En esta recta final de año, una inquietud recorre silenciosamente los pasillos diplomáticos del continente americano, Estados Unidos ha preparado una operación militar a gran escala contra los carteles mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales, incluidas bandas venezolanas. Hasta tiene nombre: ‘Lanza del Sur‘.
Este hecho, que hasta hace poco parecía inverosímil por sus implicaciones políticas y estratégicas, empieza a tomar forma después de que el presidente Donald Trump comunicara al Congreso que considera que el país está inmerso en un “conflicto armado” contra los carteles y que estos grupos han pasado a ser clasificados como organizaciones terroristas extranjeras.
El documento War Against the Cartels: Prospects and Perils for the Trump Administration’s Military-Led Campaign, elaborado por los expertos Colin P. Clarke y Ben Connable, advierte que el giro hacia una estrategia de combate militar directo representa un quiebro histórico en la política estadounidense frente al narcotráfico. Hasta ahora, la lucha contra las redes criminales transnacionales había estado dominada por cuerpos policiales, cooperación internacional y operaciones de inteligencia. La Casa Blanca, sin embargo, parece decidida a sustituir esa tradición por una ofensiva de corte militar.
Un cambio de paradigma: del modelo policial a la lógica militar
Desde los años ochenta, la columna vertebral de las políticas de Estados Unidos contra las redes criminales transnacionales había sido el enfoque policial, respaldado por marcos legales como el Acta RICO o acuerdos internacionales como la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado. Incluso durante la primera presidencia de Trump, la orden ejecutiva 13773 mantenía explícitamente a las agencias policiales al frente de la lucha contra las organizaciones criminales.
Sin embargo, al asumir su nuevo mandato en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que declara a los carteles como terroristas, habilitando el uso ampliado de fuerza letal y herramientas típicas del contraterrorismo. Esta clasificación, argumentan los autores del informe, abre la puerta a operaciones militares directas, revirtiendo años de práctica institucional y eliminando las limitaciones que tradicionalmente frenaban la intervención militar dentro y fuera del territorio estadounidense.
Las señales de una campaña militar ya en marcha
A lo largo de 2025 se han acumulado indicios de una campaña militar progresiva en el Caribe y México. El informe detalla acumulaciones navales, despliegues de tropas en la frontera sur y operaciones aéreas que ya han causado muertes en presuntos traficantes venezolanos. Entre las acciones ya confirmadas destacan:
- Despliegues de miles de soldados adicionales en la frontera con México.
- Fragatas, drones y cazas de última generación patrullando el Caribe.
- Ataques con drones contra embarcaciones venezolanas vinculadas al Tren de Aragua.
- Autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.
“Tenemos activos en el aire, en el agua y en los barcos… y esto no terminará con un solo ataque”, llegó a declarar el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, una frase que da cuenta del tono beligerante de la administración.
México: el escenario más difícil
El análisis del documento subraya que cualquier intervención militar en México estaría plagada de riesgos y dificultades. Los carteles llevan décadas adaptándose a la presión militar y policial. Sus centros de mando, laboratorios y rutas de distribución están estratégicamente distribuidos entre zonas rurales inaccesibles y centros urbanos densamente poblados.
El informe explica que un operativo aéreo no sería suficiente para destruir sus redes ni para interrumpir de forma sostenida el tráfico de drogas, lo que plantearía casi inevitablemente la necesidad de incursiones terrestres. Pero cualquier presencia de tropas estadounidenses en territorio mexicano podría provocar:
- Crisis diplomáticas severas.
- Violencia contra la población civil.
- Reacciones nacionalistas en México.
- Un conflicto largo y de desgaste.
El documento recuerda los precedentes: Afganistán, Vietnam, Irak. Todos casos donde incursiones “limitadas” degeneraron en guerras prolongadas e imposibles de resolver solo con fuerza militar.
Venezuela: riesgo de guerra abierta y cambio de régimen
En Venezuela, el escenario es todavía más volátil. Nicolás Maduro no podría interpretar un ataque militar estadounidense como una acción aislada contra los carteles, sino como una amenaza directa a su permanencia en el poder. Según los autores, cualquier incursión podría escalar rápidamente hacia una operación de cambio de régimen, que obligaría a Estados Unidos a controlar territorio, reconstruir instituciones y gestionar insurgencias locales, como ocurrió en Irak tras 2003.
El informe proyecta que un conflicto así podría:
- Desestabilizar aún más la región.
- Provocar un éxodo migratorio sin precedentes.
- Convertir a Venezuela en un escenario de guerra urbana e irregular.
¿Está Estados Unidos preparado para una guerra irregular?
La respuesta del informe es tajante: no.
Después de años de enfocarse en la competencia con China y Rusia, las fuerzas armadas estadounidenses han reducido su preparación en tácticas de contrainsurgencia y estabilización. Las unidades entrenadas para operaciones irregulares son limitadas y no serían suficientes para sostener una campaña prolongada.
Además, el propio entramado interagencial —CIA, FBI, DEA, Departamento de Estado— ha sufrido desgaste, recortes y fugas de talento tras dos décadas de la “guerra contra el terror”. Esto genera un riesgo mayor de fallos de inteligencia, decisiones erróneas y consecuencias inesperadas.
El peligro de la escalada horizontal: los carteles atacando dentro de Estados Unidos
Uno de los escenarios más preocupantes señalados en el documento es la posibilidad de que los carteles respondan a los ataques trasladando la violencia al interior de Estados Unidos. Estas organizaciones cuentan con redes operativas en numerosas ciudades estadounidenses y acceso a armas y explosivos.
El informe advierte que, ante una ofensiva militar, los carteles podrían:
- Atentar contra agentes de ICE o CBP.
- Atacar infraestructuras críticas.
- Cometer atentados indiscriminados en espacios públicos.
Según una alerta citada, algunos grupos criminales ya habrían ofrecido recompensas de hasta 50.000 dólares por asesinatos de agentes federales.
Consecuencias económicas, diplomáticas y sociales
Los autores destacan una larga lista de efectos secundarios negativos que podría desencadenar una guerra de este tipo:
- Disrupciones económicas en el comercio entre México y Estados Unidos.
- Aumento del precio del petróleo debido a inestabilidad en Venezuela.
- Expansión de nuevos grupos criminales dentro del vacío de poder.
- Incremento del déficit fiscal estadounidense.
- Erosión de la imagen internacional de Estados Unidos por acciones unilaterales.
Y quizá el más importante: aunque se golpeara duramente a los carteles, la demanda de drogas en Estados Unidos seguiría intacta, lo que fomentaría que nuevos grupos llenaran el vacío.
La recomendación final: evitar la guerra y reforzar el enfoque policial
Pese a reconocer el enorme daño que causan los carteles, el documento es contundente: una guerra directa provocaría más problemas de los que resolvería. Clarke y Connable recomiendan volver al marco de cooperación policial con México, fortalecer las capacidades de inteligencia, apoyar con tecnología a las fuerzas locales y actuar dentro del marco legal e internacional.
Con Venezuela, proponen operaciones multinacionales coordinadas, sin invasiones ni ataques unilaterales, al considerarlas las únicas vías que pueden contener la situación sin generar un conflicto regional.
“Actuar legal, ética y moralmente», concluyen los autores, «es tan crucial como cualquier acción militar. Hacer lo correcto, incluso cuando es complejo, es en sí mismo una forma de victoria.”
