El nuevo informe de la UNODC traza un panorama en el que las organizaciones criminales han superado la condición de amenaza policial para convertirse en actores geopolíticos con capacidad de capturar instituciones, distorsionar economías y proyectar poder más allá de las fronteras.
Con ocasión del vigésimo quinto aniversario de la Convención de Palermo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha publicado un exhaustivo Research Brief on Transnational Organized Crime que, leído con detenimiento, trasciende con mucho la categoría de informe técnico-jurídico para convertirse en un documento de inteligencia estratégica de primer orden. Sus conclusiones, respaldadas por datos empíricos y estudios de caso de doce regiones del mundo, configuran una fotografía inquietante: el crimen organizado transnacional ha dejado de ser un fenómeno parasitario de los márgenes del sistema internacional para instalarse en su núcleo.
Una letalidad comparable a la guerra
El dato con el que arranca el informe es, por sí solo, suficiente para replantear prioridades en cualquier agenda de seguridad nacional. Desde la adopción de la Convención en el año 2000, el crimen organizado ha sido responsable de aproximadamente 95.000 homicidios cada año, una cifra que la UNODC sitúa prácticamente a la par de la media anual de muertes causadas por los conflictos armados en el mismo período de tiempo. Sin embargo, a diferencia de los conflictos bélicos, que atraen la atención diplomática, la cobertura mediática sostenida y las respuestas institucionales coordinadas, la violencia del crimen organizado permanece en gran medida invisible, estadísticamente subrregistrada y políticamente infraatendida.
La desagregación regional del dato añade perspectiva crítica. En las Américas, los homicidios vinculados al crimen organizado representan alrededor de la mitad de todos los homicidios intencionales, mientras que en Europa e porcentaje desciende al 6 por ciento. Esta asimetría no refleja únicamente diferencias en la presencia criminal, sino también en la capacidad estatal de respuesta, en el grado de penetración institucional alcanzado por las organizaciones criminales y, sobre todo, en la competencia territorial entre grupos rivales, particularmente intensa allí donde convergen rutas de cocaína y disponibilidad de armas de fuego.
El informe insiste en un matiz conceptual que no debería ser pasado por alto: la ausencia de violencia no indica necesariamente la ausencia de crimen organizado. Los grupos criminales dominantes pueden suprimir activamente la violencia en las áreas que controlan, resolviendo disputas e imponiendo reglas alternativas a las del Estado. Este fenómeno, documentado tanto en contextos latinoamericanos de alta intensidad como en democracias consolidadas europeas, constituye quizás la dimensión más perturbadora del problema: organizaciones que se vuelven invisibles precisamente porque han logrado sustituir al Estado, no combatirlo.
Una industria de cientos de miles de millones
La segunda gran coordenada del informe es económica. El comercio ilícito de drogas genera probablemente cientos de miles de millones de dólares para los grupos criminales cada año. Para calibrar la magnitud de esta cifra, el informe ofrece un parámetro revelador: los flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de opiáceos y metanfetaminas a lo largo de la ruta de los Balcanes representan una proporción significativa del PIB de algunos de los países que la integran, como Afganistán o Macedonia del Norte. Dicho de otro modo, para ciertos Estados, el crimen organizado no es una externalidad negativa de la economía: es, de hecho, una parte estructural de ella.
A este núcleo duro del narcotráfico se añaden actividades igualmente lucrativas, aunque menos visibles. Las pérdidas financieras derivadas de estafas en línea dirigidas a víctimas de Asia Oriental y Sudoriental se estimaron en 2023 entre 18.000 y 37.000 millones de dólares, una cifra que coloca al cibercrimen organizado en una liga de rentabilidad que desafía la tradicional hegemonía del narcotráfico como primera fuente de ingresos ilícitos.
Gobernanza criminal: el Estado dentro del Estado
El capítulo conceptualmente más relevante del informe es el dedicado a la criminal governance, el fenómeno mediante el cual las organizaciones criminales dejan de ser simples actores económicos ilegales para convertirse en proveedores alternativos de orden, seguridad y servicios en territorios donde la presencia estatal es débil, inexistente o capturada. La gobernanza criminal se define como la capacidad de los grupos criminales organizados para establecer y hacer cumplir reglas alternativas a las del Estado, a través de mecanismos que incluyen la coerción, la intimidación, la corrupción, la provisión selectiva de servicios y la manipulación de mercados.
Lo más significativo de la aproximación analítica del informe es su rechazo explícito a la visión tradicional que circunscribe este fenómeno a Estados fallidos o regiones en conflicto. Los países de renta alta con instituciones comparativamente sólidas y un Estado de derecho arraigado no son inmunes a la amenaza que plantea la gobernanza criminal, ya que las organizaciones criminales intentan infiltrarse en el tejido de la sociedad allí donde encuentran oportunidades. El ejemplo sueco, con evidencia documentada de control territorial de grupos criminales sobre mercados de drogas locales y la creación de lo que el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de ese país denomina «estructuras paralelas», ilustra con claridad que el problema no es exclusivo de geografías consideradas políticamente frágiles.
La gobernanza criminal opera mediante dos mecanismos complementarios que el informe analiza con rigor: la coerción —violencia, amenaza, extorsión— y el consentimiento —provisión de empleo, mediación de conflictos, suministro de seguridad básica frente a la delincuencia menor—. Las encuestas representativas realizadas en 18 países de América Central y Latina en 2020 revelan esta doble recepción: de media, uno de cada tres encuestados reportó la presencia de grupos criminales organizados en su área de residencia; de ellos, el 33 por ciento indicó que esos grupos utilizaban violencia contra la población, pero el 15 por ciento señaló que controlaban los robos y mejoraban la seguridad, y el 12 por ciento que mantenían el orden en el barrio. Esta ambivalencia percibida no es anecdótica: es el substrato sobre el que se construye la legitimidad criminal, que resulta extraordinariamente difícil de desmantelar mediante intervenciones exclusivamente policiales o judiciales.
Tecnología: el gran multiplicador de fuerza criminal
El informe dedica un capítulo específico a un fenómeno que, en términos doctrinales de seguridad, podría describirse como el mayor force multiplier que el crimen organizado ha incorporado en su historia reciente: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las nuevas tecnologías han permitido a los grupos criminales alcanzar a víctimas en todo el mundo con mayor facilidad y explotar la dependencia de instituciones, empresas e individuos respecto a las TIC. Como resultado, los grupos criminales organizados están llevando a cabo extorsiones, fraudes y estafas en línea a escala industrial.
La geografía del crimen, uno de los conceptos más arraigados de la criminología clásica, ha quedado radicalmente alterada. La separación entre la jurisdicción donde operan los delincuentes y aquella donde se encuentran las víctimas no solo erosiona la eficacia de las estrategias de prevención situacional, sino que plantea desafíos estructurales a los sistemas de cooperación judicial internacional, diseñados en su mayoría para escenarios de delincuencia física con anclaje territorial definido.
La consolidación de los llamados scam centres o centros de ciberestafa —presentes a gran escala en el Sudeste Asiático, pero con ramificaciones también documentadas en África, Europa del Este, el Pacífico y América del Sur— introduce además una dimensión de trata de personas que complejiza aún más el cuadro: en algunos de los grandes centros de estafa del Sudeste Asiático, las personas son objeto de tráfico y forzadas a cometer ciberdelitos. Las víctimas son confinadas en recintos, sus pasaportes son retenidos y son compelidas a ejecutar fraudes cibernéticos. El cibercrimen deja así de ser una actividad abstractamente digital para revelar su dimensión más brutal: la explotación física de seres humanos al servicio de operaciones delictivas virtuales.
Implicaciones para España y Europa
Aunque el informe tiene vocación global, sus conclusiones tienen una traducción directa para el espacio europeo y, específicamente, para España. Varios de sus elementos merecen atención prioritaria desde una perspectiva de seguridad nacional.
En primer lugar, la evolución del tráfico de cocaína hacia Europa. El informe documenta cómo, desde mediados de la pasada década, los puertos del norte de Europa han desplazado a la Península Ibérica como principal punto de entrada de cocaína procedente de Sudamérica vía la llamada ruta del Cono Sur, aunque esta conclusión debe matizarse con los datos operacionales disponibles de las propias autoridades españolas, que siguen registrando incautaciones de magnitud considerable. La creciente implicación de grupos balcánicos en el abastecimiento de cocaína a Europa, documentada en el caso de la Operación los Blancos y en el estudio de caso sobre el grupo Kompania Bello, ilustra la transformación estructural de un mercado que en otro tiempo estaba relativamente oligopolizado.
En segundo lugar, la amenaza cibernética. La clasificación del ransomware y el fraude en línea como las manifestaciones más graves del cibercrimen en la Unión Europea, refrendada por la evaluación de amenazas de Europol de 2024 que cita el propio informe, exige una respuesta que trascienda la dimensión policial para incorporar la resiliencia de infraestructuras críticas, la protección del sector financiero y la coordinación con el sector privado como titular de los datos más relevantes para la investigación.
En tercer lugar, el blanqueo de capitales mediante activos virtuales. La tendencia hacia el uso de stablecoins como instrumento preferente para transacciones financieras ilícitas, combinada con el recurso a mixers, bridges y sistemas hawala, dibuja un ecosistema financiero criminal cuya opacidad desafía las capacidades analíticas de las unidades de inteligencia financiera convencionales.
Una convención necesaria pero insuficiente
El informe finaliza con un conjunto de prioridades de acción estratégicas que, leídas en conjunto, configuran una agenda de ambiciosa reforma. La digitalización de las respuestas institucionales, el fortalecimiento de la cooperación judicial transfronteriza, el combate a los flujos financieros ilícitos y la atención a la interconexión entre crimen organizado e inestabilidad en zonas de conflicto son los cuatro vectores sobre los que la UNODC articula sus recomendaciones.
Lo que el informe no dice explícitamente, pero que su lectura sistemática induce, es que la Convención de Palermo —un instrumento diseñado hace un cuarto de siglo en un contexto tecnológico, geopolítico y criminal radicalmente distinto del actual— enfrenta tensiones de adaptabilidad que su definición abierta de «delito grave» solo mitiga parcialmente. La proliferación de actores que operan en la zona gris, entre lo legal y lo ilegal, la captura de las instituciones estatales por parte de organizaciones criminales en contextos democráticos formalmente funcionales y la velocidad de adaptación tecnológica de las redes criminales configuran un escenario para el que las arquitecturas de respuesta existentes resultan, cuando menos, insuficientes.
Veinticinco años después de Palermo, la pregunta ya no es si el crimen organizado transnacional constituye una amenaza de seguridad de primer orden. La pregunta es si las democracias liberales están dispuestas a asumir el coste político, institucional y económico de una respuesta verdaderamente a su altura.
El Research Brief on Transnational Organized Crime fue publicado por la UNODC en mayo de 2026 con motivo del 25.º aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
