Italia, Irlanda del Norte, Escocia y varios países europeos han registrado en los últimos días amenazas de bomba que han provocado evacuaciones, desvíos de aviones y activaciones de los protocolos de seguridad. Las alertas, remitidas principalmente por correo electrónico, han afectado a miles de centros educativos, decenas de vuelos comerciales y varias redacciones de televisión. Hasta el momento, las inspecciones realizadas no han encontrado explosivos y las autoridades no han identificado públicamente a los responsables.
La última oleada se ha producido este miércoles 11, cuando miles de centros educativos italianos recibieron mensajes que advertían de la supuesta presencia de artefactos explosivos. Según el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, al menos 6.300 de los 7.400 institutos públicos del país se vieron afectados por las comunicaciones. Numerosos colegios evacuaron a alumnos y trabajadores como medida preventiva, mientras las fuerzas de seguridad inspeccionaban las instalaciones.
Las amenazas también llegaron a centros educativos de Irlanda del Norte y Escocia. En estos territorios, las autoridades educativas recomendaron mantener la actividad escolar al considerar que los mensajes no representaban una amenaza creíble. En Italia, las comunicaciones provocaron preocupación entre las familias y la suspensión temporal de las clases en distintos centros.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que las comprobaciones realizadas no habían detectado indicios de un peligro concreto. «Hasta el momento, a partir de los controles realizados, no emerge ningún elemento que indique la existencia de un peligro concreto», manifestó en un mensaje difundido en redes sociales. Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, consideró que estas actuaciones parecen dirigidas a «difundir miedo y crear ansiedad», aunque advirtió de que no necesariamente tienen que proceder de un Estado o de una organización extranjera.
Decenas de vuelos afectados en al menos 16 países
La actual situación se produce después de una sucesión de falsas amenazas contra la aviación comercial europea. Entre el 2 y el 6 de noviembre, al menos 35 vuelos con destino a distintas ciudades europeas recibieron alertas de bomba, según el recuento difundido por Reuters. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) señaló que los incidentes habían afectado a 16 países, ya fuera como origen, destino o lugar de aterrizaje no previsto.
La jornada del 5 de noviembre concentró buena parte de los incidentes, con al menos 27 aviones afectados. Las amenazas obligaron a desviar aeronaves, realizar aterrizajes no programados, desplegar cazas militares y activar registros de seguridad en aeropuertos de países como España, Francia, Italia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Rumanía, Dinamarca y Austria.
Uno de los episodios más destacados fue el de un Airbus A320 de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma. El avión fue desviado a la base aérea francesa de Évreux y escoltado por cazas después de que las autoridades activaran el protocolo de emergencia. Los equipos especializados inspeccionaron el aparato y no encontraron ningún explosivo.
También se registraron alertas en vuelos de compañías como Ryanair, Wizz Air, Air Europa, Iberia, Finnair, LOT y Air Serbia. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, varios aviones tuvieron que regresar a sus posiciones de estacionamiento o ser inspeccionados después de recibirse correos electrónicos que advertían de la presencia de explosivos. La Guardia Civil descartó finalmente la existencia de peligro en los aparatos revisados.
Las amenazas llegan también a las televisiones
La campaña de avisos no se limitó a los centros educativos y a los aeropuertos. El pasado 6 de noviembre, varias redacciones de medios de comunicación europeos recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba. Entre los afectados figuraron la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ, la británica Sky News y la búlgara Nova TV, cuyas instalaciones fueron evacuadas mientras se realizaban las comprobaciones correspondientes.
Las autoridades irlandesas consideraron que los distintos episodios podían formar parte de una campaña coordinada, aunque no se había acreditado quién estaba detrás de los mensajes. Algunas comunicaciones aparecieron firmadas con el nombre de «Mikhail Andropov» y hacían referencia a supuestos grupos radicales, elementos que los investigadores también deben analizar para determinar si se trata de pistas auténticas o de intentos de desviar la atención sobre los autores.
La coincidencia temporal de las amenazas contra aviones, televisiones y centros educativos ha incrementado la preocupación por una posible estrategia de desestabilización mediante acciones de bajo coste y gran repercusión pública. Sin embargo, los expertos consultados por distintos medios han advertido de que la repetición de un mismo patrón no basta para atribuir los ataques a una organización o a un Estado.
La hipótesis de una campaña híbrida y la autoría aún desconocida
La sucesión de incidentes ha reabierto el debate sobre las amenazas híbridas contra infraestructuras y servicios esenciales en Europa. Las falsas alertas coinciden además con otros episodios de ciberataques que han afectado a sistemas informáticos de supermercados y bancos de sangre, entre otros servicios.
Algunos responsables y especialistas europeos, como Vicente de la Cruz, CEO de Delta13Sec, han apuntado a la posibilidad de que estos episodios formen parte de una campaña más amplia de perturbación y desgaste de la confianza pública. De la Cruz advierte al respecto que, con toda probabilidad, se trata de «una campaña de guerra híbrida con un objetivo de desestabilización que, cuando desde los medios le damos importancia, lo que hacemos es contribuir a lo que buscan precisamente los que quieren desestabilizar».
Rusia ha sido señalada en anteriores ocasiones por distintos gobiernos europeos por actividades de sabotaje e interferencia, mientras que también han surgido acusaciones relacionadas con Irán en otros incidentes cibernéticos. Ambos países han rechazado las imputaciones que se les han atribuido. No existe, por ahora, una prueba pública que permita responsabilizar a alguno de ellos de esta oleada de amenazas.
La investigación técnica presenta importantes dificultades. Los investigadores deben determinar quién creó las cuentas de correo electrónico utilizadas, quién las controlaba cuando se enviaron los mensajes y si hubo intermediarios o sistemas automatizados. La utilización de identidades falsas y servicios digitales puede complicar la atribución de los avisos.
El precedente de las amenazas enviadas en septiembre de 2024 contra miles de colegios de República Checa, Eslovaquia y Letonia muestra que estos procedimientos pueden prolongarse durante meses. En aquel caso, el presunto responsable fue detenido en Ucrania en julio de 2025, tras una investigación coordinada por autoridades europeas.
Un impacto que va más allá de las falsas alarmas
Aunque las inspecciones realizadas hasta ahora no han localizado explosivos, las consecuencias operativas y sociales son significativas. Cada aviso obliga a activar protocolos de seguridad, movilizar a policías y especialistas en desactivación de explosivos, evacuar edificios o modificar operaciones aéreas.
En el transporte aéreo, los desvíos y aterrizajes no programados generan costes para las compañías, retrasos y alteraciones en las conexiones de los pasajeros. En los colegios, las evacuaciones afectan a las clases y provocan inquietud entre las familias. En las televisiones y otros medios, la interrupción de la actividad evidencia la capacidad de estas comunicaciones para alterar el funcionamiento de instituciones civiles.
El principal desafío para las autoridades europeas consiste ahora en identificar a los autores y establecer si existe una conexión real entre los distintos episodios. Mientras tanto, los cuerpos policiales mantienen los protocolos de comprobación ante cada nueva amenaza, incluso cuando los primeros indicios apuntan a que se trata de falsas alarmas.
