El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha alertado este martes a la UE de la “amenaza específica” de los incendios de sexta generación, “que deben merecer una especial atención” en las políticas preventivas de protección civil comunitarias. “Necesitamos contar con más medios, más formación y mayor coordinación en su prevención y extinción”, ha afirmado durante el Consejo informal de Ministros del Interior celebrado en Copenhague (Dinamarca).
El ministro ha expresado esta preocupación durante el debate dedicado a la nueva Estrategia de Preparación de la Unión Europea y a la mejora de la eficacia de las políticas de protección civil. Grande-Marlaska ha destacado la importancia del trabajo desarrollado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil y ha pedido que el centro de Coordinación de Respuesta de Emergencias de la UE refuerce sus capacidades y se dote “de más recursos materiales, humanos y financieros” para la prevención y la respuesta.
Los incendios de sexta generación son fuegos forestales de una magnitud y complejidad sin precedentes, caracterizados por su extrema intensidad, comportamiento impredecible y capacidad para alterar su propio entorno. Se originan en condiciones de cambio climático severo, como sequías prolongadas, olas de calor extremas y fuertes vientos, y afectan áreas extensas con una velocidad de propagación muy alta.
Estos incendios generan columnas convectivas tan potentes que pueden crear su propio clima, con tormentas de fuego (piretécnicas) que dificultan cualquier intento de extinción convencional. Pueden incluso provocar rayos que originen nuevos focos de incendio, lo que los convierte en fenómenos casi imposibles de controlar.
Además del daño ecológico y material, los incendios de sexta generación ponen en grave riesgo a las poblaciones humanas, ya que afectan zonas urbanas y rurales de forma simultánea, obligando a evacuaciones masivas. Su comportamiento errático, a menudo no predecible por modelos tradicionales, desafía la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.
Se han registrado sobre todo en países como Australia, Estados Unidos, Canadá y, más recientemente, en el sur de Europa, incluidos casos graves en España y Grecia. La comunidad científica y los cuerpos de protección civil coinciden en que representan una nueva era del riesgo forestal, asociada directamente al calentamiento global y a la transformación de los ecosistemas.
En el ámbito migratorio, Grande-Marlaska defiende la política española de cooperación con los países de origen y tránsito, “mediante la profundización de los partenariados conjuntos”, una vía que ha logrado reducir la migración irregular en los últimos meses. “Hemos conseguido un descenso del 42 por ciento de las llegadas a Canarias en el primer semestre de 2023”, explica.
El ministro plantea las dudas de España sobre la puesta en marcha de nuevos proyectos piloto en el ámbito migratorio y exige que su funcionamiento esté siempre avalado por “un marco jurídico, respetuoso con los Derechos Fundamentales, y un marco financiero que los respalde”. Grande-Marlaska muestra también “serias reticencias políticas, jurídicas, económicas y de sostenibilidad”, sobre los centros de retorno. “Además, no creemos que sea un factor que haya demostrado ser determinante para lograr una respuesta más favorable”, ha añadido.
En el ámbito del retorno, Grande-Marlaska se muestra partidario de culminar la aplicación del pacto migratorio europeo, que ya contempla un procedimiento específico en frontera, apoya la creación de una orden europea de retorno y aboga por reforzar la dimensión externa como medida más eficaz. “Debemos priorizar una cooperación basada en el diálogo político permanente y en la prevención de las salidas irregulares”, aclara.
Segunda Reunión Ministerial de la Alianza Europea de Puertos
Con anterioridad, Grande-Marlaska asistió este lunes a la Segunda Reunión Ministerial de la Alianza Europeo de Puertos, que se celebró en el Museo Marítimo de Helsingor (Dinamarca). Esta iniciativa, lanzada por la Comisión Europea, nació en enero de 2024 con el objetivo de reforzar la resiliencia de los puertos europeos frente al crimen organizado, especialmente en el tráfico de drogas.
En la reunión intervino también el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, Javier Marín, que insistió en la importancia de estrechar lazos con Hispanoamérica en la lucha contra el narcotráfico en el ámbito aeroportuario y señaló como ejemplo de cooperación el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), ubicado en Lisboa, integrado por nueve países europeos, además de Colombia, Brasil y Estados Unidos.
Entre otras medidas para reforzar la seguridad en los puertos, Marín destacó el modelo de seguridad aeroportuario, “con controles consistentes y aceptados internacionalmente”, y abogó por la armonización de las medidas, con la aplicación de “estándares globales de seguridad” que eviten el riesgo del desplazamiento de la actividad criminal”.
El director del CITCO se refirió también al Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar como un ejemplo de lucha contra el narcotráfico en el ámbito portuario y constató la eficacia de la prohibición española de las lanchas rápidas, una medida que recomendó extender al espacio comunitario.
