El Consejo de ministros ha aprobado un conjunto de actuaciones en ciberseguridad y ciberdefensa que complementan las medidas incluidas en el Plan Nacional de Ciberseguridad, aprobado el 29 de marzo de 2022, y que contará con una inversión de 1.157 millones de euros.
«España es un ejemplo a seguir en materia de ciberseguridad, según el informe de 2024 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que sitúa el compromiso y las medidas implantadas por nuestro país por encima de la media de los países de la Unión Europea. Pero somos ambiciosos y queremos seguir mejorando nuestra posición. Nuestro deber como Gobierno es aprovechar las ventajas de la revolución digital con el mismo esmero con el que nos protegemos de sus desafíos. Con un triple objetivo: Proteger los derechos digitales de la ciudadanía; garantizar la estabilidad y la ciber-resiliencia de nuestra economía; y defender la soberanía y valores democráticos del Estado», ha explicado el ministro para la Transformacion Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En 2024 se materializaron más de 100.000 ciberataques en España y cada tres días hubo un ciberataque considerado como muy grave. Desde 2015, los ciberataques han aumentado un 300%, explicó.
La extensión de las infraestructuras digitales, la evolución del contexto geopolítico y los retos que presentan tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la computación cuántica, que permiten a los ciberatacantes sofisticar los ataques de manera más elaborada y personalizada, hacen necesario adaptar el Plan Nacional de Ciberseguridad a las nuevas tendencias en esta materia. El objetivo final es proteger la información y los servicios, especialmente las infraestructuras críticas.
Las actuaciones acordadas por el Consejo de Ministros se enmarcan, asimismo, en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el presidente del Gobierno el pasado 24 de abril. El conjunto de actuaciones permitirá mejorar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa de amplio espectro, desde la prevención, detección y protección hasta la respuesta y la recuperación.
Una de ellas es el impulso del Centro de operaciones de seguridad 5G (SOC 5G) que realiza el seguimiento, control y supervisión de las normativas y regulaciones en materia de ciberseguridad 5G. Este centro da apoyo a los equipos de ciberseguridad de las operadoras, los fabricantes, los usuarios corporativos y las administraciones.
También se reforzará la ciberresiliencia de los servicios transversales de la administración digital y las plataformas para la realización automatizada de auditorías sobre servicios expuestos a Internet de las administraciones públicas. El objetivo es mejorar la resistencia ante ataques de los sistemas de todas las Administraciones Públicas.
También se integrarán técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial en los sistemas para la detección de ciberataques y se mejorará la coordinación de la respuesta de los Centros de Operaciones de Ciberseguridad públicos y privados. Se potenciará el sistema de generación de alertas tempranas en el ámbito de la ciberdefensa y la ciberseguridad, y se impulsarán las colaboraciones con universidades para la investigación en ciberseguridad, entre otras acciones.
En el diseño y desarrollo de estas medidas están implicados diversos departamentos ministeriales. El 22% del presupuesto total será ejecutado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, incluyendo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), Red.es y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, realizará una inversión del 1,2% del total del presupuesto. El Ministerio de Defensa, a través del Centro Nacional de Inteligencia – Centro Criptológico Nacional (CNI-CCN), el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) ejecutará el 60,4% del presupuesto. Por el último, el Ministerio del Interior realizará acciones por el 16,34% del total del presupuesto.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado varios acuerdos por el que se autorizan varias transferencias de crédito a varios ministerios, en concreto a Interior, Defensa y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para atender actuaciones complementarias relativas al citado Plan Nacional de Ciberseguridad, aprobadas este martes en el Consejo.
El primer acuerdo autoriza una transferencia de crédito por importe de 189 millones de euros desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública al Ministerio del Interior. Mediante el segundo acuerdo se autoriza otra transferencia de crédito, por importe de 13.929.504 euros, para el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Por último, en el tercer acuerdo se ha autorizado una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa por importe de 699.049.445 euros.
Desde la aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad en 2022 se han producido cambios en el escenario de la ciberseguridad y, por ello, según el Gobierno, “es necesario complementar de forma urgente y prioritaria las actuaciones recogidas en ese Plan, de acuerdo con el actual contexto estratégico”.
El Plan, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, preveía cerca de 150 iniciativas, entre actuaciones y proyectos, hasta este año 2025. Con este acuerdo y el Real Decreto-ley de seguridad en las comunicaciones 5G, el Gobierno reforzaba la ciberseguridad, en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, con el fin de intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio.
Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros y ahora reforzadio presupuestariamente, destacaban la creación de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de ciberincidentes y de amenazas que permite intercambiar información, en tiempo real, entre organismos públicos y privados; impulsar la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos; el desarrollo de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel nacional; incrementar la creación de infraestructuras de ciberseguridad en las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales; impulsar la ciberseguridad de pymes, micropymes y autónomos; promover un mayor nivel de cultura de ciberseguridad, y la creación de un sistema de seguimiento y control, con el fin de poder identificar el grado de ejecución de las medidas y emitir un informe anual de evaluación
Asimismo, en el año 2022 se adoptó la Política de Ciberdefensa de la Unión Europea en el marco de la Estrategia Europea de Ciberseguridad, presidida por la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea. Por todo ello, juzga el Ejecutivo, “resulta necesario dotar a estos ministerios de fondos suficientes para atender esas necesidades y se han propuesto las citadas transferencias de crédito”.
