos
Es una de las figuras centrales para analizar los disturbios colectivos. El artículo 557 del Código Penal establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes, actuando en grupo y con el propósito de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación contra personas o bienes, obstaculicen vías públicas poniendo en peligro la vida o la salud o invadan instalaciones o edificios.
La aplicación de este artículo exige acreditar sus elementos concretos. No basta con haber estado presente en una concentración o manifestación: debe probarse la participación en los actos que constituyen el delito.
- Delito de daños y destrozos
El artículo 263 del Código Penal contempla el delito de daños en propiedad ajena. Cuando el importe de los desperfectos supera los 400 euros, la pena general es de multa de seis a 24 meses. Si no supera esa cantidad, se establece una multa de uno a tres meses.
En determinados supuestos agravados, como los daños destinados a impedir el ejercicio de la autoridad o los ocasionados mediante determinados medios especialmente peligrosos, pueden imponerse penas de uno a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
La quema de contenedores, la destrucción de escaparates, los desperfectos en establecimientos y los daños al mobiliario urbano deberán analizarse individualmente, atendiendo a su naturaleza, valoración económica y circunstancias.
- Atentado contra agentes de la autoridad
Los participantes que hayan agredido a policías, acometido contra ellos o ejercido violencia o intimidación grave para impedir el desempeño de sus funciones podrían incurrir en un delito de atentado contra la autoridad, regulado en el artículo 550 del Código Penal.
La pena general es de prisión de seis meses a tres años cuando el atentado se dirige contra agentes de la autoridad. Si se producen lesiones, también pueden concurrir otros delitos y responsabilidades penales.
El lanzamiento de piedras o botellas contra los agentes no implica automáticamente que todos los participantes en los disturbios puedan ser acusados de atentado: será necesario acreditar quién realizó cada conducta y su alcance.
- Robos y saqueos en establecimientos comerciales
Los jóvenes que entraron en establecimientos para apoderarse de productos podrían responder por delitos contra el patrimonio. La calificación dependerá de cómo se produjo la sustracción: hurto, robo con fuerza en las cosas o robo con violencia o intimidación.
En el caso del robo con fuerza, el artículo 240 establece, con carácter general, penas de uno a tres años de prisión. Si existe violencia o intimidación sobre las personas, el artículo 242 contempla penas de dos a cinco años de prisión, con las particularidades previstas legalmente para cada supuesto.
Por tanto, no todos los saqueos reciben necesariamente la misma calificación jurídica.
La diferencia fundamental: menores de edad y mayores de 18 años
Uno de los aspectos más relevantes de los disturbios de Barcelona es la elevada presencia de menores entre los detenidos. La legislación española establece un régimen de responsabilidad penal diferente en función de la edad del autor.
Los menores de 14 años
No tienen responsabilidad penal conforme a la Ley Orgánica 5/2000. Sus conductas pueden dar lugar a actuaciones de protección y a responsabilidad civil por los daños ocasionados, pero no se les pueden imponer medidas penales de internamiento previstas en esa ley.
Los jóvenes de 14 a 17 años
Están sometidos a la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Las medidas que puede imponer un juez incluyen:
- Internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
- Libertad vigilada.
- Prestaciones en beneficio de la comunidad.
- Permanencia de fin de semana.
- Prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas.
- Amonestación y otras medidas educativas.
En los supuestos de mayor gravedad, especialmente cuando concurren violencia, intimidación o peligro para las personas, los menores de 16 y 17 años pueden recibir medidas de internamiento en régimen cerrado de hasta seis años, complementadas, cuando proceda, con libertad vigilada.
La duración concreta depende del delito, la edad, las circunstancias personales y las reglas especiales de la ley.
Los mayores de 18 años
Responden conforme al Código Penal ordinario. Si se demuestra su participación en delitos de desórdenes públicos, daños, robo o atentado contra agentes de la autoridad, pueden recibir penas de prisión, multas y antecedentes penales.
¿Pueden responder económicamente los padres de los menores?
Esta es otra cuestión especialmente importante. El artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000 establece que, cuando el responsable de los hechos sea menor de edad, sus padres, tutores, acogedores o guardadores legales pueden responder solidariamente con él por los daños y perjuicios ocasionados.
Esto significa que las familias pueden verse obligadas a asumir las indemnizaciones derivadas de los destrozos, los daños a establecimientos comerciales y los desperfectos en bienes públicos, sin perjuicio de las particularidades y posibles causas de moderación previstas en la legislación.
Por tanto, la responsabilidad económica no termina necesariamente con una eventual sanción judicial al menor.
¿Pueden ser castigados también quienes organizaron los disturbios?
La investigación sobre los responsables de los canales de Blocus abre una segunda dimensión judicial: la posible responsabilidad de quienes no participaron directamente en los saqueos, pero pudieron organizar, coordinar o incitar a cometerlos.
El artículo 28 del Código Penal contempla la responsabilidad de quienes inducen directamente a otra persona a cometer un delito. También pueden responder quienes participan como cooperadores necesarios en su ejecución.
Por tanto, si se acredita que determinados administradores de canales difundieron instrucciones concretas para organizar saqueos, coordinar ataques o facilitar la violencia, podrían responder penalmente por los delitos en los que hayan intervenido, siempre que concurran los requisitos legales. La mera administración de un canal o la difusión de mensajes no constituye automáticamente un delito.
La Generalitat y el Ayuntamiento reclamarán responsabilidades
El Govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, anunció que se personará como acusación particular en los procedimientos judiciales derivados de los disturbios para reclamar responsabilidades penales y civiles. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, también anunció actuaciones para reclamar los daños ocasionados en el espacio público.
La Fiscalía y los órganos judiciales deberán determinar la responsabilidad individual de los detenidos, así como la posible existencia de organizadores e instigadores.
Conclusión: las consecuencias pueden ir más allá de una multa
Los sucesos de Barcelona pueden tener consecuencias judiciales de distinta consideración. Para los participantes mayores de edad, las conductas más graves pueden traducirse en penas de prisión, mientras que los menores se enfrentan a medidas judiciales que pueden incluir internamiento en centros de régimen cerrado. A ello se suman las indemnizaciones por los daños ocasionados, que pueden alcanzar tanto a los autores como a sus responsables civiles.
La clave estará en determinar qué hizo cada detenido, si participó en los saqueos, si agredió a agentes, si provocó daños materiales o si desempeñó un papel activo en la organización de los disturbios. La pertenencia a un grupo radical, la asistencia a una concentración o la presencia en el lugar de los hechos no bastan por sí solas para establecer responsabilidad penal.
