El Ministerio de Justicia ha reactivado la tramitación de la proposición de ley destinada a establecer una regulación estatal de la Criminología, un proyecto largamente demandado por el sector y que había quedado paralizado en los últimos meses. El desbloqueo supone un paso significativo hacia el reconocimiento jurídico de esta disciplina como profesión en todo el territorio nacional.
La reanudación de los trabajos, según informa el madrileño Colegio de Criminología, llega tras un periodo de «intensa actividad institucional y técnica», en el que han participado representantes del ámbito profesional, académico y político. Estas labores, asegura el Colegio en una nota, han permitido recuperar el diálogo entre las partes implicadas y sentar las bases para impulsar una norma que aspira a ordenar el ejercicio profesional de los criminólogos en España.
En este contexto, el Ministerio ha mantenido recientemente una primera reunión de trabajo con representantes de los colegios profesionales de Criminología, en la que se ha comenzado a revisar el texto base de la futura ley. El encuentro marca el inicio de una nueva fase en la tramitación de la iniciativa, centrada en mejorar su encaje jurídico y acelerar su recorrido parlamentario.
A la reunión asistieron representantes destacados del sector, como Carmen Balfagón, Abel González y Ramón Chippirrás, quienes trabajaron junto a responsables ministeriales en la revisión técnica del documento. Su participación responde a la voluntad de incorporar la experiencia y las demandas del colectivo profesional en la redacción final del texto normativo.
Durante el encuentro se tomó como referencia la proposición de ley registrada previamente en sede parlamentaria, introduciendo modificaciones orientadas a reforzar su viabilidad. Entre los aspectos clave abordados destaca la delimitación de la colegiación obligatoria, que se plantea restringir al ejercicio profesional en el ámbito de la función pública. Esta medida busca equilibrar la regulación de la profesión con el respeto a la libertad de ejercicio en el ámbito privado.
Otro de los puntos relevantes es la propuesta de creación de un Consejo General de Colegios de Criminología, que actuaría como órgano de coordinación a nivel estatal. Esta entidad permitiría articular la representación del colectivo profesional, establecer criterios comunes y reforzar la interlocución con las administraciones públicas.
El Ministerio de Justicia ha acordado continuar con el proceso mediante la elaboración de nuevos informes técnicos que servirán de base para una próxima reunión. En ese encuentro se analizarán las distintas propuestas planteadas y se avanzará hacia una versión más consolidada del texto legislativo, con el objetivo de facilitar su tramitación parlamentaria.
El calendario político añade presión a los trabajos. Con un nuevo periodo de sesiones previsto tras el verano, el Ejecutivo y los representantes del sector consideran prioritario intensificar las negociaciones para que la proposición de ley pueda ser impulsada dentro de los plazos previstos. La intención es que el texto avance en su tramitación a lo largo de la recta final de 2026.
La eventual aprobación de esta norma supondría un hito para la Criminología en España, una disciplina que en las últimas décadas ha experimentado un notable crecimiento académico y profesional, pero que aún carece de un marco regulador estatal específico. Esta ausencia ha generado desigualdades en el reconocimiento de la profesión y en sus condiciones de ejercicio, tanto en el ámbito público como en el privado.
El proceso abierto por el Ministerio responde así a una reivindicación histórica del sector, que reclama desde hace años una regulación clara que defina competencias, garantice estándares de calidad y facilite la integración de los criminólogos en ámbitos como la seguridad, la justicia, la prevención del delito o la intervención social.
Fuentes del ámbito profesional destacan que la regulación no solo beneficiaría a los propios criminólogos, sino también al conjunto del sistema de justicia, al dotarlo de perfiles especializados en el análisis del delito, la evaluación del riesgo y el diseño de políticas preventivas. En este sentido, la futura ley podría contribuir a modernizar el enfoque de la seguridad pública y reforzar la coordinación entre distintos actores institucionales.
Con todo, el camino hacia la aprobación definitiva de la norma aún presenta desafíos. La necesidad de alcanzar consensos políticos, ajustar el texto a los marcos competenciales y garantizar su viabilidad técnica serán factores determinantes en los próximos meses. Pese a ello, el desbloqueo de la iniciativa ha sido recibido con optimismo por parte del sector, que ve en este nuevo impulso una oportunidad real para culminar un proceso largamente esperado. Un proceso que, de prosperar, marcará un antes y un después en el reconocimiento de la Criminología como profesión en España.
