El año 2024 ha sido uno de los más complejos para la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), según se desprende del Informe Anual de la Oficina de Derechos Fundamentales, publicado en julio de 2025 bajo la dirección de Jonas Grimheden. El documento, que constituye la radiografía más detallada hasta la fecha del quehacer de Frontex en materia de derechos fundamentales, llega en un contexto dominado por guerras, desplazamientos masivos, crisis climáticas y una presión política creciente sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea.
A lo largo de 2024, los monitores de la Oficina de Derechos Fundamentales dedicaron cerca de 1.850 días sobre el terreno, desplegados en 24 países, con especial presencia en puntos calientes como Grecia, Italia, España, Bulgaria, Serbia y varias fronteras orientales y balcánicas. El informe celebra avances en el acceso de los monitores a las áreas de operaciones y documentos relevantes, esenciales para garantizar la transparencia, aunque también denuncia restricciones que persistieron en países como Eslovaquia, Italia y Serbia, donde en ocasiones se negoció el acceso a patrullas y operaciones de especial relevancia.
Uno de los focos principales ha sido la denuncia de expulsiones colectivas (pushbacks) y el trato degradante a migrantes en países como Bulgaria, Grecia y Serbia, muchas veces documentados con pruebas sólidas y, en casos señalados, corroborados por sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas prácticas, proscritas por la legislación europea y los convenios internacionales, suponen un grave quebranto a los derechos fundamentales y ponen en riesgo la legitimidad y el mandato humanitario de Frontex.
El informe destaca que, aunque se han producido mejoras, como el fin de ciertas devoluciones informales en Macedonia del Norte y la adopción de planos correctivos en Grecia, la persistencia de denuncias indica que las soluciones, cuando existen, son aún insuficientes o parciales. Se señala especialmente que la colaboración de Frontex con las autoridades nacionales es en ocasiones instrumentalizada para evitar la presencia de observadores en zonas donde existe mayor riesgo de violaciones, así como la opacidad en los informes que rinden las fuerzas locales.
Gestión migratoria y trato a colectivos vulnerables: entre la norma y la práctica
El informe pasa revista al desempeño de Frontex y de las autoridades nacionales en desembarcos, identificación, filiación y gestión de migrantes, subrayando la urgencia de contar con protocolos claros y salvaguardias firmes para evitar abusos. Si bien en la mayoría de los casos la toma de huellas dactilares y los interrogatorios han sido respetuosos con los derechos básicos, persisten lagunas en la información proporcionada, problemas de privacidad en entrevistas y carencias en la acreditación de la minoría de edad o la condición de especial vulnerabilidad de algunas personas, lo que puede traducirse en dramáticos efectos sobre su protección.
En este sentido, se advierte de la insuficiente identificación de víctimas de trata o de ciertas vulnerabilidades invisibles, y del acceso desigual a la información sobre el derecho de asilo en los diferentes puertos de entrada o centros de recepción. También se exponen dificultades en la separación y atención adecuada de menores no acompañados, sobre todo en puntos de saturación como las Islas Canarias, Sicilia, o algunos centros de acogida en Bulgaria y Serbia.
La supervisión de las actividades de retorno, particularmente las deportaciones en vuelos chárter, ocupa otro capítulo central. Frontex participó en la organización de 288 operaciones, y la Oficina de Derechos Fundamentales monitoreó explícitamente 45 de ellas, además de misiones de evaluación sobre reintegración en países terceros. Se destaca que, aunque la mayoría de las operaciones se desarrollan conforme a las normas, persisten recomendaciones sobre la minimización del uso de medidas coercitivas, la necesidad de garantizar la información y las vías de denuncia para los retornados, y la importancia de la formación en derechos humanos de los agentes implicados.
Asimismo, la Oficina insiste en que los estados miembros deben cooperar plenamente con los mecanismos de quejas y cumplir las recomendaciones tanto de Frontex como de la Defensoría del Pueblo Europeo, especialmente respecto a la identificación plena de todos los agentes involucrados en las operaciones.
Un aspecto crucial en 2024 ha sido el seguimiento de denuncias y reportes de incidentes graves. Se destaca que de los 173 incidentes reportados, solo 56 derivaron en investigaciones formales. Más de la mitad de los casos finalizados concluyeron que hubo, probablemente, violaciones de derechos fundamentales, y en al menos una cuarta parte se verificó al menos una violación fehaciente, generalmente atribuible a las autoridades nacionales más que al personal directo de Frontex. Sin embargo, la Oficina advierte de la infrarreportación endémica, motivada tanto por la falta de formación como por el temor a represalias, y pide reforzar la protección a los denunciantes.
Las quejas formales aumentaron hasta 84 en 2024, pero solo una fue considerada admisible tras un estricto filtro de pertinencia, lo que sugiere margen de mejora en el acceso efectivo a la justicia para los afectados.
El futuro bajo el Nuevo Pacto de Migración
En vista de la inminente aplicación del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el informe pone el acento en la cooperación entre Frontex, las autoridades nacionales, los organismos europeos e internacionales y la sociedad civil para garantizar la independencia y eficacia de los nuevos mecanismos nacionales de monitoreo de derechos.
Así mismo, aplaude la progresiva profesionalización de la asesoría prestada a los equipos operativos, la creciente aportación de buenas prácticas y la mayor presencia de formación en derechos fundamentales –con 496 días de formación presencial y horas de sesiones online impartidas– tanto al personal de la propia agencia como a autoridades de terceros países.
El Consejo Consultivo de Derechos Fundamentales, la red de puntos focales y la colaboración con organismos como la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) y ACNUR son destacados como pilares en esta estrategia de refuerzo de la cultura de legalidad y prevención del abuso.
Finalmente, el Informe destaca como prioridades para el futuro la adaptación de la estructura de la Oficina de Derechos Fundamentales al crecimiento de Frontex, la evaluación de riesgo e impacto de sus operaciones con enfoques más ágiles y basados en evidencia, y el refuerzo de la interacción con instituciones europeas y nacionales en los mecanismos de rendición de cuentas. Se pone especial énfasis en el seguimiento de los compromisos asumidos en el nuevo marco jurídico europeo y en la expansión de mecanismos independientes de vigilancia en los Estados miembros.
Creo que es de interés. En España existen dos personas migrantes que relataron su viaje a Europa, historias que son necesarias leer, para visualizar el trato y los DDHH que son vulnerados a estas personas por terceros países:
Ousman Umar, llego a Canarias y posteriormente se asento en Barcelona escribió: Viaje al País de los Blancos.
Ibrahim Bah, cruzo el Estrecho de Gibraltar y se asento en Algeciras, escribió: Tres días en la arena.