Gobernanza criminal: cómo el narco ya no mata, sino que gobierna Hispanoamérica

Un diagnóstico incómodo

Hispanoamérica y el Caribe se han convertido en el epicentro mundial de los mercados ilícitos, con apenas un 9% de la población global y cerca de un tercio de los homicidios del planeta, de los que alrededor del 40% se vinculan directamente a organizaciones criminales y pandillas. No se trata solo de más violencia, sino de una mutación mucho más profunda: del “narco” clásico al ecosistema de múltiples mercados ilegales (drogas, minería, trata, extorsión, cibercrimen, contrabando, tráfico de armas) que se entrelazan con economías informales, estados frágiles y democracias erosionadas.

El documento de Lucía Dammert y Carolina Sampó, “What do we know about organized crime in Latin América and the Caribbean” elaborado como base de estudio para el PNUD, obliga a abandonar los atajos conceptuales cómodos: el crimen organizado ya no puede entenderse solo como cárteles verticales que mueven cocaína, sino como redes adaptativas que gestionan territorios, regulan la vida cotidiana y negocian de tú a tú con élites políticas locales, en un régimen de gobernanza híbrida.

De la “guerra contra las drogas” al ecosistema de mercados ilícitos

El informe constata el fracaso estratégico de décadas de políticas centradas casi en exclusiva en la cocaína, mientras la producción alcanza máximos históricos (2.700 toneladas estimadas en 2022) y se abren nuevos mercados en Asia, Oriente Medio y Europa. La coca sigue concentrada principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, pero la cadena de valor se ha fragmentado: grandes estructuras como PCC, el cártel de Sinaloa o el CJNG externalizan tramos a redes locales, diversifican sus actividades e incorporan la violencia como herramienta de gestión de mercados y no solo como subproducto.

Tres desplazamientos son especialmente relevantes desde una óptica de seguridad e inteligencia:

• Del monocultivo de la droga a un portafolio criminal diversificado: minería aurífera ilegal, tala masiva, pesca INDNR, contrabando “normalizado” (cigarrillos, textiles, combustibles), tráfico de armas, cibercrimen financiero y extorsión sistemática.
• Del corredor a la plaza integral: países antes “de tránsito” (Caribe, Cono Sur, Costa Rica, Uruguay, Chile) son hoy nodos donde convergen las rutas, el consumo emergente y los servicios financieros y logísticos al servicio del crimen.
• De la estructura jerárquica al sistema complejo: mafias, cárteles, clanes familiares, maras y mega-pandillas coexisten con redes horizontales y franquicias criminales (Tren de Aragua, CJNG), que combinan marca, subcontratación local y capacidad de proyección transnacional.

La consecuencia es un entorno operativo mucho más difícil de desarticular con los instrumentos clásicos de “decapitación” y represión puntual. La eliminación de líderes ya no desorganiza de forma significativa el negocio criminal, este ha aprendido a absorber golpes y recomponerse.

Gobernanza criminal: ni “estados paralelos” ni mera delincuencia común

Una de las aportaciones más sólidas del documento es la clarificación del concepto de “gobernanza criminal”. No se trata de un estado paralelo que aspire a sustituir al oficial, sino de la capacidad de una organización para gestionar interacciones sociales, económicas y políticas en un territorio, normalmente en connivencia (explícita o tácita) con segmentos del propio estado.

Esa gobernanza se articula en tres vectores:

• Provisión de servicios: seguridad, resolución de conflictos, agua y electricidad informales, ayudas económicas, alimentos o empleo en comunidades donde el Estado está ausente o es ineficaz (favelas de Río, “garrisons” de Kingston, barrios bajo control de Sinaloa, zonas de Trinidad y Tobago).
• Control social y normativo: regulación de quién entra y sale del barrio, imposición de códigos de conducta, “toques de queda”, justicia sumaria y gestión del miedo como herramienta de disciplina comunitaria.
• Interfaz político-criminal: capacidad para movilizar el voto, financiar campañas, condicionar contrataciones públicas, mediar con autoridades municipales y regionales y convertirse en socio informal de proyectos políticos, como se observa en México, Colombia, Haití o Jamaica.

Esta lógica desborda el enfoque de “seguridad pública” y se instala de lleno en el terreno de la calidad democrática y del desarrollo humano: cuando la supervivencia cotidiana depende más del don, del jefe de clan o del mando del PCC que del alcalde o del comisario, la ciudadanía aprende a “votar con el miedo” y a negociar sus derechos con intermediarios armados.

Mercados humanos: migración, trata y extorsión como motores económicos

Otro giro relevante del análisis es el peso creciente de los mercados centrados en las personas. El informe subraya que, para muchas organizaciones, la trata de seres humanos y la extorsión generan hoy retornos equivalentes o superiores al narcotráfico clásico.

• Tráfico ilícito y trata de personas: el corredor histórico hacia Estados Unidos se ha complicado con el control criminal del Tapón del Darién y, en paralelo, con un flujo masivo de venezolanos hacia el sur (Colombia, Perú, Chile), explotado por redes de paso y por estructuras como el Tren de Aragua. La línea entre “coyote” y tratante se difumina cuando la deuda se convierte en herramienta de esclavitud sexual o laboral.
• Extorsión como “impuesto criminal”: maras en el Triángulo Norte, Tren de Aragua, PCC en prisiones brasileñas y una gran cantidad de grupos locales han convertido el cobro de “renta” en la columna vertebral de su financiación y de su control social. Se paga por vivir, circular, trabajar, abrir un negocio o, simplemente, no ser asesinado.
• Mercados extractivos y comunidades vulnerables: la minería y tala ilegales no solo enriquecen a redes armadas; destruyen ecosistemas, desplazan a comunidades indígenas y multiplican los ataques a defensores ambientales (el 88% de los asesinatos de defensores en 2022 se concentró en América Latina), generando una espiral de violencia con rostro muy concreto: campesinos, mujeres rurales, líderes comunitarios.

Desde la óptica de la seguridad nacional y de la no proliferación, este desplazamiento hacia mercados humanos y extractivos implica una transferencia silenciosa de poder: quien controla la movilidad, la tierra, el oro y el miedo, controla el futuro político de territorios enteros.

Democracia sitiada: del clientelismo armado al régimen híbrido

El trabajo culmina con una advertencia que va más allá del registro criminológico: el crimen organizado se ha convertido en uno de los principales vectores de riesgo para la democracia en Hispanoamérica y el Caribe. No solo corrompe a policías o jueces; moldea campañas, financia candidaturas, intimida opositores y arbitra el acceso a derechos básicos en barrios y comarcas enteras.

Sobre esa base, las autoras describen una deriva hacia regímenes híbridos, en los que actores violentos no estatales cogobiernan con segmentos del aparato público, compartiendo beneficios de mercados ilícitos y usando la violencia como recurso político. México, ciertas regiones de Colombia, Haití o partes de Centroamérica son ejemplos paradigmáticos de esta hibridación.

Las recomendaciones que proponen (reforma de la financiación política, marcos de seguridad para proteger procesos electorales, inversión sostenida en desarrollo territorial, educación cívica y cooperación internacional centrada en seguir el dinero) son necesarias, pero solo serán eficaces si se asume algo políticamente incómodo: el problema ya no es “erradicar cárteles”, sino disputar a las organizaciones criminales su capacidad de ofrecer orden, servicios y horizonte de futuro allí donde el estado se ha retirado o ha sido capturado.

Desde una perspectiva de inteligencia estratégica, el informe dibuja un mapa claro: Hispanoamérica y el Caribe no sufren solo una crisis de seguridad, sino una pugna lenta pero sostenida por la soberanía efectiva sobre territorios, poblaciones y recursos. Ignorar que esa pugna se libra hoy (calle a calle, puerto a puerto, campaña electoral a campaña electoral) es dejar el terreno libre para que la gobernanza criminal termine normalizándose como la “nueva normalidad” hispanoamericana.