El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido a la Dirección General de la Policía una revisión urgente del nuevo protocolo de utilización de los sprays de defensa personal, al considerar que determinados criterios operativos pueden generar inseguridad jurídica y dudas sobre las consecuencias disciplinarias de su uso durante una intervención.
El sindicato de la Policía Nacional sostiene que las instrucciones deben permitir a los agentes responder con rapidez y proporcionalidad ante una agresión sin temor a interpretaciones posteriores que puedan perjudicarles.
En una nota valora la ampliación de esta herramienta de defensa a nuevas unidades policiales, pero advierte de que la incorporación de nuevos medios debe ir acompañada de instrucciones claras sobre cuándo y cómo utilizarlos. A juicio de la organización, la falta de precisión en los criterios operativos puede condicionar la capacidad de respuesta de los agentes en situaciones de peligro.
«Un agresor no espera a que un policía interprete un protocolo. Nuestros compañeros tienen que tomar decisiones en segundos y necesitan saber que, cuando actúan de forma legítima y proporcional, cuentan con unas instrucciones claras y con el respaldo de la Administración», señala el sindicato en el comunicado.
La distancia de tres metros, uno de los puntos de discrepancia
Uno de los aspectos que más preocupa al SUP es la recomendación de mantener una distancia mínima de tres metros para utilizar el spray de defensa personal. Según el sindicato, aunque el documento presenta esta distancia como una recomendación operativa, es necesario aclarar expresamente que no constituye una prohibición de utilizar el dispositivo a menor distancia cuando las circunstancias de la intervención lo justifiquen.
La organización considera que las agresiones no siempre se producen en condiciones que permitan respetar una distancia previamente establecida. Por ello, reclama que el protocolo contemple las circunstancias reales de cada intervención y evite interpretaciones que puedan impedir el empleo de un medio de defensa adecuado ante una amenaza inmediata.
El SUP también solicita una mayor precisión sobre el principio de empleo progresivo de los medios policiales. Su objetivo es evitar que los agentes puedan interpretar que están obligados a utilizar previamente herramientas menos eficaces o a asumir riesgos innecesarios antes de recurrir al recurso que consideren más adecuado para neutralizar una amenaza.
La organización no cuestiona la necesidad de actuar conforme a los principios de legalidad y proporcionalidad, sino la conveniencia de que las instrucciones operativas permitan aplicar esos principios teniendo en cuenta la información disponible y el peligro existente en el momento de la intervención.
Garantías disciplinarias y formación obligatoria
Otro de los puntos señalados es el apartado relativo a la responsabilidad disciplinaria por la utilización del spray en contra de las instrucciones establecidas. El sindicato pide que la Dirección General de la Policía concrete las garantías aplicables para que cada actuación sea evaluada atendiendo a las circunstancias específicas, el nivel de amenaza y la información de la que disponía el agente cuando tuvo que tomar la decisión.
«No se puede exigir a un policía que decida en segundos y después analizar su actuación como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo», sostiene el SUP, que considera imprescindible compatibilizar la exigencia de proporcionalidad con la protección de los profesionales que deben intervenir ante situaciones de peligro.
La organización reclama, además, que la entrega de estos dispositivos vaya acompañada de formación práctica obligatoria. Entre sus propuestas figuran la realización de ejercicios antes de que los agentes reciban el equipamiento, el reciclaje periódico durante la jornada laboral y el acceso a los informes técnicos que fundamentan las instrucciones de uso.
El sindicato también pide que el protocolo diferencie de forma expresa entre obligaciones, recomendaciones operativas y situaciones excepcionales. A su juicio, esta distinción permitiría reducir las dudas durante las intervenciones y facilitaría una aplicación más homogénea de los criterios de actuación.
El SUP pide abordar la revisión en el Consejo de Policía
El sindicato considera que la seguridad jurídica no debe limitarse a recordar las posibles sanciones por un uso incorrecto de los medios de defensa, sino que debe incluir la formación, los conocimientos técnicos y unas instrucciones suficientemente claras para que los agentes puedan actuar correctamente.
«La Administración no puede limitarse a entregar un spray y recordar las sanciones por utilizarlo incorrectamente. Tiene la responsabilidad de formar a los policías, resolver las dudas operativas y respaldar las actuaciones legítimas. No pedimos impunidad, exigimos seguridad jurídica», concluye el comunicado.
Por este motivo, la organización solicita que la revisión se aborde con urgencia en el Consejo de Policía y en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, con el objetivo de introducir las aclaraciones que considere necesarias y garantizar que la ampliación del equipamiento contribuya a mejorar la protección de los agentes y de los ciudadanos.
La petición del SUP sitúa el debate en la necesidad de conciliar el uso proporcional de los medios policiales con la claridad de las instrucciones y la formación de los profesionales. La organización reclama que el protocolo permita responder a las circunstancias cambiantes de una intervención sin eliminar los mecanismos de control sobre el uso legítimo de la fuerza.
