La crisis migratoria de Ceuta entra en una nueva fase después de que la Comisión Europea avalara este martes el retorno a Marruecos de los migrantes que permanezcan en situación irregular en la ciudad autónoma, incluidos los menores extranjeros no acompañados. Bruselas sostiene que esta posibilidad está contemplada por el Derecho de la Unión Europea y ha reclamado a las autoridades españolas y marroquíes que cooperen para hacer efectivos los retornos.
El portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Internos, Markus Lammert, señaló en rueda de prensa este martes que la expectativa de Bruselas es que todas las personas que continúen irregularmente en Ceuta sean retornadas.
El pronunciamiento comunitario se produce después de la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio y supone un respaldo político y jurídico a la posición del Gobierno español de recuperar la normalidad mediante el retorno de quienes permanecen irregularmente en la ciudad. La Comisión ha recordado, no obstante, que la devolución de menores no puede plantearse como una expulsión automática, sino que debe respetar las garantías previstas por la normativa europea y asegurar el interés y el bienestar del menor en el país de destino. El artículo 10 de la Directiva de Retorno contempla específicamente condiciones para el retorno de menores no acompañados.
El respaldo de Bruselas coincide, sin embargo, con un movimiento del Gobierno español dirigido precisamente en otra dirección para una parte de los menores. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este miércoles en declaraciones a Radio Nacional de España que el Ejecutivo trabaja en el traslado de menores migrantes desde Ceuta a la Península, dentro de una respuesta destinada a descongestionar el sistema de acogida de la ciudad autónoma y garantizar la protección de los menores.
Saiz ha evitado confirmar como definitiva la cifra de 500 niñas que se ha manejado en las últimas horas y ha subrayado que la decisión corresponde también al Ministerio de Juventud e Infancia y al Gobierno de Ceuta.
La ministra ha insistido en que cualquier actuación deberá realizarse conforme a la legislación y atendiendo al interés superior del menor. «Hay que proteger el interés general del menor», ha señalado Saiz en RNE, al tiempo que ha recordado que en esta materia existen competencias autonómicas. La declaración introduce así un elemento de complejidad en la gestión de la crisis: mientras Bruselas considera jurídicamente posible el retorno a Marruecos de los menores que continúen irregularmente en Ceuta, el Gobierno estudia simultáneamente fórmulas para trasladar a parte de ellos a territorio peninsular.
Según las informaciones conocidas este miércoles, Ceuta y el Ministerio de Juventud e Infancia trabajan en un dispositivo para trasladar inicialmente a unas 500 niñas migrantes no acompañadas a distintos recursos de la Península. La operación pretende aliviar la presión sobre el sistema de protección ceutí y proporcionar a las menores unas condiciones de acogida adecuadas. El plan contempla la utilización de diferentes recursos y la colaboración con entidades especializadas, mientras se estudia el mecanismo administrativo que permita efectuar los traslados.
Guerra de cifras
La dimensión del problema queda reflejada en los datos de Interior. La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores no acompañados desde el 30 de julio, después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. La llegada desbordó ampliamente la capacidad ordinaria de acogida de la ciudad autónoma, obligando al Gobierno a habilitar nuevos espacios temporales y a buscar soluciones de emergencia. El Ejecutivo ha anunciado además recursos económicos adicionales para afrontar la situación y ha puesto en marcha instalaciones con capacidad inicial para alrededor de 1.500 personas.
La situación plantea ahora una doble vía de actuación. Por un lado, España debe gestionar los retornos de quienes permanezcan irregularmente en Ceuta, en coordinación con Marruecos y dentro de las garantías exigidas por la normativa europea. Por otro, las administraciones españolas preparan mecanismos de redistribución y acogida para los menores que permanezcan bajo protección española. Bruselas ha dejado claro que el retorno de menores no acompañados es jurídicamente posible, pero condicionado a que se respeten sus derechos y se garantice su protección efectiva en el país de destino.
El contraste entre ambas actuaciones convierte la protección de los menores migrantes en uno de los principales puntos de debate de la crisis de Ceuta. Las organizaciones especializadas en infancia y migración han reclamado que cualquier decisión se adopte de manera individualizada y atendiendo a las circunstancias personales de cada menor. También han advertido de la especial vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, particularmente ante posibles situaciones de violencia, explotación o trata.
El Gobierno, por su parte, afronta el reto de conciliar las exigencias derivadas de la gestión migratoria con las obligaciones de protección de la infancia. La Comisión Europea ha ofrecido apoyo a España mediante instrumentos europeos y agencias como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, además de financiación comunitaria, aunque corresponde al Ejecutivo español solicitar formalmente esos recursos.
La evolución de las próximas semanas será determinante para saber qué menores serán finalmente retornados a Marruecos y cuáles permanecerán en el sistema español de protección. El aval político de Bruselas no equivale a una autorización automática para devolver a todos los menores, sino que confirma que el Derecho europeo contempla el retorno bajo determinadas condiciones.
Paralelamente, el Gobierno español prepara una operación de traslado a la Península que evidencia que la respuesta a la crisis no será uniforme y que deberá combinar retornos, acogida y redistribución territorial en función de las circunstancias de cada persona menor de edad.
