El endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento de las órdenes de expulsión dentro de la Unión Europea marcaron el segundo trimestre de 2025, según los últimos datos publicados por Eurostat. El organismo estadístico europeo refleja un aumento significativo tanto en el número de ciudadanos extracomunitarios obligados a abandonar territorio comunitario como en las devoluciones efectivas a terceros países, en un contexto de creciente presión política sobre la gestión migratoria, el control fronterizo y la seguridad interior en varios Estados miembros.
De acuerdo con el informe, durante el segundo trimestre de 2025 un total de 116.495 ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea recibieron órdenes para abandonar algún país comunitario, mientras que 28.355 personas fueron efectivamente retornadas a terceros países tras recibir una orden de salida.
Los datos muestran que la política de retornos sigue consolidándose como uno de los ejes prioritarios de la estrategia migratoria europea, especialmente tras el endurecimiento de las posiciones políticas en numerosos gobiernos europeos y el auge del debate sobre inmigración irregular.
El estudio revela además que las órdenes de expulsión aumentaron un 3,6% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que las devoluciones efectivas crecieron aún más, con una subida del 12,7% en comparación con el segundo trimestre del año anterior. Este incremento de las repatriaciones efectivas es especialmente relevante porque históricamente uno de los grandes problemas de la política migratoria europea ha sido precisamente la dificultad para ejecutar las expulsiones dictadas por las autoridades nacionales. Bruselas y numerosos gobiernos europeos llevan años reclamando acuerdos bilaterales más eficaces con países de origen y tránsito para agilizar los retornos.
Sin embargo, los datos también muestran una ligera desaceleración respecto al trimestre inmediatamente anterior. En comparación con el primer trimestre de 2025, el número de órdenes de salida hacia terceros países descendió un 6,3%, mientras que las devoluciones efectivas disminuyeron un 0,8%. Los expertos interpretan estas oscilaciones como parte de la dinámica habitual de los flujos migratorios, influenciados por factores estacionales, tensiones geopolíticas, rutas marítimas y decisiones administrativas de los distintos Estados miembros.
El informe de Eurostat permite además identificar cuáles son las principales nacionalidades afectadas por las órdenes de expulsión dentro de la Unión Europea. Los ciudadanos argelinos encabezaron la lista durante el segundo trimestre de 2025, con 9.805 personas obligadas a abandonar territorio europeo. Les siguieron los ciudadanos marroquíes, con 7.085 órdenes de salida, y los ciudadanos turcos, con 6.310. La presencia predominante de ciudadanos del norte de África y de Turquía refleja la importancia estratégica de las rutas mediterráneas y balcánicas en los movimientos migratorios hacia Europa.
En cuanto a las devoluciones efectivas a terceros países, el informe muestra diferencias significativas respecto a las nacionalidades más afectadas. Los ciudadanos georgianos fueron el grupo con mayor número de retornos ejecutados, con 2.460 personas devueltas a su país de origen, seguidos de ciudadanos turcos, con 2.020 retornos, y albaneses, con 1.945. Esta diferencia entre órdenes de salida y expulsiones efectivamente ejecutadas pone de relieve la distinta cooperación existente entre la Unión Europea y determinados países para aceptar repatriaciones.
Francia aparece como el país europeo que más órdenes de expulsión emitió durante el segundo trimestre de 2025, con 34.760 ciudadanos extracomunitarios obligados a abandonar el país. España ocupa la segunda posición, con 14.545 órdenes de salida, seguida muy de cerca por Alemania, con 14.095.
Los datos sitúan a España entre los principales escenarios de presión migratoria de la Unión Europea, especialmente debido a su posición geográfica como frontera sur del continente y puerta de entrada desde África.
El caso español adquiere especial relevancia por el aumento constante de llegadas irregulares a través de Canarias, el Mediterráneo occidental y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En los últimos años, el Gobierno español ha reforzado la cooperación policial y diplomática con Marruecos, Mauritania, Senegal y otros países africanos para contener las salidas y facilitar las repatriaciones.
La política de retornos se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles del debate político nacional, enfrentando las demandas de mayor control fronterizo con las críticas de organizaciones humanitarias y asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
Francia, por su parte, continúa liderando tanto las órdenes de expulsión como el número total de devoluciones efectivas. El país registró 3.685 retornos a terceros países durante el segundo trimestre de 2025, seguido por Alemania con 3.445 y Suecia con 2.865. Estas cifras reflejan cómo algunos países del norte y centro de Europa han intensificado notablemente sus mecanismos de control migratorio ante el crecimiento de partidos políticos antiinmigración y el endurecimiento del debate público sobre asilo y seguridad.
La situación migratoria se ha convertido en una de las cuestiones más delicadas para las instituciones europeas. La Comisión Europea impulsa desde hace años un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo destinado a armonizar las políticas de acogida, expulsión y control de fronteras entre los Estados miembros. Sin embargo, persisten profundas divisiones internas entre países mediterráneos, que reclaman más solidaridad europea, y gobiernos del centro y este del continente, partidarios de reforzar las devoluciones y endurecer las medidas de control.
Diversas organizaciones internacionales y ONG especializadas en derechos humanos han advertido además sobre los riesgos asociados a las políticas de retorno acelerado. Entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado en reiteradas ocasiones posibles vulneraciones de derechos fundamentales en determinados procesos de expulsión, especialmente cuando afectan a solicitantes de asilo, menores o personas procedentes de países en conflicto.
Pese a las críticas, numerosos gobiernos europeos consideran que el aumento de las expulsiones y retornos es imprescindible para mantener la credibilidad de los sistemas migratorios y contener el crecimiento de las redes de tráfico de personas. El incremento del 12,7% en las devoluciones efectivas durante el segundo trimestre de 2025 muestra precisamente el esfuerzo de muchos Estados miembros por reforzar la ejecución práctica de las órdenes de salida, uno de los principales objetivos marcados por Bruselas en materia migratoria.
Los datos de Eurostat reflejan, en definitiva, una Unión Europea cada vez más centrada en reforzar los mecanismos de control migratorio y retorno de ciudadanos extracomunitarios en situación irregular. La evolución de estas cifras durante los próximos trimestres servirá para medir el impacto real de las nuevas políticas comunitarias, así como la capacidad de los Estados miembros para equilibrar seguridad fronteriza, cooperación internacional y respeto a los derechos humanos en uno de los grandes desafíos políticos y sociales del continente europeo.
